El Gobierno, desde que decretó el Estado de Alerta y el confinamiento de la población, ha anunciado innumerables medidas de ayuda económica para paliar los efectos de la pandemia del coronavirus tanto a empresas como a familias. Pero ni todas están llegando como se esperaba ni todas están puestas a disposición. Están llegando a cuentagotas, pese a las urgencias de muchos colectivos.
En este escenario, una de los compromisos más relevantes adoptados por el Ejecutivo, el ingreso mínimo vital, está sumiendo a los miembros del Consejo de Ministros en un conflicto de gran magnitud, que está provocando su lanzamiento.
Mientras el vicepresidente Pablo Iglesias insiste en que la renta llegará a los afectados por la pandemia en mayo, tal y como se reafirmó el jueves, desde el Ministerio de Seguridad Social se reitera que podría no estar disponible, al menos, hasta junio. El Ejecutivo trabaja para establecer los criterios, entre los que destacan la cuantía (de entre 400 y 500 euros mensuales) y los posibles beneficiarios. El coste total de una medida que podría suponer unos 6.000 millones a las arcas del Estado.
Otra de las medidas estrella anunciada ha sido la relativa a los créditos para pagar el alquiler para las personas más castigadas por la pandemia. Todavía estos préstamos no se pueden solicitar. Se espera que a partir de la próxima semana el Gobierno establezca las condiciones definitivas, pero todo parece indicar que no estarán disponibles para que los colectivos más vulnerables puedan acceder a ellos para abonar la renta mensual de mayo.
El Ejecutivo va a poner en marcha avales de 1.200 millones, para que el Estado garantice el pago de micro créditos al 0% de interés. Aunque la norma tiene carácter retroactivo desde el 1 de abril, los inquilinos tendrán que hacer frente al pago aunque se hayan visto afectados por un ERTE o hayan tenido que cesar su actividad, en el caso de los profesionales autónomos.
Los créditos a empresas con garantías públicas a través de ICO, la gran promesa para reactivar la economía, no están llegando con la fluidez prevista pese a los aprietos del tejido industrial por el bloqueo y atasco existente en la aprobación y disposición de la línea de financiación.
Acelerar el ritmo
Tras tres semanas de vigencia, las entidades bancarias han podido conceder préstamos con garantías públicas de 13.424 millones de los 40.000 millones hasta ahora permitidos. Del total, las pymes y autónomos han recibido recursos avalados de 10.181 millones, mientras que las compañías más grandes, 3.243 millones. Con estas coberturas, los bancos han movilizado algo más de 17.000 millones. La banca espera que en las próximas semanas se acelere el ritmo tras los problemas burocráticos y de gestión detectados hasta la fecha.
Otras compromisos también están por debajo de las expectativas, como el rescate de los planes de pensiones, cuyo importe que se podrá recuperar está limitado y no se conocerá hasta que termine el Estado de Alarma, o la imposibilidad de que todos los afectados por ERTES perciban la prestación debido al colapso en las tramitaciones.
