Bruselas
El Gobierno español confía la recuperación económica en gran parte al estímulo fiscal sin precedentes de la UE. La crisis que provocará el covid-19 será más profunda en nuestro país, sobre todo tras el impacto de la segunda ola. Dado el escaso margen presupuestario que deja el embiste de la pandemia, el balón de oxígeno europeo resulta crucial para salir del agujero.
La ministra de Economía, Nadia Calviño, ya había empezado a preparar el plan nacional de inversiones y reformas con el que acceder a los 140.000 millones de euros que le tocarán a España, del total de 750.000 millones de euros del fondo de recuperación.
Sin embargo, fuentes comunitarias advirtieron este jueves que los fondos no estarán listos para el 1 de enero, como se aspiraba en un primer momento. Tampoco para la próxima primavera, como apuntaba la mayoría en las últimas semanas. E incluso es "optimista" esperar que los desembolsos puedan llegar para mediados de 2021, apuntaron las mismas fuentes. Podría suceder, añadieron, siempre que todos los actores implicados aceleren la aprobación y puesta en marcha del fondo.
De esta manera, el Gobierno se quedará sin una inyección presupuestaria fundamental para relanzar el crecimiento el proximo año, sobre todo teniendo en cuenta que el sector del turismo podría continuar sufriendo por la falta de una vacuna. Incluso en el mejor de los casos, nuestro país recibiría solo una pequeña parte de los fondos que le tocan, unos 14.000 millones de euros, que sería el 10% de prefinanciación que los líderes europeos acordaron adelantar en julio para los Estados miembros al arrancar sus programas de inversiones y reformas.
Las fuentes comunitarias indican que, más allá de esta prefinanciación, no está claro que haya un segundo desembolso de los fondos asignados para cada país el próximo año. A partir de entonces se irán transfiriendo a los países bianualmente, según vayan cumpliendo una serie de metas acordadas con la Comisión en relación con las inversiones yr reformas propuestas.
Negociaciones lentas
El retraso se debe a que, a pesar de la buena voluntad por todas las partes, las negociaciones no van tan rápido como se esperaba para aprobar aumento del techo de gasto comunitario, para poder pedir prestados los 750.000 millones de euros del fondo, y de la Facilidad para la Recuperación y la Resiliencia. Esta Facilidad es el eje para canalizar la ayuda europea, al inyectar 672.500 millones del total a través de los planes de inversiones y reformas.
Además, una vez que el Parlamento Europeo y los Estados miembros logren un acuerdo sobre estos dosieres, los parlamentos nacionales tienen que ratificar posteriormente el aumento del techo de gasto, por lo que no se espera que el proceso concluya probablemente hasta la primavera del año que viene, si no más tarde.
La Comisión quiere al menos tener listos y aprobados para entonces todos los planes nacionales de inversiones y reformas. Así, en cuanto pueda acudir a los mercados para endeudarse solo tendría que transferir el dinero a los Estados miembros. Además del visto bueno de la Comisión, que debe bendecir los planes en un máximo de dos meses, los ministros de Finanzas de la UE también deben aprobar por mayoría cualificada las inversiones y reformas propuestas para acceder a la ayuda europea.
La Comisión presentó el jueves unas directrices a los Estados miembros para asistirles en la preparación de sus propuestas. Según explicaron las fuentes comunitarias, el punto de partida, y uno de los principales criterios, serán las recomendaciones anuales que emite el Ejecutivo comunitario a los Estados miembros, principalmente las de 2019 y 2020. También incluye las reformas en materia laboral que haya solicitado Bruselas a las capitales, confirmaron las mismas fuentes. La Comisión ya advirtió en el pasado a nuestro país que tendría que tener cuidado si modificaba la reforma laboral del PP, ya que podría afectar a la creación de empleo, aunque también recomendó a nuestro país que abordara la precariedad laboral.
Las directrices que dio este jueves la Comisión incluyen siete areas prioritarias, sobre todo en el campo de la sostenibilidad, como la renovación de edificios, y la agenda digital. Una de las iniciativas propuestas para acceder a los fondos es la digitalización de la administración pública, incluyendo la Justicia y la Sanidad, una de las grandes reformas pendientes en España.
