Valencia
Los presupuestos diseñados por el Gobierno de Pedro Sánchez para el año que viene han encendido los ánimos en Alicante, un territorio que considera que en las últimas dos décadas no se ha visto valorado su peso ni en el conjunto de España ni en la Comunidad Valenciana, frente a la capitalidad de Valencia.
El detonante ha sido la baja inversión prevista en las cuentas públicas del año que viene, que dejan a la quinta provincia española tanto por población como por PIB (según los datos de 2019) como la última en inversión por habitante. Un malestar que incluye a los propios socialistas y que ha generado un clamor entre los empresarios alicantinos. Tanto la patronal autonómica CEV como su sección en Alicante y la Cámara de Valencia quieren canalizar el descontento incluso con una protesta en las calle la próxima semana a la que quieren unir a sindicatos y otros agentes sociales.
Un agravio que no es puntual para el empresariado de ese territorio, que lo ha llegado a calificar de "ninguneo" a una de las mayores provincias del país con los datos en la mano. El proyecto de Presupuestos Generales del Estado de 2023 recoge inversiones por valor de 160,3 millones de euros para Alicante, lo que supone un recorte del 12,3% respecto a este año. Un ejercicio en que ya era la provincia con menos dinero asignado por habitante en las cuentas públicas.
"Solo en los últimos tres años ha habido un recorte del 36,8%. Además, sufrimos una doble infrafinanciación. La primera, con una nimia inversión. La segunda, con la ejecución, ya que se invierte realmente un 42% de los que se ha presupuestado", resume Nacho Amirola, presidente del Instituto de Estudios Económicos de la Provincia de Alicante (Ineca).
Según los análisis del organismo empresarial, desde 2008 las inversiones destinadas a la provincia son menores a las que lo que le corresponden por su peso poblacional. Así, en el caso de 2023 el Estado prevé invertir 85,48 euros por cada alicantino, casi 200 euros menos por habitante que la media en el conjunto de España.
Para el presidente de la Cámara de Alicante, Carlos Baño, en el caso de Alicante esa baja inversión per cápita tiene efectos especialmente negativos porque "tenemos una población flotante de casi un millón de personas, que no están empadronados, pero que también hace uso de las infraestructuras y los servicios".
Esa falta de fondos desde hace al menos 15 años y que ha generado un déficit inversor de 3.539 millones de euros, según los cálculos de Ineca, que estima que esa es la cifra extra que deberían haber registrado las cuentas públicas por el peso poblacional.
Una renta en declive
La indignación generada por las cuentas públicas también se debe a la percepción de que tras el declive de algunos indicadores se encuentra la falta de apoyo del Gobierno central y el escaso poder valenciano en Madrid. Pese a la imagen de prosperidad, la renta per cápita de la provincia es una de las más bajas de España, con 20.116 euros frente a los 26.417 euros de media, y un menor crecimiento en la última década.
Algo que en parte se atribuye a la discriminación presupuestaria de estos años y a su efecto arrastre. Alicante era la cuarta provincia por PIB a principios de siglo, un puesto que perdió ante Sevilla. Ahora Vizcaya también está cerca de quitarle la quinta plaza.
