La guerra por el agua vuelve a levantar a los agricultores de Alicante, Murcia y Almería, la denominada 'huerta de Europa' que exporta más del 65% de su producción hortofrutícola fuera de España. Los planes del Ministerio de Transición Ecológica que suponen limitar la aportación de agua del trasvase Tajo-Segura amenazan a alrededor del 50% de los cultivos de regadío en las comarcas de las tres provincias que tienen mayor dependencia de ese canal, según el sindicato Asaja Alicante.
"La hoja de ruta del Ministerio de Transición Ecológica es dejar el trasvase Tajo-Segura exclusivamente para abastecimiento humano" asegura Ramón Espinosa, secretario técnico de Asaja Alicante, que explica así los efectos del límite que se pretende implantar. El nuevo plan fija que el caudal ecológico mínimo se situará en 8,6 metros cúbicos por segundo en Aranjuez a partir de 2027, frente a los 6 metros cúbicos de caudal mínimo necesarios hasta ahora para autorizar el envío de agua.
Una medida que según sus cálculos supondrá "un 50% menos de agua de regadío lo que implica el abandono del 50% de la superficie agraria útil en el caso del sur de Alicante que riega el trasvase", según Espinosa, que extrapola ese porcentaje también a Murcia y Almería. "Estamos hablando de la principal zona productora de frutas y hortalizas en fresco de Europa", subraya Espinosa, que además del perjuicio económico también destaca su impacto ambiental y social, por lo que supone la actividad agrícola para fijar población en estas comarcas.
La propia Confederación Hidrográfica del Segura ha cuantificado unas pérdidas anuales de 137 millones de euros solo en producción agrícola directa con el recorte previsto en el borrador del plan, además de un coste de 4.621 empleos agrarios. Sin embargo, para los sindicatos agrarios los daños serán muchos mayores.
Por un lado, por la potente industria agroalimentaria de transformación ligada al sector primario, además de otros proveedores, desde el transporte a envases, asentados en esa comarca. Así, el Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (Scrats) eleva hasta 15.000 los empleos que pueden desaparecer al cerrar parte del grifo, según su secretario general, José Ángel Pérez.
Pero además de perder su actividad los agricultores afrontan otro duro golpe: el valor de sus tierras se hundirá con la pérdida de la condición de regadío. Scrats estima en cerca de 5.700 millones de euros estas pérdidas patrimoniales, que supondrían un pesado lastre económico para estas comarcas.
En conjunto el sector agrícola que se abastece del trasvase aporta directamente 1.547 millones de euros al PIB español, según un informe de PwC elaborado en 2020. El documento dobla a 3.013 millones la aportación total y los 106.000 empleos con los efectos indirectos. Pero además, "la falta de agua, no sólo es un problema de agricultores y regantes", apunta Salvador Navarro, presidente de la patronal autonómica valenciana CEV, que señala que el recorte también acabará afectando a industria y turismo. Por ello, los empresarios apoyan la manifestación en contra convocada el 11 de enero en Madrid.
Batalla política
Los presidentes de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig, y Murcia, Fernando López Miras, también han mostrado su oposición frontal a la decisión y tratan de frenar contrarreloj el plan en el Consejo de Estado antes de que llegue al Consejo de Ministros.
En el caso del líder socialista valenciano, el choque con el Gobierno de Pedro Sánchez se ha hecho evidente, después de que el ministerio de Teresa Ribera tumbase el pacto que condicionaba a la cantidad y la calidad del agua del Tajo en 2025 los futuros límites del trasvase. Una medida que reaviva el sentimiento de agravio en Alicante, uno de los bastiones del PP a unos meses de las próximas autonómicas.
El coste del agua desalada
La nueva guerra del agua ha recuperado la polémica entre los dos modelos enfrentados de gestión hidrológica: trasvases o desaladoras. Los costes energéticos han vuelto a elevar los precios del agua desalada, que ronda 1,4 euros por metro cúbico sin la subvención estatal y los 0,45 euros con la ayuda pública. Además de unos precios hasta 8 veces superiores que la hacen inviable, tampoco usar solo agua desalada en regadío. "Es un complemento en situaciones como riegos de emergencia, pero no puede utilizarse como una fuente continua", explican desde Asaja.
