El Ministerio de Trabajo y Economía Social rechaza la idea de flexibilizar los requisitos para la contratación de inmigrantes en España. Una posición que le enfrenta, no solo con las patronales, sino con el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social. En este choque, el equipo de Yolanda Díaz esgrime la idea de que en España no tiene un problema de vacantes de empleo, que cifra en apenas 140.000. Un argumento que no solo sorprende a las empresas sino también en el seno del Gobierno, ya que uno de los objetivos de la reforma del SEPE es, precisamente, 'aflorar' ofertas para equiparar sus resultados con los estándares de la UE.
Los datos que esgrime la vicepresidencia segunda corresponden a la Encuesta Trimestral de Costes Laborales, que publica el Instituto Nacional de Estadística (INE). Y es cierto que se trata de la única fuente estadística oficial sobre vacantes.
Pero arrojan una cifra muy reducida para una economía de nuestro tamaño: solo suponen una vacante por cada puesto de trabajo existente, una ratio que nos sitúa a la cola de la Unión Europea.
Algunos analistas, incluidos los de Trabajo, explican este pobre resultado porque, por la volatilidad del mercado laboral español, muchos puestos se cubren de manera interna o con trabajadores eventuales, con lo cual no se crea una 'vacante nueva' y, por lo tanto, no aparecen bajo el radar del INE.
Así, en el cuarto trimestre de 2022 se formalizaron 4,1 millones de contratos, algo que sería incompatible con el número de vacantes que registra el INE.
Aunque este argumento choca con que la metodología de la ETCL es la misma que utiliza Eurostat para todos los países europeos. Y prácticamente todos tienen un mejor desempeño que España. Expresado sobre el número de parados, nuestro país solo registra 5 vacantes por cada 100 parados, mientras que la media de la UE es en países como Alemania o República Checa supera con creces el 100%. Un fracaso que nos sitúa también en la peor posición de la OCDE, como ha denunciado este organismo.
Y eso si solo contamos las vacantes que detecta la ETCL. La cifra de vacantes que publican los servicios públicos de empleo es entre 3 y cuatro veces inferior.
Choque con Escrivá
Las empresas y patronales manejan estimaciones muy diferentes, y superiores, a las del INE, que ven sesgadas por la oferta pública de empleo (la mitad de las vacantes detectadas por el INE corresponden sectores dependientes de las administraciones).
A esto se suma que estudios como los del Banco de España apuntan a que más de un tercio de las empresas prevé problemas en su actividad por la falta de mano de obra. El propio supervisor apunta en otros informes que la razón es la pérdida de mano de obra inmigrante tras la pandemia en sectores como agricultura y construcción.
Esta es la tesis que parece haber 'comprado' el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social, que ha impulsado reformas en el Reglamento de Extranjería para impulsa a la contratación en origen y nuevas figuras como la regularización por arraigo para la formación.
Los sindicatos rechazan estos movimientos por dos motivos: el primero es que consideran que en España no hay un problema de vacantes, sino de bajos salarios que los nacionales no están dispuestos a aceptar. La contratación de inmigrantes con sueldos más bajos puede evitar que ciertos sectores se revaloricen. Además, recuerdan que en España hay casi tres millones de parados y piden priorizar la colocación de estos, aunque implique endurecer los requisitos de la prestación por desempleo.
Salvo en este último punto, la posición de Díaz se alinea con la de los representantes de los trabajadores. Y para reafirmar sus posiciones esgrime recurrentemente los datos del INE, por la "coherencia" de una encuesta realizada sobre una muestra sobre 28.000 empresas de todos los tamaños.
Aunque al hacerlo, avala casi como inevitables unos datos que dejan en muy mal lugar a la gestión de las oportunidades laborales en España, el país con más parados y menos vacantes de la Unión Europea. Trabajo insiste en que esto es coherente con el hecho de que España tiene la mayor tasa de paro de la UE, lo cual es coherente con que tenga tan pocas vacantes.
A pesar de que esto equivale a admitir que España es el país que menos oportunidades laborales genera. Una 'confesión' que en fuentes políticas consideran sorprendente a pocos días de unas elecciones. Y que contrasta con la versión de estos hechos presentada a la Comisión Europea.
Doble discurso en España y Bruselas
Y es que a la vez que el Ministerio de Trabajo minimiza el problema de las vacantes, se ha comprometido con la Comisión Europea a ampliar el radar para aflorar las ofertas 'ocultas' que no publican las empresas y ayudar a estas a encontrar los perfiles adecuados.
De hecho, en el componente 23 del Plan Nacional de Recuperación, Transformación y Resiliencia se admite explícitamente que el Sistema Nacional de Empleo (que componen SEPE, los servicios de empleo autonómicas y las agencias privadas de colocación) se encuentra en ocasiones "ante dificultades para dar cobertura a vacantes de puestos de trabajo en sectores estratégicos debido a la ausencia de perfiles adecuados en las personas desempleadas inscritas en los Servicios Públicos de Empleo".
Los servicios públicos de empleo solo colocan al 4% de las personas inscritas como demandantes de un trabajo (un concepto más amplio que el de parados registrados), Bruselas ha exigido recurrentemente mejorar esta ratio. Para hacerlo, el plan presentado por Trabajo pasa por la mejora de las herramientas de los Servicios Públicos de Empleo, "a través de la digitalización para la gestión del perfilado, para el seguimiento de vacantes en tiempo real y seguimiento de tendencias en el mercado de trabajo". Es decir, elevar el número de puestos que se gestionan.
Este objetivo ha empezado a completarse con la reforma de la Ley de Empleo, que obliga a las empresas que recuran a ellos a comunicar la totalidad de sus vacantes. El objetivo es "aglutinar la información relativa a las vacantes actuales y previsibles que existen o van a existir en las empresas" para mejorar la cobertura de sus necesidades presentes y futuras, así como a la "prospección" de sus vacantes.
La idea es mejorar la paupérrima tasa de intermediación del 4%, se revisará este indicador que permitirá "medir el impacto de las atenciones a las personas en sus transiciones al empleo" y la efectividad "en la atención a las empresas que solicitan cubrir sus puestos vacantes".
Medir las vacantes reales
La última etapa cumplida en esta reforma es la aprobación del nuevo Plan Anual de Fomento del Empleo Digno, aprobado el pasado martes por el Consejo de Ministros y que junto con la Estrategia Española de Apoyo Activo "configuran el marco normativo para la coordinación y ejecución de las políticas de activación". Hablamos de una dotación de casi 6.900 millones de euros.
Entre los indicadores incluidos en el Plan para verificar el cumplimiento de sus objetivos, tiene un destacado peso la "mejora la participación de los servicios públicos de empleo en la cobertura de vacantes". Así, se plantea "medir la ocupación de vacantes", incluyendo la que se realice mediante "movilidad laboral voluntaria", según figura en los borradores a los que ha tenido acceso elEconomista.es.
"Se pretende evaluar las atenciones que los Servicios Públicos de Empleo dan a las empresas, a través del esfuerzo realizado para captar y registrar vacantes de empleo generadas por las mismas" incide el documento, que fue discutido el pasado mes con los interlocutores sociales.
En este contexto, dentro y fuera del Ejecutivo sorprende que el departamento de Díaz haya olvidado esta reforma para centrarse en atacar las posiciones defendidas por su compañero de gabinete ministerial, José Luis Escrivá, que ha recibido incluso el respaldo explícito de la CEOE en su plan, tras el distanciamiento por la reforma de las pensiones.
Y que lo haga además insistiendo en que España no tiene un problema de vacantes cuando el principal perjudicado de este argumento son las métricas de sus propias políticas, que se orientan a mejorar la detección de puestos disponibles para mejorar ante Bruselas las pobres muestras de su eficacia para colocar a los parados. Y que lo haga además destacando unos datos que muestran que nuestro país sólo tiene 5 puestos que ofrecer por cada 100 desempleado.
