Madrid
La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, afirma que el documento remitido al Consejo de Estado que afecta al trasvase Tajo-Segura es el que fue respaldado mayoritariamente en el Consejo Nacional del Agua.
"Los criterios técnicos y científicos" para la fijación del caudal ecológico del Tajo "son exactamente los mismos que se han utilizado en el resto de las demarcaciones hidrográficas de España", explicó Ribera tras el desayuno informativo Retos de la transición ecológica en 2023 organizado por el Club Diálogos para la Democracia.
Asimismo, la ministra llamó a respetar la legislación "porque hay sentencias, porque lo necesitamos, porque es un río compartido". Y es que que existen cinco sentencias del Tribunal Supremo que obligan a fijar caudales ecológicos al Tajo y, por tanto, reducir el agua trasvasada al Segura.
"Castilla La Mancha sí aceptó unos caudales que no podía ser su pretensión cuantitativa. Además, socialmente y económicamente necesitábamos poder garantizar a las cuencas receptoras del trasvase un volumen de agua nacional suficiente", dijo la vicepresidenta tercera.
Por tanto, el caudal debe aplicarse de manera progresiva "para dar tiempo a que nuestras inversiones en más agua desalada, interconexión desaladoras, más agua reciclada y eficiencia dieran su fruto y no hubiera ningún tipo de tensión y de preocupación para con los regantes", sentenció Teresa Ribera.
Durante la jornada de hoy Carmen Crespo, consejera de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, ha reclamado a la ministra que tenga "sensibilidad" para "rectificar" el Plan Hidrológico del Tajo y ha asegurado que, si "sigue adelante" la "sentencia de muerte" para el trasvase, los gobiernos autonómicos de Andalucía, Murcia y Valencia harán todo lo que este en sus manos para "defender los derechos de regantes y usuarios".
Tras la concentración de miles de regantes, políticos y representantes de patronales y sindicatos frente al Ministerio para la Transición Ecológica en Madrid, la consejera andaluza ha indicado que los tres ejecutivos están analizando la "figura jurídica" necesaria para quitar lo que ha definido como "una losa sobre la cabeza" de los productores agrícolas del Levante.
