Madrid
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez intentará hasta el último momento no emprender el mismo camino al que se vio obligado el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en mayo de 2010, ante una situación fiscal que se complica cada semana que pasa. Los últimos registros de ejecución presupuestaria que revelan un desplome de la recaudación y un aumento sin precedentes del gasto público, unidos a los malos datos de coyuntura macroeconómica, la imposibilidad de que se conceda anticipo alguno del nuevo Fondo de Recuperación y Resiliencia europeo (los 140.000 millones a los que optaría España) y las necesidades financieras que se acumulan a final de año, harán muy difícil que el Gobierno pueda mantener la actual hoja de ruta, teniendo que asumir una moderación en las pretensiones de Pedro Sánchez y en las de su socio de Gobierno.
Si bien el momento cíclico y la naturaleza y desarrollo de la actual anemia económica no es comparable a la que se desató tras la crisis de la deuda de Grecia entre abril y mayo de 2010, hay elementos tanto de la política económica de gestión de la situación como también elementos discursivos que recuerdan a muchos aspectos que acontecieron entonces. En aquel momento, el Gobierno de Zapatero atravesaba su segundo año de gestión de una crisis de origen financiero que se había convertido en una grave crisis estructural con destrucciones anuales de desempleo en el entorno del millón de empleos y una caída acumulada del PIB del 5%. Sin embargo, el Gobierno era enormemente optimista con la evolución de la economía ya que desde el verano de 2009 se venía atenuando la caída del PIB real hasta alcanzar una tasa positiva en el primer trimestre de 2010.
Eran los tiempos de los brotes verdes, continuaban los programas de estímulo fiscal y monetario y los países de los que más dependía la economía española también amortiguaban la caída de 2008 como Francia, Italia o Alemania. A pesar de este optimismo, desequilibrios reales como el desempleo, la salud del sistema financiero (la morosidad pasó del 3,3% en 2008 al 5,75% y siguió su escalada hasta el 13,77% en 2013) o el elevado déficit público que había llegado a la histórica cifra del 11,1% del PIB y la escalada de la deuda pública, advertían de la fragilidad de la coyuntura. Bastaba con que se produjera una mutación inesperada de la crisis para dar al traste con los planes gubernamentales y con la aparente recuperación económica. Y así se produjo: Grecia reconoció su incapacidad de servir a su deuda y desencadenó la crisis de deuda que hundió la confianza en los países del sur de Europa y la frágil recuperación.
A partir de aquí, se produjo el giro copernicano en el Gobierno Zapatero. El 12 de mayo de 2010, se anunció el plan de ajuste negado en tantas ocasiones en las semanas anteriores donde las medidas más importantes eran la congelación de las pensiones y el recorte de sueldos de los empleados públicos. De esta manera, se quería conseguir un ahorro rápido del gasto mensual y poder hacer más sostenible unas cuentas públicas en serio riesgo. Nunca antes se había producido un recorte tan importante del gasto público social en democracia y ni mucho menos un Gobierno socialista. Los discursos pueden cambiarse, retorcerse o incluso decir una cosa y al día siguiente la contraria, pero el elemento que no puede faltar en el gobernante es la responsabilidad. Y ésa suele aparecer en el último minuto antes de que la economía se despeñe cual chicken game.
El actual Gabinete Sánchez-Iglesias puede verse abocado a tomar medidas en contra de su voluntad
Las crisis son distintas como advierten Reinhart y Rogoff en el título de su exitoso libro Esta vez es distinto: ocho siglos de necedad financiera, pero también tienen cosas comunes y si hay algo que no suele cambiar es el set de políticas económicas aplicables para gestionar la situación. Por ello, el actual Gabinete Sánchez-Iglesias puede verse abocado a tomar medidas en contra de su voluntad porque no les quede más alternativa que hacerlo.
Siempre existen alternativas, pero en momentos de dificultad extrema, la forma de abordar los problemas suele parecerse bastante. Es quizá lo que ocurre y ocurrirá en los próximos meses en España. Tras un verano decepcionante desde el punto de vista económico (parálisis de la recuperación que se inició en mayo hasta mediados de julio) y con enormes necesidades financieras por delante, el Gobierno debe empezar a preparar el camino de los ajustes si quiere afrontar un reto triple: primero, no agrandar más el agujero que deja la fuerte caída de la recaudación fiscal (que alcanza el 18,4% al cierre del primer semestre, con una caída histórica del IRPF de casi el 30%), segundo, cubrir las necesidades de caja urgente para los dos últimos meses del año en que es necesario pagar las extras a los empleados públicos y las pensiones -sobre las que el Ejecutivo negó este viernes una eventual congelación-, y tercero, aprobar un Presupuesto para 2021 acorde con las exigencias de Bruselas donde se tapone la sangría del déficit (el cual puede llegar en las estimaciones más pesimistas hasta el 15%).
Incluso aunque obligadamente se tengan que hacer emisiones extraordinarias del Tesoro en esos dos meses (donde el riesgo está en una escalada de los intereses porque el BCE ya está sobrecomprando la deuda con respecto a la clave de capital de España en él), no será suficiente para tener una situación desahogada tanto al final de este año como hasta abril de 2021 en que teóricamente se empiecen a desembolsar los fondos europeos. ¿Veremos, en suma, a Sánchez haciéndose un Zapatero al final de este año?
