El fracaso del plan de impulsar la contratación en origen de trabajadores extracomunitarios con el objetivo de cubrir la falta de mano de obra, especialmente en sectores como la construcción, ha llevado al Gobierno a replantearse como eliminar unas trabas burocráticas que llevan a muchas empresas a recurrir a prácticas que bordean la picaresca para poder emplear a foráneos. Pero esto abre una compleja negociación entre dos bandos: por un lado, el que aglutina al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones de Elma Saiz y las patronales; por el otro, el del Ministerio de Trabajo y Economía Social de Yolanda Díaz con los sindicatos.
La Comisión Laboral Tripartita de Inmigración, en la que participan ambos ministerios y los interlocutores sociales ha puesto el foco en la forma en la que se elabora el Catálogo de Ocupaciones de Difícil Cobertura, un listado que señala en qué sectores faltan trabajadores y, por lo tanto, permite a la empresas ir a otros países a otros países para traer profesionales a España. Hay que tener en cuenta que este trámite solo afecta a los trabajadores extracomunitarios, ya que estos tienen la misma libertad para trabajar en España que un nacional.
Pero en la práctica, funciona más bien como una barrera administrativa para el fichaje de talento extranjero, un registro que históricamente muchas empresas se ven obligadas a 'torear' cuando necesitan contratar en otros países.
En la pasada Legislatura, el entonces ministro competente de Migraciones, José Luis Escrivá, puso el foco en la falta de mano de obra y la necesidad de traer profesionales cualificados, una tesis opuesta a la defendida por Díaz, quien aseguraba que la escasa tasa de vacantes en España (un 0,9% de puestos por cubrir sobre el total del empleo, según las estimaciones de Eurostat) no avalaba este diagnóstico y señalaba que las dificultades de encontrar profesionales se debía a las condiciones laborales de esas empresas.
Entre las medidas planteadas por Escrivá, como ajustar el Reglamento de Extranjería para este supuesto problema, se incluyó una ampliación del catálogo para incluir profesionales cualificados de la construcción que, según la patronal del sector, este afrontaba la necesidad de 700.000 puestos de trabajo en los próximos años.
El problema es que este listado es competencia de Trabajo, ya que lo publica la Dirección General del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) con la información suministrada por los servicios públicos de empleo autonómicos y previa consulta de la Comisión Laboral Tripartita de Inmigración. Díaz temía que la flexibilización provocara que la llegada de inmigrantes diera poder a las empresas para empeorar las condiciones laborales y pagar peores salarios, un temor también expresado por los sindicatos.
Tras un tira y afloja de meses, la vicepresidenta tuvo que dar su brazo a torcer y ampliar en agosto de 2023 el catálogo, a pesar del "enfado" que esto provocó entre las centrales, especialmente en UGT, cuyo líder, Pepe Álvarez, fue uno de los más beligerantes contra el plan. Eso sí, finalmente los resultados fueron más que decepcionantes: apenas 250 contrataciones. Es decir, un 0,003% de los puestos previstos por las asociaciones empresariales.
Un catálogo polémico
Díaz no ocultó su entusiasmo al revelar esta cifra hace dos meses en una comparecencia en el Congreso. Lo que no contó entonces es que este no era el fin de la historia: el Gobierno trabaja en volver a revisar ese catálogo. Pero esta vez no se trata de ampliar su contenido, sino de su forma de elaboración, a la que el ministerio que hoy dirige Elma Saiz achaca sin ambages el fracaso de su plan.
El secretario general de Migraciones, Carlos Mora, lo dejó claro en un encuentro organizado por la Asociación de Directivos de Relaciones Laborales (ADiReLab): "si el año pasado hubo 26.000 permisos de trabajo por cuenta ajena de personas contratadas en origen y solo 600 fueron en base al catálogo de ocupaciones de difícil cobertura, algo estamos haciendo mal. Muy mal".
Según explicó, la inmensa mayoría de los contratos se justificaron por un certificado expedido por los servicios de empleo autonómicos, algo que dispara la burocracia que, precisamente, la reforma del certificado pretende evitar. Además, en teoría el catálogo se compone de los puestos que las consejerías de empleo autonómicas detectan como vacantes y comunican al SEPE, con lo cual el camino elegido resulta no solo rocambolesco, sino sospechoso. Mora no precisó cuántos de estos 25.400 contratos se han producido en la construcción y cuántos en el resto de las ocupaciones señaladas por la lista que elabora el organismo dependiente de Trabajo.
Una lista diseñada para impedir la contratación
Aunque en esta lista, históricamente, se habían recogido profesiones de todo tipo, incluyendo ámbitos como la ingeniería, la tecnología, la sanidad o la educación, en la última década se ha ido restringido a solo veinte, que se reparten en dos grupos: dieciocho corresponden a profesiones relacionadas con la marina mercante. Otras dos corresponde al sector deportivo (deportistas de élite y entrenadores).
El surrealismo llega cuando las profesiones marineras, que deberían aparecer lógicamente solo en provincias con mar, también se recogen en Lleida y Madrid, que carecen de costa.
Tras la ampliación de agosto, las constructoras no necesitan este retorcido subterfugio: las profesiones relacionadas con la construcción aparecen en todas las provincias. Por ello mismo, que hasta la fecha se hayan gestionado solo 250 contrataciones en origen es muy sorprendente. Y explica los recelos de Inclusión sobre la eficacia de un catálogo cuyo diseño parece una barrera administrativa pensada para evitar la contratación en origen. .
Muchas empresas recurren a todo tipo de subterfugios para 'driblar' a la burocracia. Aunque algunas utilizan el propio catálogo (por ejemplo, utilizándolo para contratar a profesionales de otras categorías), lo más habitual es acudir directamente a los servicios públicos de empleo autonómicos e ignorar lo dispuesto por el SEPE, tal y como revelan los datos aportados por Mora.
Aunque el alto cargo de Inclusión no precisó en qué sentido avanzan los cambios en el catálogo, sí confirmó que se enmarca en el ámbito de las reformas que prepara su ministerio para "simplificar autorizaciones" y "reducir la documentación exigida" para trabajar en España. En línea con lo previsto en la nueva legislación europea. Esto incluye una Reforma del Reglamento de Extranjería que, tal y como avanzó Saiz, promete ser mucho más ambiciosa que la abordada en la anterior Legislatura.
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