Valencia
A medida que avanza la cuenta atrás para las próximas elecciones autonómicas la relación entre el presidente de la que es la autonomía gobernada por los socialistas con mayor población, la Comunidad Valenciana, y el Gobierno de Pedro Sánchez se está haciendo cada vez más tirante. La guerra del agua reabierta por el recorte del trasvase Tajo-Segura del Ejecutivo Central se ha convertido en el enfrentamiento más evidente entre el líder valenciano y el presidente, pero no es la única desavenencia que ha estallado en los últimos meses.
El anuncio de Puig de una rebaja en el IRPF a finales de septiembre para combatir la crisis inflacionista abrió una herida entre ambos a la que las dos partes parecen echar cada vez más sal. En pleno debate fiscal nacional con el PP y a pesar de que Puig intentó desmarcarse de las medidas de las comunidades populares, el malestar con el barón socialista por el rechazo al guión marcado por Moncloa fue notorio. Y más cuando esa rebaja de las tarifas para las rentas de menos de 60.000 euros incluso fue apoyada por PP, Ciudadanos y Vox en el propio parlamento valenciano.
El cruce de reproches públicos en el caso de la nueva guerra del agua ha ido aún más allá. Fundamentalmente porque el propio presidente valenciano anunció un acuerdo en el Consejo Nacional del Agua que después fue desautorizado por el Gobierno y el Ministerio de Transición Ecológica, que incluso han llegado a negar ese pacto.
Garantizar la continuidad del regadío en el sur de Alicante es una cuestión fundamental en una región en que el sector agroalimentario sigue siendo el mayor exportador, con más de 7.300 millones de euros al año. Por no hablar de los pérdidas económicas de los dueños de terrenos agrícolas de regadío que se reconvertirían en secano sin una garantía de agua y que Asaja Alicante cifra en 3.200 millones de euros.
Como en el caso del recorte al trasvase, otros de los dos frentes abiertos por Puig con Sánchez tienen su origen en el uno de los flancos débiles electorales: Alicante. Desde el entorno del líder socialista, no se entiende que un Gobierno del mismo color sirva en bandeja la munición al Partido Popular en el que es su principal bastión regional a escasos meses de las elecciones autonómicas. Algo que en los círculos cercanos a Puig achacan a que la principal preocupación de Sánchez es su propio futuro más allá de las consecuencias que pueda tener para el partido.
Ni inversión ni sedes
De ahí que el escaso cariño en los Presupuestos Generales con la que es la quinta provincia española por PIB, a la que las cuentas de Sánchez situaron a la cola por inversiones, desatara otra crisis pública entre Generalitat y Gobierno de España. Un sentimiento de agravio extendido entre el empresariado y otros agentes sociales alicantinos que las partidas de Puig para este territorio en el presupuesto regional no han logrado acallar.
El Ejecutivo de Pedro Sánchez también negó al socialista valenciano otro de los bálsamos con los que confiaba ganar respaldo en las comarcas del sur. Puig, que aprovecha cualquier acto en Madrid para eregirse en adalid de la descentralización, apostó fuerte porque Alicante y Elche se convirtiesen en sedes de las nuevas agencias estatales anunciadas por Sánchez, precisamente como muestra de ese apuesta por llevar la Administración del Estado más allá de la urbe madrileña.
Sin embargo, pese a la promoción del Consell valenciano en la capital para vender sus candidaturas, la Agencia Española de Supervisión de Inteligencia Artificial fue a parar a A Coruña y la Agencia Espacial Española a Sevilla. Unas decisiones que supusieron otro jarro de agua fría para las aspiraciones de los alicantinos, que a la vez han visto como Valencia se aseguraba la gigafactoría de Volkswagen pese al tira y afloja por el Perte.
A medida que se acercan las elecciones también vuelve a ganar protagonismo otro frente abierto entre los socialistas valencianos y su líder nacional: la falta de avances en la reforma del modelo de financiación autonómica. El que Puig calificó como el mayor problema valenciano cuando llegó al Palau de la Generalitat en 2015, la infrafinanciación valenciana, sigue enquistado. Con la diferencia de que quienes ocupan ahora Moncloa y Hacienda y no aparentan ninguna urgencia por buscar una nuevo modelo pertenecen a su propio partido.
Aunque desde la Generalitat se repite que el Gobierno siempre ha respaldado la inyección de fondos para garantizar el gasto autonómico, tampoco se obvia que el recurso continuo al FLA no hace más que engordar una deuda que ya se eleva a 54.000 millones de euros y para la que sigue sin haber ningún compromiso de quita o reestructuración.
Otra de las dudas que genera la próxima cita con urnas es la factura electoral que puede pasar la política de Sánchez con Cataluña y el independentismo, tras la reforma de los delitos de sedición y malversación. Puig, a diferencia de otros barones regionales socialistas, siempre ha apoyado públicamente la estrategia de Sánchez en el vecino del norte. Marcar ahora distancias con Moncloa podría amortiguar un efecto contagio de lo que el propio Puig califica como el "ruido" que genera la crispación continua en la política nacional.
