¿Por quién hablan las patronales? Solo un 23,3% de las empresas está integrada en una

El diálogo social vive un momento convulso ante la decisión del Gobierno de ampliar la interlocución con las organizaciones empresariales, que ahora se concentra en CEOE y Cepyme, para incluir a Conpymes, patronal que opera a nivel estatal, pero está vinculada a la catalana Pimec. Esto ha provocado una guerra total entre organizaciones por presentarse como verdaderos representantes de los intereses de los empresarios. Aunque a la hora de la verdad, solo un 23,3% de ellos está asociado a alguna de las organizaciones que existen en España.

En las últimas semanas el choque entre Gobierno y las dos patronales con silla en la Mesa del Dialogo Social que negocia con el Ejecutivo se ha intensificado por la cuestión de la reducción de la jornada laboral. Una medida cuyo eje principal (rebajar de 40 a 37 horas y media semanales el tope legal de tiempo de trabajo) fue cerrado por PSOE y Sumar en su acuerdo de investidura sin consultar a los agentes sociales y solo lo ha abierto a matices técnicos con aportaciones que todo apunta solo harán los sindicatos.

La ruptura alcanzó un punto álgido este miércoles en la Asamblea General de Cepyme, en la que su presidente, Gerardo Cuerva, presentó un duro manifiesto contra el "intervencionismo" del Gobierno, al que las patronales acusan también de intentar limitar su peso en las negociaciones abriendo la puerta a organizaciones 'afines'. La respuesta del Gobierno es que quiere mejorar la representatividad de las pymes, aunque todavía no ha explicado cómo piensa establecer este baremo, aunque ya ha dado pequeños pasos para facilitar la entrada de Conpymes y Pimec en órganos como el Consejo Económico y Social (CES) en los que están representada las otras dos patronales.

La razón de fondo de esta polémica es la falta de un sistema objetivo de acreditación de la representatividad empresarial a nivel de negociación institucional, al no existir un desarrollo reglamentario como sí existe en el caso de los sindicatos. Ante esta carencia, se aplica la regla que fija el Estatuto de los Trabajadores en la negociación de los convenios colectivos sectoriales: que las organizaciones representen al 10% de empresas y trabajadores a nivel nacional o el 15% a nivel autonómico.

Pero en ningún sitio se especifica que esto deba aplicarse a la participación institucional, que carece aún de una legislación específica y actualizada que clarifique cómo se seleccionan a los representantes de las empresas en la negociación de las grandes reformas y regulaciones económicas, incluyendo en muchas ocasiones el reparto de subvenciones. Además, el 10% fijado para los convenios es un tope mínimo y ni el Gobierno ni las comunidades parecen interesadas en publicar los porcentajes efectivos de representación pese a la polémica desatada.

La paradoja de las pymes

Aunque existe una estadística que arroja algo de luz al respecto: la Encuesta Anual Laboral que desde 2013 elabora el Ministerio de Trabajo y Economía Social. Se publica, eso sí, con un importante decalaje: el último informe se dio a conocer en diciembre de 2023 pero corresponde a 2022, ejercicio en el que se rompió definitivamente el 'idilio' entre el Gobierno las organizaciones que dirigen Antonio Garamendi y Gerardo Cuerva y que finalizó con el acuerdo para la aprobación de la reforma laboral en los últimos días de 2021.

Curiosamente, la representatividad de las patronales subió 3 puntos en 2022, desde el 20,4% que registraban en 2021 y se sitúan en su nivel más alto desde el 24,7% de 2015. Eso sí, la serie histórica ha sufrido varios vaivenes.

En 2016, por ejemplo, la Encuesta Anual no recogió ningún dato de empresas inscritas en organizaciones empresariales y cuando vuelve a hacerlo en 2017 el porcentaje se había desplomado al 20%, lo que refleja claramente cambios en la elaboración de una métrica que había arrancado con cotas del 28,5%.

Los datos no concretan a qué organización (estatal o territorial) están asociadas las compañías, aunque sí ofrecen un dato relevante sobre uno de los argumentos clave en la polémica de estos meses: la infrarrepresentación de las pymes en las patronales frente al peso de las firmas de mayor tamaño. Así, solo el 17,8% de las empresas de entre 5 y 9 trabajadores está asociada a una organización, porcentaje que se eleva al 26,3% entre las que llegan a 49 trabajadores.

A partir de ahí, el peso se dispara, pasando al 42,6% a partir de 50 trabajadores y al 59,1% entre las de 500 y más trabajadores. Sin embargo, para entender estas cifras hay que tener en cuenta la elevada atomización del mercado labora.

Así, la participación de las empresas de menor tamaño en las patronales es inversamente proporcional al que tiene en el tejido empresarial. De las 334.703 empresas que contabilizaba la Encuesta en 2022, el 92% tiene menos de 50 trabajadores y el grupo más numeroso, con diferencia, es el de las que no llegan a 10 trabajadores, que suponen el 51%.

Esta es la clave de la representatividad, ya que refleja el porcentaje de empresas vinculadas directamente en las negociaciones que desarrollan las patronales a nivel sectorial o inclusos con los gobiernos autonómicos y estatal. En el caso de la pymes son muchas más las situadas al margen que las que se engloban en él.

Esto explica que en sectores como la hostelería o la construcción solo un 18,7% y un 22,9% de las empresas estén afiliadas a una organización, mientas en la logística llegan al 31,9% y en la industria al 29,7%. Aun así, el elevado peso de los negocios de pequeño tamaño lastra a la baja la representación en todos los sectores.

Lo mismo ocurre a nivel territorial: la comunidad con mayor porcentaje de empresas afiladas es La Rioja, con un 38,7%, seguida por País Vasco, con un 33,7% o Aragón con un 33,2%. Cataluña se sitúa en la franja media, en un 26,7%, mientras que las autonomías con menor representación son Andalucía (15,1%) y Madrid, con un 18,2%.

Satisfechos pero no entusiasmados

Aun así, el grado de satisfacción de los empresarios que sí inscritos en una organización con el papel que estas juegan. El 76% considera que los representan "bastante" o "mucho", aunque este porcentaje, de nuevo, fluctúa por tamaño: en las empresas más pequeñas llega al 73,2% y de las de mayor tamaño al 87%. Se da la circunstancia de que en el caso de las empresas de menor tamaño el porcentaje de lo que se ven poco representados por sus patronales es mayor que el que contestan "mucho", algo que se aprecia más entre las que no superan los 50 trabajadores que entre las micropymes.

Estos datos ayudan a entender por qué la 'guerra' entre organizaciones empresariales se concentra en las pymes. Pocos cuestionan el papel de la CEOE, pero las críticas al papel de Cepyme se comporta como un mero 'satélite' de la patronal de las grandes empresas (Gerardo Cuerva es también vicepresidente de la CEOE) ha sido la tarjeta de presentación de Conpymes en 2021.

Su argumentario toca una cuestión especialmente sensible cuando la mayoría de pymes son proveedores de clientes de mucho mayor tamaño que, según defiende la nueva patronal, tienen mayor peso a la hora de negociar sus intereses con el Ejecutivo y se llevan por delante a las pequeñas.

Pero los vínculos que la organización que preside José María Torres con la patronal de pymes catalana Pimec (de hecho, el presidente de esta, Antoni Cañete, es el vicepresidente de Conpymes) ha sido también duramente contestada tanto por Cepyme como la también catalana Foment del Treball, que interpretan en la decisión del gobierno de "revisar la representatividad de las pymes" un guiño a las formaciones independentistas cuyo apoyo necesita, como Junts y ERC.

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