Bruselas
Las complicadas negociaciones para sacar adelante el fondo de recuperación de 750.000 millones de euros, y el presupuesto comunitario de algo más de un billón de euros, implican un sinfín de frentes, instituciones, recelos y trámites que amenazan con retrasar la llegada de los fondos, inicialmente prevista para la primavera del próximo año.
Las discusiones no marchan bien entre los Estados miembros y el Parlamento Europeo, sobre todo por la condicionalidad del respeto al Estado de Derecho. La entrada en vigor del fondo, sobre todo del Instrumento para la Recuperación y la Resiliencia, su principal pilar, se podría retrasar más allá del 1 de enero, inicialmente previsto. De esta manera, la ayuda europea podría no llegar al menos hasta el verano de 2021, dados los trámites que se tienen que superar en todos los Estados miembros para que la UE pueda pedir prestados los 750.000 millones.
Los 140.000 millones que recibiría España del fondo serán claves para amortiguar la pandemia, sobre todo siendo el país que más está sufriendo la segunda ola tanto desde el punto de vista económico como sanitario.
Por eso, el Gobierno volvió a presionar este martes a sus socios europeos para agilizar las negociaciones, pidiendo un ejercicio de "responsabilidad" a todas las partes.
El secretario de Estado para Asuntos Europeos, Juan González-Barba, dijo que "no consideramos que pueda haber alternativa" a que el fondo entre en vigor el 1 de enero. Recordó que si los líderes europeos lograron en julio un acuerdo histórico sobre los principales elementos del fondo tras una cumbre maratoniana, ahora no debería retrasarse la finalización de los detalles.
Los ministros de Asuntos Europeos de los 27 pasaron revista este martes al estado de las negociaciones con la Eurocámara. El miércoles se celebrará una nueva ronda con los equipos del Consejo (que agrupa a los 27) y los eurodiputados.
González-Barba recordó que "el mayor escollo" para lograr un acuerdo continúa siendo el respeto al Estado de Derecho. Hungría y Polonia amenazan con vetar que la UE pida prestados los 750.000 millones si se imponen unas condiciones que se entrometan en sus sistema legal y jurídico. Por otra parte, el Parlamento Europeo, respaldado por países como Holanda o Dinamarca, quieren endurecer el compromiso cerrado por los Gobiernos. No solo quieren que se evite la corrupción o el conflicto de intereses al usar los fondos, sino también el respeto a independencia de la Justicia o los medios.
Acercar posturas
La Eurocámara y el Consejo intentaron acercar posturas este lunes. Alemania, al frente del Consejo este semestre, indicó tras el encuentro que la discusión fue constructiva y sirvió para que cada lado entendiera mejor las posiciones del campo contrario.
El Estado de Derecho no es el único punto de fricción entre ambas instituciones. El Parlamento también quiere aumentar el volumen de gasto del presupuesto comunitario para los próximos siete años, actualmente de 1,074 billones de euros.
Los eurodiputados piden 39.000 millones más para 15 partidas como Erasmus, Innovación, Defensa o Desarrollo. El equipo negociador de la Eurocámara envió una carta a la presidencia alemana para justificar su propuesta. Consideran que este dinero adicional se corresponde con el tijeretazo dado en julio a la propuesta original de la Comisión (de unos 26.000 millones de euros) e incluye los 13.000 millones de euros del pago de intereses del dinero del fondo que se pedirá prestado, y que serían cubiertos por el presupuesto comunitario ordinario.
La presidencia alemana ofreció la pasada semana como máximo añadir unos 9.000 millones de euros. Fuentes de ambas instituciones señalan fueran de micrófonos que al final se podrá lograr un acuerdo, que sitúan en torno a los 13.000 millones de euros de los intereses.
La Eurocámara además también ha pedido una mayor participación en la supervisión del propio fondo de recuperación, una opción que ya se está perfilando en grupos técnicos. Y la izquierda y los verdes también quieren eliminar las referencias a los ajustes fiscales que se incluyeron en el texto legislativo del fondo, un nuevo frente que podría salir también durante las negociaciones.
Europa aprueba un mapa covid común
Los 27 acordaron el martes tener un mapa único para reflejar el riesgo epidemiológico en Europa, y unos criterios comunes para calificar las regiones en zonas verdes, naranjas o rojas, en función de los positivos por cada 100.000 habitantes o de las pruebas realizadas. Eso sí, cada Gobierno podrá decidir qué medidas aplica a quienes procedan de zonas naranjas o rojas, por ejemplo si se limitan a realizar tests o si también incluyen cuarentenas.
