El juzgado de instrucción número 17 de Madrid ha abierto investigación tras admitir a trámite una denuncia de la Fiscalía y el Ministerio de Trabajo por presuntos fraudes de subvenciones y delito de falsedad documental por parte de la Unión de Asociaciones de Trabajadores Autónomos y Emprendedores (Uatae) y Pimec, con el objetivo de engrosar subvenciones del año 2021 destinadas a organizaciones representativas de autónomos.
Dentro de la investigación se incluye a los respectivos secretarios de ambas organizaciones, María Josefa Landaburu y Josep Ginesta, respectivamente, que serán citados a testificar.
El caso parte de las sospechas del Ministerio de Trabajo sobre que para recibir la subvención conjunta se presentó un certificado falso de la Generalitat -que desde la administración catalana negaron haber emitido- en que se incluía a la patronal catalana de pymes Pimec -que cuenta con una sección de autónomos- en su conjunto como organización representativa de autónomos.
Al contabilizarse todos los asociados de Pimec y no solo los de su sección de autónomos, la documentación aportada en la denuncia estima que la subvención otorgada a Uatae y Pimec, por un importe de 266.123,10 euros con fecha 16 de diciembre del 2021, excede en más de 132.000 euros a la cifra que realmente correspondía, que debería haber sido de 133.211,84 euros, según publica La Vanguardia, que añade que Uatae afirma que ya ha procedido a devolver la cantidad denunciada por el fiscal más un recargo de intereses del 25%; que ha presentado un recurso ante Trabajo, y que el proceso judicial se inició a petición de ATA, otra organización de autónomos.
Por parte de Pimec afirman que no solicitaron ni se beneficiaron de esta ayuda; que han abierto una investigación interna en la que de momento no han detectado irregularidades, y que contemplan la opción de emprender acciones legales si otra organización falsificó algún documento vinculado con la patronal catalana.
