El Gobierno dinamita el diálogo social al dar primacía a los convenios colectivos autonómicos

Los agentes sociales protestan contra la aprobación del cambio en el Estatuto de los Trabajadores que se pliega a las exigencias nacionalistas que da primacía a los convenios autonómicos cuando sean más beneficiosos para el trabajador, sobre aquellos de carácter nacional o sectorial. El enfado de la patronal es especialmente intenso considerando que la medida dinamita el diseño del diálogo social tal y como está planteado desde 2011 (con anterioridad incluso a la reforma laboral del PP), en el que las organizaciones empresariales desempeñan un rol especialmente importante, "en cuanto a la centralización del poder decisorio" sobre los convenios a escala de todo el territorio español.

De hecho, sindicatos y patronales coinciden en esta semana en criticar el modo en que la reforma del Estatuto se ha conducido, camuflada entre los cambios que se aplicaran al subsidio por desempleo, sin mención alguna en la rueda de prensa del último Consejo de Ministros y solo conocida cuando se ha incluido en el Boletín Oficial del Estado. Ahora bien, fuentes patronales recuerdan que estas organizaciones llevan protestando decididamente contra el posible blindaje de los convenios autonómicos desde 2021, cuando se cerró la última reforma laboral.

La propia estructura orgánica de CEOE, de alcance estatal le otorga una gran importancia a la hora de asegurar que sus decisiones preserven "la unidad de mercado a escala nacional", una capacidad que la concesión del Gobierno al PNV (el único interlocutor con el que ha negociado) merma de forma decisiva. Es cierto que UGT y CCOO cuentan con federaciones en todo el país pero desde las patronales recuerdan que, en 2021, "no fueron ni mucho menos tan beligerantes sobre este asunto como siempre se mostró la patronal". Es más, ponen de manifiesto que los convenios autonómicos tienen especial protagonismo en territorios como País Vasco y Cataluña. Y los líderes actuales de los sindicatos mayoritarios (Unai Sordo y Pepe Álvarez), por su origen vasco y catalán respectivamente, pertenecen a culturas negociadoras en las que esos convenios tienen ya un destacado peso.

Más en concreto, resulta significativo analizar los respectivos comunicados de rechazo de patronal y sindicatos, conocidos este miércoles, para calibrar su diferente grado de protesta frente al blindaje de dichos acuerdos. Mientras CEOE y Cepyme hablan de un "rechazo total" a la maniobra del Gobierno, las centrales UGT y Comisiones hablan de "ruptura de clima de confianza".

Por ello, las organizaciones sindicales han emplazado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a convocar una reunión con sindicatos y empresarios para restablecer la confianza en el diálogo social tras la aprobación inesperada de la prevalencia de los convenios autonómicos sobre los estatales en la reforma del subsidio por desempleo.

Con la reforma del Estatuto de los Trabajadores, partidos nacionalistas como PNV, e incluso ERC, se han apuntado una importante victoria pagando el alto peaje de transgredir los términos de la última reforma laboral y crear un malestar aún mayor en CEOE, organización que tanto Trabajo como Seguridad Social se han permitido no tener en cuenta en decisiones de tanto calado como las últimas subidas del Salario Mínimo Interprofesional o la última parte de la reforma de pensiones, presentada en marzo pasado.

Ataque al Estatuto

Patronal y sindicatos subrayan que cualquier modificación del Estatuto de los Trabajadores debe ser discutida previamente en el diálogo social, defendiendo la coexistencia de distintos ámbitos territoriales de convenio colectivo adaptados a las realidades sectoriales.

Además, CCOO y UGT critican la falta de negociación completa en materia de subsidio por desempleo, señalando insuficiencias en la reforma aprobada, como limitaciones en el acceso para personas de menos de 45 años y la reducción gradual de la base de cotización para mayores de 52 años.

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