Parece un tanto contradictorio, pero los datos publicados por el Banco Central Europeo (BCE) revelan que España ha sido el país de la Eurozona que menos apoyo directo ha brindado a la economía durante la grave recesión causada por el covid-19. España ha usado poco más de un 1% del PIB en medidas de gasto discrecionales para contrarrestar la recesión, que ha terminado hundiendo el PIB de España un 11%, la mayor contracción de toda la zona euro.
El BCE ha publicado un análisis en el que suma las medidas fiscales discrecionales relacionadas con el covid-19 adoptadas por los países, que tienen un impacto presupuestario en 2020, y las ha comparado con el gasto discrecional que se puso en marcha en la crisis 2009. Estos datos muestran que España es el país que menos esfuerzos ha dedicado a estas medidas y además es el único, junto a Luxemburgo, que ha usado menos recursos en que en 2009.
Para calcular estos gastos, el BCE ha descontado la partida usada para los Ertes (puede ser tratado como un estabilizador automático) o los avales para garantizar la liquidez a las empresas, puesto que en el muy corto plazo no tienen un impacto en el presupuesto (en el futuro pueden tenerlo si las empresas impagan los créditos avalados). De esta forma, España es de lejos el 'farolillo rojo' del euro. Mientras que países como Lituania, Austria, Italia o Países Bajos han gastado más del 5% del PIB, España solo ha implementado medidas por valor del 1,3% del PIB. La media de los 19 países del euro está ligeramente por encima del 4% del PIB.
Si bien es cierto que España ha gastado más de 40.000 millones de euros en los Ertes y ha lanzado vastas líneas de avales para garantizar el crédito a las empresas, ¿por qué aparece la última en dicha clasificación? Cuando la Comisión Europea y el BCE hablan de políticas fiscales discrecionales con impacto directo en el presupuesto se refieren a medidas como rebajas de impuestos (Alemania bajó el IVA), reducciones en las cuotas a la Seguridad Social, medidas de inversión pública o apoyo directo a las empresas o a los hogares. En todas estas medidas, casi sin excepción, es donde España se ha quedado atrás.
El documento destaca que durante esta crisis no solo eran necesarios los estabilizadores automáticos (Ertes, prestaciones por desempleo...), sino que además resultaba fundamental dirigir el gasto de forma concreta y a sectores específicos para reducir la gravedad de la recesión, algo en lo que España ha puesto un empeño mucho menor que sus socios europeos. El Banco de Francia también advirtió en un trabajo reciente que para salir de la trampa de liquidez actual eran necesarias este tipo de medidas, sobre todo impulsar la inversión pública, que no es lo mismo que el gasto público.
La inversión pública en proyectos rentables y necesarios suele tener un coste elevado, pero que se 'autofinancia' por sí solo a largo plazo, mejorando la productividad, atrayendo inversión extranjera y facilitando los negocios y la vida en general de las personas. En muchos países de la zona euro, entre ellos España, se observa un desplome de la inversión pública sobre PIB desde la pasada crisis, aunque el gasto público se ha mantenido o incluso ha aumentado. Esta crisis y los fondos europeos son una oportunidad de oro para devolver algo de protagonismo a este tipo de inversión.
El BCE avala esta visión en su boletín mensual: "En general, las políticas fiscales han apoyado a la economía de la zona del euro de dos formas: mediante el funcionamiento de estabilizadores automáticos y acciones discrecionales. Los estabilizadores automáticos son considerables en los países de la zona del euro y son eficaces para amortiguar las perturbaciones económicas. Sin embargo, la gravedad y las particularidades de la crisis de covid-19, con la oferta y la demanda significativamente afectadas requieren el uso de importantes medidas de apoyo fiscal discrecional".
Pese a esta 'inacción' en lo que se refiere a políticas fiscales discrecionales (según la metodología del BCE y de la Comisión Europea), España va a tener el dudoso honor de presentar el mayor desequilibrio fiscal en sus cuentas de toda la zona euro en 2020, 2021 y 2022. El descuadre de 2020 podría alcanzar el 12,2% del PIB (según la Comisión Europeo), el más elevado de toda la democracia. Bajo ese dato se oculta un déficit estructural que lleva años creciendo y que en momentos de crisis como el actual supone una barrera para poder gastar e invertir todo lo necesario para apoyar la economía.