La Generalitat Valenciana se ha sumado al Gobierno de Murcia y ha presentado sus alegaciones ante el Consejo de Estado para tratar de evitar el nuevo Plan de Cuenca del Tajo que según los regantes de Alicante, Murcia y Almería supondrá un importante recorte del trasvase al Segura por los caudales ecológicos establecidos.
El Gobierno que preside el socialista Ximo Puig carga duramente contra el Ministerio de Transición Ecológica y considera en su informe que no se ajusta a la legalidad el hecho de cambiar, posteriormente y sin aviso previo, un texto que fue sometido a votación y aprobado por el Consejo Nacional del Agua. Según recogen las alegaciones, existen "defectos acaecidos en la tramitación del proyecto" que podrían ser "determinantes de la nulidad de pleno derecho" del proceso.
El informe elaborado por la Abogacía de la Generalitat considera que el cambio de redacción que sufrió la disposición adicional novena del proyecto de real decreto y, sobre todo, en la manera en que se llevó a cabo ese cambio frente a lo aprobado en el Consejo Nacional del Agua sería el origen de esa posible ilegalidad.
Según defiende el escrito en que se pide al Consejo de Estado que emita un informe desfavorable, el primer texto de esa disposición vinculaba el establecimiento de los caudales ecológicos a una valoración previa del estado ambiental que presentasen las masas de agua, una cláusula que el propio Ximo Puig defendió públicamente que se había alcanzado y que se incluía en el texto original que fue aprobado mayoritariamente en la reunión del Consejo Nacional del Agua del pasado 29 de noviembre.
El cambio en el acuerdo inicial
Según la Generalitat, con posterioridad a ese encuentro, se procedió a efectuar una nueva redacción del texto que no es la que fue sometida a debate y votación en el seno del Consejo Nacional del Agua. El nuevo texto impone unos incrementos fijos e inamovibles de los caudales ecológicos hasta el año 2027 sin tomar en consideración ningún análisis previo del estado de las aguas con el consiguiente y grave perjuicio para los regantes de la cuenca del Segura.
"Ese texto modificado de manera unilateral por el Ministerio para la Transición Ecológica, sin comunicar con anterioridad el contenido de ese cambio ni al Consell ni al propio Consejo Nacional del Agua, es el que finalmente ha llegado al Consejo de Estado", según la Administración valenciana. La Abogacía de la Generalitat entiende que "no ha sido sometido a los principios de participación ciudadana y concertación" y que, por tanto, podría haberse producido "una nulidad de pleno derecho en la emisión del informe preceptivo".
La Generalitat además se muestra muy crítica con la actuación del Ministerio que dirige Teresa Ribera al considerar que "se han vulnerado los principios de seguridad jurídica, confianza legítima, lealtad institucional, buen gobierno y transparencia".
Además, la Abogacía de la Generalitat llama la atención en su informe jurídico sobre el hecho de que el nuevo texto del Ministerio hable de estudios y evaluaciones cuando, al mismo tiempo, fija de antemano unos caudales ecológicos al alza sin compromiso alguno de establecerlos en función de un análisis previo, tal como sí contempla la versión original suprimida a última hora por el Ministerio.
En consecuencia, la introducción de ese programa de seguimiento al que se alude en la redacción modificada de la adicional novena, tal como subraya la Abogacía de la Generalitat, "ha quedado totalmente desnaturalizada y se ha convertido en ilógica e inútil", de manera que el nuevo texto enviado por el Ministerio al Consejo de Estado adolece de "falta de criterio y rigor técnico".
Según la Generalitat, la norma prevista "cuestiona el trasvase y no tiene en cuenta los impactos económicos que ocasiona". Además insiste en que es indispensable recuperar la versión inicial de la disposición novena "para conseguir la seguridad hídrica, dado que la propia instrucción de Planificación Hidrológica considera la necesidad de un análisis previo a la fijación de los caudales ecológicos en el plan".
Protesta en Madrid
El malestar por el nuevo plan del Tajo en las comarcas del sur de Alicante, Murcia y Almería que reciben este agua para uso agrícola ha llevado a la convocatoria de una manifestación mañana en Madrid. La protesta ha sido organizada por varios sindicatos agrarios de la zona con el apoyo de algunas administraciones públicas y de patronales empresariales.
