
El rally inflacionista de final de año ha terminado por descuadrar buena parte de las previsiones plasmadas por el Gobierno en los Presupuestos Generales de 2022, incluidas las correspondientes al gasto estimado en pensiones. Concretamente, entre la previsiones que se fijaron allá por finales de septiembre y la confirmación de las subidas de las prestaciones estipuladas para las pensiones para comienzos de 2022, que fueron confirmadas por el Ejecutivo este miércoles, existe una diferencia de 2.700 millones de euros. Es decir, solo en dos meses el avance del IPC, ya confirmado en 2,5% de media entre noviembre de 2020 y de 2021, ha agregado 0,2 décimas de PIB al gasto total del próximo ejercicio.
Concretamente, este dato de IPC ya confirmado en noviembre en el 5,5% interanual ha elevado las cuantías previstas de dos facturas respecto a lo estimado en septiembre. En el proyecto de Presupuestos entonces sustanciado en Consejo de Ministros se fijó una subida general para las pensiones del 1,9%, que el IPC que el Ejecutivo preveía para la media de los doce meses hasta noviembre. Ahora, sabemos que esa media es hasta un 0,6% mayor y por lo tanto implica respecto al gasto previsto para esa subida un sobrecoste de 750 millones de euros en la revalorización anual.
Del mismo modo, ese 2,5% fija la desviación efectiva entre la subida realizada para las pensiones a comienzos de 2021, del 0,9%, y el nivel de incremento de los precios final en el conjunto del año. Desviación que históricamente se compensa con la denominada como paguilla en el mes de febrero, cuando se abona un pago en concepto de compensación. Ahora se confirma que esta paguilla deberá compensar un 1,6% de caída de poder adquisitivo que refieren los pensionistas en este 2021. Concretamente, el coste de la misma será de unos 2.000 millones de euros.
En suma, esta pequeña desviación de la inflación aplicada para los cálculos del Presupuesto General de 2022 y la finalmente sustanciada a mes de noviembre, supone un sobrecoste en la factura de pensiones que afronta la Seguridad Social y que asciende a 150.000 millones de euros. Así, finalmente, la subida de las prestaciones que desde 2022 queda sujeta a la inflación causada en el año anterior y no a la prevista en los doce meses posteriores en virtud de la reforma aprobada recientemente en el Congreso de los Diputados, tendrá un coste para las arcas de la Seguridad Social de 3.000 millones de euros, lo que supondrá la revalorización más cara de los últimos 15 años.
Con esta revalorización del 2,5%, la pensión mínima de jubilación será en 2022 de 10.103,8 euros anuales (721,7 euros mensuales en 14 pagas) en el caso unifamiliar, frente a los 9.808,4 euros de 2021, y alcanzará hasta los 12.467 euros con cónyuge a cargo (en 2021, era de 12.103 euros). Por su parte, la pensión de jubilación máxima se situará el año próximo en 39.468,66 euros anuales (2.819,1 euros mensuales), 962,78 euros más que en 2021.
Desviación de precios
Además, el Gobierno ha confirmado hoy que los beneficiarios del ingreso mínimo vital (IMV) también recibirán, como los pensionistas, una paga compensatoria dado que las nóminas se revalorizaron un 0,9%, 1,6 puntos por debajo del la subida media de los precios. Según ha indicado José Luis Escrivá en alguna ocasión, la paguilla no va a desbordar la previsión de gasto porque la Seguridad Social está "recaudando claramente más" de lo estimado, porque la economía "está funcionando cada vez mejor".
Estas revalorizaciones se suman a las ya anunciadas previamente del 3% para pensiones mínimas, pensiones no contributivas e IMV (la renta garantizada para la unidad familiar compuesta por un adulto se situará en 5.899,6 euros) que se aplicará en la segunda mitad de enero.
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