La falta de liquidez de las empresas amenaza con provocar cierres masivos

Los empresarios reclaman del Gobierno medidas de liquidez duraderas para evitar una ruptura de la cadena de pagos, que agrave el impacto de la crisis sanitaria en la economía y aboque a muchas compañías al cierre. La desescalada gradual decretada unilateralmente por el Gobierno de Pedro Sánchez, que ha desatado duras críticas en los partidos de la oposición, debe ir acompañada de medidas complementarias, a juicio de las patronales, y de una extensión de las medidas de emergencia adoptadas, tales como aplazamientos y moratorias de impuestos, extensiones de los Ertes por fuerza mayor, y una mayor y más ágil afluencia del crédito con aval público, que no fluye como consecuencia de la batalla de las entidades bancarias con el ICO.

Todo ello, cuando ya, a cierre de diciembre de 2019, existía un bolsa de 130.000 millones de deuda embalsada en la demora de pagos por parte de grandes empresas y Administraciones a los proveedores, que aumentará en volumen y plazo de desembolso. El objetivo es evitar reeditar lo ocurrido en 2008, cuando la incertidumbre de las empresas sobre sus ventas y nivel de actividad provocó que demoraran pagos, sobre todo a los proveedores más pequeños y con menos capacidad de negociación. Así ocurrió con un tercio de las compañías, que cerraron por causas vinculadas a la morosidad durante la crisis de 2008.

La CEOE pide flexibilizar los Ertes para ir acompasando la situación

Ni patronal ni sindicatos parecen conformes con el plan de desescalada anunciado el martes por Sánchez. Los agentes sociales critican la ausencia de una negociación previa para consensuar detalles del plan de reapertura. En este sentido, desde CEOE apuntan que, si bien es buena noticia tener referencias y un horizonte temporal, "como la desescalada es gradual, se tienen que flexibilizar los Ertes para que se vayan acompasando a la situación, y del mismo modo, extender las medidas de liquidez", apuntan desde la patronal, criticando que si bien es cierto que se han abordado conversaciones con el Ejecutivo sobre las medidas, el plan definitivo lo han recibido a través de los medios de comunicación, sin haber sido negociado previamente.

Del mismo modo, desde Foment del Treball advierten que "es imprescindible" que la desescalada se haga con su acuerdo y lamentan no haber sido consultados previamente. La patronal que encabeza Josep Sánchez Llibre pide nuevas medidas extraordinarias de carácter fiscal, laboral y económico, que acompañen la gradualidad del fin del confinamiento para evitar cierres masivos de negocios y compañías en próximos meses.

Las compañías piden tener voz

"Es necesario escuchar a los empresarios y consultar a la patronal", es la reivindicación en la que coinciden los sectores del comercio, hostelería, restauración, hoteles, y cultura que son, en definitiva, de los que más depende el progresivo regreso a la "nueva normalidad" y a los que más impactan las sucesivas fases del plan.

Precisamente, ésta es la sensación que queda en Cepyme, desde donde se recuerda que pese a la existencia de una mesa constituida ex profeso para dirimir los detalles de la desescalada en la que han realizado aportaciones los diferentes agentes sociales, el documento final no fue previamente consensuado. En este sentido, el presidente de Cepyme, Gerardo Cuerva, asegura que "el plan no se nos ha consultado previamente, nos enteramos con el anuncio del presidente, y lo lamentamos porque muchas organizaciones empresariales estaban avanzando planes específicos a nivel sectorial".

Además, desde Cepyme recuerdan que todavía no se conocen todos los detalles del plan y que "estamos ante un nuevo escenario, por lo que la desescalada deberá llevar aparejada un plan de medidas para hacer viable la actividad en esas condiciones. No puede costar más abrir que continuar cerrado, por tanto se tiene que contemplar esa nueva situación".

La patronal madrileña Ceim ve positivo el proceso de reactivación de la economía planteado en la desescalada del confinamiento, pero entiende que debería haberse "consensuado" con los distintos sectores económicos.

En la otra cara de la moneda, pero con similares inquietudes, han recibido los sindicatos el anuncio: CCOO y UGT exigen al Gobierno más protección para los trabajadores, medidas preventivas, EPIs y pruebas diagnósticas. En este sentido, UGT reclama al Ejecutivo "un certificado o sello dirigido especialmente para las empresas de los sectores de comercio, hostelería y restauración, que certifique la salubridad y la seguridad de las instalaciones" y un plan de contingencias que detalle las medidas concretas que cada empresa va a adoptar para impedir contagios.

Desde la Mesa del Turismo, Exceltur y la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos se considera "inviable" la reapertura del sector turístico "en unas mínimas condiciones económicas y operativas" a partir del 11 de mayo diseñada por el Gobierno, al incorporar "diversas restricciones y contradicciones". Demandan medidas específicas porque el turismo es una cadena de valor presa del cerrojo a la movilidad. Y el transporte público precisa que el Ejecutivo redoble la aportaciones públicas a metro, bus y cercanías. Las limitaciones de ocupación que contempla el plan de desescalada se traducirán en una fuerte caída de los ingresos.

"La fase de hablar con la oposición"

La oposición, al igual que parte de los socios del Gobierno de Pedro Sánchez critican la forma de proceder del Ejecutivo a la hora de abordar las medidas para afrontar la desescalada. El líder del PP, Pablo Casado, criticó este miércoles en el Congreso que la oposición se enteró por la prensa del plan de desescalada y que tampoco había informado con anterioridad a las comunidades autónomas sobre los detalles del mismo, ni a la Unión Europea. También el portavoz adjunto de Ciudadanos, Edmundo Bal, criticó al presidente la falta de autocrítica por la gestión de la crisis sanitaria y aseguró en línea con las quejas de los populares que en el plan de desconfinamiento "falta la fase de llamar a la oposición".

El plan de desescalada del Gobierno para lograr la normalidad

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