Zaragoza
Los regadíos de Murcia, Almería y Alicante recibirán un 40% menos agua para riego, lo que supondría una importante reducción de la producción de frutas y hortalizas y la pérdida de miles de empleos.
Un total de 116.932.427 euros al año en la Cuenca del Segura y de 137 millones anuales en el total de zonas del trasvase Tajo-Segura de pérdidas en el valor de producción agraria, 51.435.289 euros anuales de pérdidas de margen neto, 1.044.222 jornales perdidos al año, equivalentes a 4.621 empleos menos en la Cuenca de Segura y 5.428 puestos de trabajo en el total, y una pérdida de valor patrimonial de 485 millones de euros. Éste sería el impacto en el sector agrario que tendría el proyecto de plan hidrológico para 2022-2027 del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico -que contempla una disminución del 40% del agua trasvasada a Murcia, Alicante y Almería-, de llevarse a cabo tal y como está hoy en día.
Pero las cifras de impacto en la Demarcación Hidrográfica del Segura aún serían mayores porque la actividad agraria tiene una incidencia directa en otros sectores económicos relacionados como es el caso del consumo de inputs como las semillas, fertilizantes, fitosanitarios, combustibles y lubricantes o maquinaria, así como en los servicios de apoyo a la producción, industria transformadora o la comercialización y transporte. Además, se prevén otros efectos, ya que las familias tendrían menos renta disponible y, en consecuencia, disminuiría la capacidad de consumo de bienes y servicios en esta demarcación, produciéndose todo un efecto en cascada, según recoge el documento Consideraciones sobre la Sostenibilidad de los Regadíos del Trasvase Tajo-Segura, contempladas en el Proyecto del Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Segura, Horizonte 2022-2027 de la Confederación Hidrográfica del Segura.
Este impacto se produciría como consecuencia de la disminución de 105 hm3/año de agua de minoración en el trasvase Tajo-Segura para el año 2027. De esta reducción, se estima que 78 hm3/año se correspondería con los riegos del trasvase. Esto implicará que se dejarán sus zonas regables, declaradas de interés general del Estado y dimensionadas para recibir 400 hm3/año, con 119 hm3/año al final del ciclo de planificación 2022-2027. Esta aminoración de la disponibilidad de agua para regadíos se estima que produciría una pérdida de superficie productiva de 10.432 hectáreas (ha) sobre un total actual de 85.787 ha, es decir, el 12,86%. Una cifra que se elevaría a las 12.227 ha si se extrapolan estos resultados a las zonas del trasvase localizadas en la Demarcación Hidrográfica del Júcar y de las Cuencas Mediterráneas Andaluzas.
Esta reducción de las hectáreas de superficie afectaría de forma generalizada a los cultivos de las provincias de Murcia, Almería y Alicante, aunque se estima que tendría una especial incidencia en los cítricos, así como en las frutas y hortalizas, olivar, almendros y viñedos.
Drama social
"Se ha producido una descoordinación dentro de lo que debería ser una coordinación de planes nacionales. Hay dos planes que están enfrentados: el del Tajo que dice que hay que reducir 105 hm3 y el del Segura que dice que no puede vivir sin esos 105 hm3", explica Lucas Jiménez, presidente del Sindicato de Regantes del Tajo-Segura, quien incide en que "hay mucha incertidumbre por ese recorte del que siempre hemos avisado que tendría consecuencias importantes en el caso de producirse en el sistema agroalimentario levantino".
Una inquietud que viven los agricultores de Murcia, Almería y Alicante y que queda respaldada en el documento de la Confederación de Segura, que "es una mera regla matemáticaW en la que se tiene en cuenta que se dejarían de recibir 105 hm3 y se dispondría de agua desalada, indica Lucas Jiménez, quien añade que "pero esto falla un año y se va al traste todo. Y, cuando hablamos de todo, hablamos de 106.000 empleos directos de toda la cadena de valor del sector agroalimentario en las provincias de Murcia, Almería y Alicante. Hay un drama social detrás de todo esto. Es un drama humano tremendo al que le sigue el drama de empresas y capitales que van a la ruina y, en un mundo tan conectado como el nuestro, los efectos no se pueden calcular".
Aunque el recorte del trasvase Tajo-Segura afecta a las tres provincias, Murcia sería una de las zonas con mayor incidencia por la aportación de agua que recibe. "La Cuenca del Segura es deficitaria y cualquier anomalía en el status de los recursos hídricos es ya muy preocupante", asegura José Miguel Marín, presidente de COAG Murcia, organización desde la que se pide que se garantice el riego.
Situación crítica en Almería
La situación tampoco es mejor en Almería. "Es realmente crítica porque nos abastecemos de los trasvases del Almanzora y del Tajo-Segura y los dos están cortados. Estamos viviendo de los ahorros de lluvia en la primavera en el Embalse de Cuevas del Almanzora, que están prácticamente agotados. Va a costar mucho sacar los primeros cultivos", sobre todo, de cítricos, hortalizas y productos como las lechugas, apunta Fernando Rubio, agricultor de Huércal-Overa (Almería) y presidente de la Junta Central de Usuarios de Aguas Valle de Almanzora y vicepresidente de Sindicato de Comunidades de los Regantes del Acueducto Tajo-Júcar.
Rubio, quien apunta que "el agua del trasvase del Tajo-Segura lleva viniendo más de 40 años y ha traído riqueza", recuerda que "llevamos años diciendo que podía suceder. Hace ya siete años que presentamos en el Ministerio de Medio Ambiente un proyecto para derivar del Duero y del Tajo hacia Castilla-La Mancha y el Levante, que está guardado en un cajón. Hablar de trasvases es nombrar algo muy desagradable. España tiene agua suficiente para que no pasemos los problemas que estamos pasando, pero la política hidráulica es ideológica. Se van a hacer las explotaciones insostenibles".
Situación similar denuncia José Vicente Andreu, productor de cítricos en la Vega Baja y presidente de Asaja Alicante: "Para regadíos, tenemos cortado el trasvase desde agosto" y tampoco se ha recibido agua en septiembre. "Con el nivel de reservas que hay en los embalses de Entrepeñas y Buendía, de 480 hm3, es potestad del Gobierno dar o no agua y decidió no darla". "Tenemos que aguantar con lo poco que nos den de agua desalada y ya está. Es cierto que hemos pasado el verano porque afortunadamente llovió mucho en la primavera y teníamos reservas propias a buen nivel. Pero estamos con mucha preocupación por lo que pueda pasar. La situación no es alarmante, es preocupante".
Andreu también cuenta que "desde hace muchísimos años todos los agricultores que dependemos del trasvase vivimos con ansiedad. Imagínese un industrial que no sabe si al día siguiente va a tener energía para que todo funcione. Para nosotros, el agua es eso, es primordial. Si no tenemos agua, una plantación que ha costado 20 años levantarla y con unas inversiones brutales, se puede ir al traste en unos meses. Esa es la situación que tenemos, de intranquilidad, de desazón brutal. No se la deseo ni al peor enemigo".
El presidente de ASAJA Alicante asimismo asegura que el recorte que se plantea es "una barbaridad porque se están anteponiendo unos caudales ecológicos que no impone Europa, es una autoimposición nuestra, por la deriva de las ideas ecologistas que se están tomando en la planificación hidrológica de este país". Además, señala que "tenemos un problema de despoblación tremendo, de falta de rentabilidad agrícola de forma generalizada y, si le quitamos agua al campo, se van a agudizar a corto plazo. Aumentar los caudales ecológicos no responde realmente a criterios técnicos y científicos".
Desalar no es la solución
El proyecto de Plan Hidrológico apunta la posibilidad de utilizar agua desalada. Una alternativa que para productores y regantes no es la solución por su elevado coste, que se ha visto incrementado por el precio de la energía. "Las consecuencias este año ya pueden ser tremendas si el recorte del trasvase se produce y no podemos usar el agua desalada por su excesivo precio porque se va a tener que depender de subvención", narra Lucas Jiménez. De hecho, este año ya ha tenido que ser subvencionada "y no parece que el escenario vaya a cambiar en los próximos años. Antes no se subvencionaba porque se puso 1,20 céntimos el m3. El precio medio del agua en España para regadío está en torno a los tres o cuatro céntimos, luego el precio hace imposible el uso de agua desalada".
Además, el agua desalada no va a poder ser utilizada en todos los regadíos. "La mayor planta desaladora de Europa, que es la de Torrevieja, apenas puede servir agua puesto que no tiene conducción para todas las comunidades de regantes", añade Jiménez. A esto se suma que, en zonas como Almería, la desaladora del Bajo Almanzora no funciona desde hace diez años "y no podemos disponer de ese agua", afirma Fernando Rubio para quien "la desalación es una alternativa en tiempos de sequía, pero no de forma continuada por los costes energéticos. Si queremos una agricultura moderna, rentable y eficiente, se necesita seguridad en el agua y a precio razonable. El agua desalada es una alternativa buena si es rentable".
Aparte está también el impacto en el entorno. "Sustituir los 105 hm3 con desalación desde el punto de vista ambiental es una barbaridad porque la desalación consume muchísima energía", además de "los efectos que pueden producirse en el mar con la perdida de Posidonia y los cambios y deterioro de esos ecosistemas. No se puede pretender cambiar el agua trasvasada por la primera, es mucho más sostenible que la desalada", afirma el presidente de ASAJA Alicante. Y tampoco habría "a día de hoy tecnología suficiente para producir agua desalada para considerarla cuantitativamente para el riego", matiza el presidente de COAG Murcia.
