La ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, justifica en cinco sentencias del Tribunal Supremo la limitación del trasvase Tajo-Segura. En declaraciones a la prensa antes de su intervención en la XIII edición del foro Spain Investors Day, la ministra defendió que tiene la impresión de que, más que contra el trasvase, la manifestación que se llevó a cabo en el día de ayer "plantea dudas con respecto a la necesidad de fijar un caudal ecológico" para el Tajo, si bien la obligación del Gobierno pasa por "respetar el criterio de los técnicos sobre la base del mejor conocimiento científico" así como "la ley europea, la nacional y la jurisprudencia" incluyendo las cinco sentencias que anulan el plan hidrológico del Tajo y que, por ende, obliga a fijar este caudal ecológico.
En este sentido, destacó que la opción del Ejecutivo es "enormemente innovadora" porque "en lugar de aplicar ese caudal fijado técnicamente desde el primer día lo que hemos hecho ha sido proponer una aplicación progresiva para darnos tiempo a poder acometer inversiones que generarán más agua adicional para esas cuencas garantizando el suministro en los hogares pero también para actividades económicas", añadió.
Sin embargo, Ribera indicó que "lo que no puede ser es poner en riesgo que esto se cumpla. Cuando se debatió este asunto en el Consejo Nacional del Agua, esta petición fue rechazada. Por tanto, lo que hemos querido remitir al Consejo de Estado es lo que sí había concitado el consenso por parte de todos". "Nuestra intención es velar por el interés general y responder de la mejor manera a las peticiones de todas las partes", agregó, pero advirtió de que no es posible hacerlo "exactamente por cada una de las peticiones con particular énfasis local" porque "no son compatibles entre sí".
En el centro de la polémica se encuentra el nuevo decreto que regula el trasvase, que establece la cantidad de agua necesaria para garantizar el buen estado natural del río. Según el Ejecutivo, el plan es que el volumen que no se bombee pueda sustituirse con otros recursos como las desaladoras. No obstante, la Comunidad Valenciana y Murcia declaran que también fue acordada una cláusula que establecía que en 2025 se revisaría la calidad del agua del Tajo y si esta cumplía con los objetivos ambientales, se podría volver a reducir el caudal ecológico, lo que en la práctica salvaguardaría la cantidad de agua que reciben los regantes del Segura.
PVPC y declaraciones DIA
En lo que respecta a la aprobación de la nueva tarifa regulada de la luz o PVPC, la ministra declaró que se encuentran estudiando el informe emitido por la CNMC, que muestran preocupaciones técnicas y de oportunidad legislativa, aunque espera que se apruebe "cuanto antes".
Ante la pregunta de si el Gobierno se plantea o no extender más allá del 25 de enero la concesión de los permisos para obtener la declaración de impacto ambiental (DIA) a los nuevos proyectos de renovables, Ribera aseguró que el ministerio tiene capacidad para analizar todos los expedientes y argumentó que sería "muy difícil" explicar la necesidad de prolongar la fecha.
