España cuenta ya, con evidente retraso respecto a sus homólogos europeos, de un plan para la desescalada de la cuarentena motivida por la crisis del coronavirus. De hecho, el Gobierno ha querido diferenciarse más de otros paíse de la UE y establece una hoja de ruta que evita pautarse en fechas concretas y se vehicula a través de "fases" con una duración mínima de 15 días en cada una.
Más allá del formato, lo que cabe reprochar al plan es el hecho de que siga tomando como base una medida excepcional como es el estado de alarma. El presidente Sanchez no sólo busca prorrogar su vigencia por otros quince días, a partir del 9 de mayo. Además, alega la necesidad de mantenerlo como garantía para evitar los desplazamientos entre provincias y autonomías. Sin embargo, existen otros medios de control de la movilidad que no resultan tan lesivos para los derechos fundamentales de los ciudadanos. Es probable que estos últimos no vean restaurada por completo su movilidad (en España) hasta finales de junio. Se apuran así los plazos para salvar la temporada de verano pero, también desde este punto de vista, la desescalada corre el riesgo de mostrarse demasiado restrictiva. La limitación de los aforos para los locales de hostelería será de un tercio aún en la Fase 2 de la hoja de ruta.
La hoja de ruta sigue basada en el estado de alarma y en limitaciones a los aforos demasiado restrictivas en varias áreas
Es más, ya avanzados en la Fase 3, bares, restaurantes y pequeños comercios podrán utilizar solamente el 50% de su capacidad total. Es una situación insostenible para negocios paralizados desde marzo, a los que se les cierran otras puertas como la capacidad de prolongar, por más de tres meses, sus Ertes por causa de fuerza mayor. Si en la desescalada no se contemplan ayudas que compensen estas limitaciones, miles de empresas están ya abocadas a la quiebra.
