Los economistas apuestan por revalorizar las pensiones por debajo del IPC medio y piden un pacto de rentas "urgente"

El debate entre Fedea y el Consejo General de Economistas (CGE) ha tratado la necesidad del Pacto de Rentas "de forma urgente". En concreto, sobre el impacto en los jubilados, Ángel de la Fuente explica que "habría que revalorizar las pensiones mínimas con la inflación, el margen es pequeño y son rentas modestas". De cara a un acuerdo amplio entre rentas, el director ejecutivo de Fedea apuesta por que el resto de pensiones se revaloricen por debajo de la inflación media anual, igual que los salarios y los funcionarios, "con la tasa que se marque para estos".

La actual coyuntura económica, con una gran incertidumbre a nivel global y una escalada de precios que eleva la inflación al 10,2% interanual en España, lleva a tomar decisiones complicadas para momentos complicados. Es la filosofía que desprende el debate entre Fedea y el Consejo General de Economistas (CGE) ante esta actual crisis: los economistas apuestan por un Pacto de Rentas que incluya al sector público y a los pensionistas. Además, instan a la formación política a alcanzar un consenso amplio para tomar una medida amplia económica.

Si bien las pensiones no son un elemento principalmente inflacionista, el director ejecutivo de Fedea, Ángel de la Fuente, alerta de un descuadre de las cuentas presupuestarias de entre "18.000 y 20.000 millones de euros", dependiendo del comportamiento de los precios este segundo semestre del año. De hecho, organismos como la AIReF pronostican ya un desvío de 13.000 millones de euros a causa de las pensiones, y Funcas plantea ya una inflación media anual cercana al 9%. Con sus previsiones, el IPC medio al que estarían indexadas las pensiones sería del 8,75%.

Este impacto, según explica Ángel de la Fuente en conversaciones con elEconomista.es, se argumenta un crecimiento insuficiente de las cotizaciones frente al desvío que provoca un IPC que, en lo que va de año, "está en torno al 8,5%". A la revalorización de las pensiones con esta tasa, hay que añadir unos 2'5 puntos de crecimiento "natural" del gasto en pensiones como consecuencia del aumento en el número de pensionistas y la subida de sus bases medias de cotización.

El gasto en pensiones este año rondará unos 175.000 millones, explica De La Fuente, así que el incremento en el gasto el año que viene se moverá entre los 18.000 y los 20.000 millones de euros. "Algo más se recaudará en cotizaciones, pero se quedará muy lejos. Así que si nos empeñamos en actualizar todas las pensiones con el IPC, quedará poco margen para cualquier otro gasto adicional", sentencia. 

Un acuerdo amplio

Precisamente, los expertos apuestan por un gran pacto, firme, definitivo y amplio. Criticaron que el Gobierno de Pedro Sánchez anuncie medidas "cada dos semanas". En su opinión, lo que necesita el país es que la formación política pacte y conforme un plan económico de mayor firmeza. En este pacto incluirían también al sector público, para el que tomarían una fórmula similar a las pensiones: subirían los sueldos del sector público por debajo de la inflación media y tomando una tasa conjunta para el sector privado, pensionistas y funcionarios.

En la sesión han participado Valentín Pich, presidente del Consejo General de Economistas de España (CGE); Ángel de la Fuente, director ejecutivo de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), y Jordi Alberich, vicepresidente coordinador del Instituto de Estudios Estratégicos.

Hasta el momento, los agentes más relevantes y parte activa en el debate sobre un posible pacto de rentas –gobierno, patronal y sindicatos– han coincidido en el diagnóstico, pero todavía no han logrado alcanzar un acuerdo de mínimos. Ante una cuestión de tanto calado para nuestra economía, el CGE y la Fedea han considerado oportuno celebrar un coloquio para debatir sobre la conveniencia, o no, de un pacto de rentas, y, en caso de llevarse a cabo, qué características debería tener, mientras instan por un acuerdo urgente.

El director ejecutivo de Fedea y el presidente del Consejo General de Economistas han cerrado el acto enunciando las principales conclusiones de la jornada que, a modo de resumen, son las siguientes: Los agentes sociales y el gobierno deberían consensuar de manera urgente un pacto de rentas amplio que debería incluir a empleados públicos y pensionistas al nivel que corresponda.

También habría de incrementarse aún más la protección a los ciudadanos en riesgo de exclusión y a los sectores productivos más golpeados por el alza de precios mediante ayudas directas en forma de transferencias no condicionadas; y debería deflactarse la escala de gravamen del IRPF, ajustando al alza los intervalos de renta a los que se aplica cada tipo, con el fin compensar la pérdida de poder de compra real de las rentas.

Nuevos impuestos

En cuanto a los nuevos impuestos a las compañías energéticas y a las entidades financieras anunciados este martes por el presidente del Gobierno, el Consejo General de Economistas y Fedea han advertido, a la espera de una mayor concreción, que la introducción de impuestos ad hoc que graven de forma diferenciada a determinados sectores no suele ser recomendable, entre otras cosas, porque introduce un elemento de inseguridad jurídica que hace el país menos atractivo para la inversión y la actividad económica.

Por otra parte, los impuestos a las eléctricas deberían ser diseñados con cuidado pues ya existen otros mecanismos para detraer posibles rentas extraordinarias del sector y, como advierte la Comisión Europea, un exceso de celo en esta línea tenderá a desincentivar la inversión en nueva capacidad renovable. En el caso de las entidades financieras, además, es muy difícil argumentar que el inicio de la normalización de los tipos de interés pueda estar generando grandes beneficios atípicos. Al contrario, el sector lleva años operando en un escenario complejo, caracterizado por la estrechez de los márgenes y se enfrenta  en el futuro inmediato a significativos riesgos de morosidad derivados de la pandemia.

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