Una organización empresarial propia que defienda los intereses de Cataluña y promueva la ruptura con España. Ese el objetivo con el que ERC ha impulsado en los últimos años el crecimiento de Pimec, la Patronal de la Pequeña y Mediana Empresa de Cataluña, que compite tanto con Foment del Treball en esta comunidad autónoma como con Cepyme a nivel nacional.
La organización, de un marcado carácter independentista, bate año tras año sus récords de ingresos y ha alcanzado en 2023 una facturación de 22,8 millones de euros, según los datos que acaba de publicar en su página web, lo que supone casi diez veces más que Cepyme, la patronal española de las pymes, que tenía presupuestado en 2023 ingresos por 2,5 millones. La organización catalana, que prevé alcanzar un volumen de negocio este año de 23,5 millones, está creciendo gracias a las cuotas de sus socios, pero también a las subvenciones públicas. Con el apoyo fundamentalmente de ERC, Pimec asegura que tiene 146.000 asociados, lo que la convierte en la organización empresarial con mayor representatividad en Cataluña.
Cepyme no ha hecho públicas todavía sus cifras del año pasado, pero en 2022 sus ingresos fueron de solo 2,23 millones, sin contar apenas con subvenciones públicas. Pimec logró subvenciones, entre otros, de la Generalitat de Cataluña, el Ayuntamiento de Barcelona o el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Desde 2018, la patronal catalana ha visto incrementada la cuantía de las ayudas públicas que ha recibido.
Entre 2018 y 2022 Pimec ha recibido así subvenciones como entidad beneficiaria para distintos proyectos por importe total de más de 20,2 millones de euros, según recoge en su página web.La patronal está siendo investigada ahora por un presunto delito de fraude en las ayudas públicas y falsificación documental tras una denuncia presentada por la Fiscalía Provincial de Madrid debida a una subvención del Ministerio de Trabajo en 2021 a Uatae, la Unión de Asociación de Trabajadores Autónomos y Emprendedores.
Posible fraude
Según la información a la que ha tenido acceso elEconomista.es, Pimec habría aportado a la totalidad de sus trabajadores a Uatae para que esta segunda pudiera recibir una subvención por 266.131 euros, el doble de lo que le hubiera correspondido en realidad. En las bases de estas ayudas públicas se estipulaba que los beneficiarios de las mismas tenían que ser asociaciones profesionales de trabajadores autónomos de ámbito estatal, y de carácter intersectorial, que estuvieran inscritas en el Reapta, el registro que las agrupa, dependiendo el importe final a recibir del número de empleados. El problema es que ni Pimec está inscrita como tal ni podía aportar sus trabajadores.
Aunque la Fiscalía mantiene que ambas organizaciones actuaron de forma concertada, la patronal catalana mantiene, no obstante, que todos los certificados que aportaron están dentro de la legalidad y que lo que ocurrió, sin embargo, es que alguien los falsificó. En la actualidad hay dos personas citadas por el juzgado en calidad de investigados por el caso, el secretario general de Pimec, Josep Ginesta, y la secretaria general de UATAE, María José Landaburu.
La jueza está analizando no obstante documentación de años anteriores para esclarecer si el fraude podría haberse llevado a cabo de forma sistemática, por lo que podría citar también a Antoni Cañete, secretario general de Pimec en 2020, presidente actualmente de la organización y vicepresidente de Conpymes, la asociación impulsada por la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, para competir con Cepyme. Más allá, no obstante, de la investigación abierta por el juzgado de instrucción en Madrid, la Audiencia Nacional está investigando también a Uatae, ligada a CCOO y Podemos, por el posible cobro irregular de subvenciones tras una primera denuncia interpuesta por ATA (Asociación de Trabajadores Autónomos).
Carácter independentista
Josep Ginesta, actual secretario general de Pimec, fichó por la patronal catalana como director de relaciones laborales en 2020, tras seis años como secretario general de la Conselleria de Trabajo de la Generalitat y número dos, por lo tanto, primero de Dolors Bassa, que acabó en prisión por su participación en el referéndum del 1 de octubre y después de su sucesor, Chakir El Homrani. Su llegada a la patronal se produjo después de que El Homrani le destituyera por la gestión de las ayudas de 2.000 euros a 10.000 autónomos con bajos ingresos. Ginesta, que ocupa desde 2021 la secretaría general, está citado ahora precisamente en calidad de investigado por la titular del juzgado de instrucción número 17 de Madrid ante un posible fraude en las subvenciones públicas del ministerio de Trabajo.
En una carta a los socios de Pimec incluida en el informe anual correspondiente a 2023, Ginesta defiende que "la esencia de nuestra organización empresarial es la de ser la voz, propia y clara, del tejido empresarial de nuestro país". Es una tarea que, según dije, se ha llevado a cabo "a partir del impulso de cambios normativos, reconociendo el tejido productivo real" de Cataluña. Fiel a los postulados independentistas, la patronal catalana acaba de fichar además a Oriol Amat, exdiputado de Junts pel Sí, la coalición de Junts y ERC que se presentó en 2015 a las elecciones autonómicas, para agrupar el voto separatista, como nuevo presidente del Observatorio de la Pyme, su think tank.
Pimec es una de las organizaciones que ha impulsado además la constitución a nivel nacional de Conpymes, una patronal que pretende competir con Cepyme y que contó en su lanzamiento con el respaldo tanto de la vicepresidenta Yolanda Díaz como de Begoña Gómez, la mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. El actual presidente de Pimec, Antoni Cañete, es, de hecho, el vicepresidente primero de Conpymes y defiende que dicha organización tiene que participar en el diálogo social.