Economía

El Banco de España estima que España necesitará casi 25 millones de inmigrantes en 2053 para trabajar

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El envejecimiento de la población se presenta como uno de los desafíos más prominentes que las principales economías mundiales deberán afrontar en los próximos años. Este desafío no solo se caracteriza por la amplitud de los cambios demográficos en curso, sino también por las múltiples implicaciones que estos conllevan. Desde el Banco de España, destacaron en la presentación de los capítulos I y II de su informe anual, que serán necesarios 24,67 millones de extranjeros en edad de trabajar en 2053 para "evitar el proceso de envejecimiento de la población y resolver los desajustes que podrían surgir en el mercado de trabajo español".

A pesar de ello, apuntan a que la capacidad de estos flujos migratorios es limitada a la hora de mitigar el envejecimiento de la población. "En particular, para que la tasa de dependencia en España se mantuviese constante a lo largo de los próximos 30 años, el tamaño del colectivo nacido en el extranjero en edad de trabajar tendría que ser tres veces mayor que el contemplado por el Instituto Nacional de Estadística (INE) en sus proyecciones de población más recientes", apuntan.

Para mantener la tasa de dependencia en 2053 en el 26,6% del valor actual, con una proyección de mayores de 66 años de 14.847.105 según el INE, sería necesario tener un grupo de personas entre 16 y 66 años de 55.897.931. Según los supuestos del INE, en 2053 habría 12.355.237 personas nacidas fuera de España entre 16 y 65 años y 18.870.103 nacidos en España. Por lo tanto, para mantener el número total de personas nacidas en España en 2053, se requeriría que hubiera 37.027.828 personas nacidas fuera de España entre 16 y 65 años.

"Es decir, en 2053 se necesitarían 24,673 millones de inmigrantes más en edad de trabajar. Esto no es una estimación del número de inmigrantes que deberían llegar a España, sino en cuanto debería haber aumentado el stock en esa fecha", explica el organismo.

Desde 2002, más de 10 millones de extranjeros han ingresado a España, lo que equivale a un promedio de medio millón de entradas por año. En el período más reciente, tras la disminución durante la pandemia, la llegada de inmigrantes ha recuperado un ritmo dinámico, alcanzando alrededor de 1,1 millones en 2022, incluso superando las cifras observadas en 2007. Esto posiciona a España como uno de los países de nuestro entorno con mayor inmigración extranjera, medida aproximadamente por la tasa de entradas de extranjeros por cada mil habitantes, incluso por encima de Alemania.

Los inmigrantes muestran tasas de participación laboral significativamente más altas que los nativos, con un 70% para los primeros y un 56,5% para los últimos en el año 2022. Según proyecciones del INE para los próximos 10 años, los flujos migratorios podrían incrementar la participación laboral en el país en 1,6 puntos porcentuales. A pesar de que la tasa de desempleo es más alta entre los extranjeros, esta brecha se ha reducido a la mitad desde la crisis financiera.

El problema es que, a nivel de formación, estos perfiles no podrán cumplir (a priori) con las vacantes de empleo más especializadas. Tomando en cuenta los datos de la última Encuesta de Población Activa (EPA) dentro del grupo de extranjeros que llevan menos de 1 año en España, aproximadamente el 80% de los que están en edad de trabajar no poseen estudios universitarios, y más del 70% trabajan en ocupaciones de baja cualificación, como servicio doméstico, construcción, comercio y hostelería.

Estos porcentajes son similares a los registrados en 2008, del 87,4% y 60,4%, respectivamente. Estas cifras contrastan con las de los nativos, donde menos del 29% trabajaba en empleos de baja cualificación en 2023. Además, entre los españoles que emigran, hay una incidencia particularmente alta de personas con estudios universitarios, representando alrededor del 60% del total en 2022.

Desde el Banco de España, destacan la necesidad de perfiles que puedan cubrir posiciones más cualificadas, y destacan dos iniciativas aprobadas en los últimos años. Por un lado, en 2022 se aprobó la reforma de la Ley de Extranjería, una medida que flexibiliza el Catálogo de Ocupaciones de Difícil Cobertura, que facilita la entrada de trabajadores desde otros países, incorpora la formación en la figura de arraigo y permite el acceso al mercado laboral de estudiantes extranjeros. Por otro lado, en los últimos años, el Gobierno ha suscrito varios acuerdos migratorios con diferentes países. Destaca entre ellos el acuerdo firmado en 2023 entre los gobiernos de Estados Unidos, Canadá, México y España, destinado a promover la migración regular desde América Central y del Sur.

Reto con las pensiones

En materia de pensiones, el envejecimiento de la población "ya está suponiendo un incremento apreciable del gasto público, tanto en pensiones como en sanidad y cuidados de larga duración; una dinámica que se intensificará en el futuro", según destaca el informe. Todo esto implica una presión adicional sobre las cuentas públicas, lo que requiere llevar a cabo sin demora un proceso de consolidación fiscal ambicioso con una perspectiva temporal de medio plazo.

"Como parte de este proceso, será necesario evaluar de manera continua y rigurosa la sostenibilidad financiera del sistema público de pensiones, toda vez que el análisis conjunto de los principales cambios normativos introducidos en el mismo desde 2021 apunta a unas mayores obligaciones de gasto a largo plazo, que no han sido plenamente compensadas por el lado de los ingresos", apunta el Banco de España.

Empezando por la evaluación que afrontará la reforma de pensiones el próximo curso. El Banco de España cita al último informe de la Comisión Europea y abre la puerta a una revisión de la cláusula de salvaguarda, la vía de escape con la que Bruselas puede obligar al Gobierno a subir las cotizaciones sociales o recortar el gasto en pensiones para evitar un desvío del gasto. "Con alta probabilidad", se necesitarán medidas adicionales para contrarrestar el aumento del gasto futuro en pensiones, explican, citando el documento de Europa.

Además, pone en duda el gran pilar del ahorro introducido por el ex ministro José Luis Escrivá: los incentivos a la jubilación demorada. Advierten que los efectos de este premio para atrasar la jubilación, reduciendo el número de años que cobra esta persona su pensión, restará el desembolso de la Seguridad Social en hasta medio punto del PIB. La Seguridad Social es más optimista en sus cálculos, confiando en que el efecto combinado del incremento de la edad de jubilación y la modalidad demorada ahorren casi el triple, 1,4 puntos del PIB.

El gasto en pensiones al sumar las prestaciones contributivas, las no contributivas y las clases pasivas, representó el 13,1% del Producto Interno Bruto (PIB) en 2023. Esto equivalió al 28,3% del gasto no financiero en Contabilidad Nacional de las Administraciones Públicas (AAPP) en ese año.

De cara al futuro, la evolución demográfica de nuestro país destaca por un notable aumento en el peso poblacional de las personas de mayor edad, lo que anticipa un incremento sustancial del gasto en pensiones en las próximas décadas. Según las proyecciones del Informe sobre Envejecimiento de la Comisión Europea, este gasto escalará en el escenario central hasta el 17,3% del PIB en 2050. Por su parte, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) estima que el gasto alcanzaría el 16,2% del PIB en dicho año. Además, se espera que el número de pensiones se incremente desde los 11,1 millones actuales hasta los 16,7 millones.

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