El Consejo de Ministros del pasado sábado pasará a la historia no sólo por la declaración del Estado de Alarma en España derivada de la inusitada epidemia de coronavirus en España, sino porque el líder de Unidas Podemos y vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, planteó -entre otras propuestas intervencionistas- un parón total de la actividad productiva.
La reunión del Gabinete fue tensa, principalmente por el rechazo de la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, y la portavoz y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, a las propuestas de Iglesias, entre las que destacan nacionalizaciones de empresas de sectores estratégicos así como la toma del control de la Sanidad privada.
Tampoco prosperó la idea morada de un parón productivo completo que agravaría la caída del PIB que aguarda a la economía española.
El líder de Podemos, además, buscó que autonomías como el País Vasco y Cataluña fueran exceptuadas de la implantación general del Estado de Alarma para que sus presidentes autonómicos pudieran modularlo a su criterio.
El líder de Podemos buscó 'independizar' a Cataluña y País Vasco del criterio general del Estado de Alarma
Por otra parte, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, pidió un paso más en el apoyo a los ajustes temporales de plantilla, ERTE, del que inicialmente se planteaba en el borrador del Gobierno.
Calviño defendió a ultranza la moderación, las Cuentas Públicas y un freno a las propuestas intervencionistas de Unidas Podemos. La situación ahondó las grietas que ya viene mostrando la coalición de Sánchez con Iglesias en diversas materias.
El vicepresidente, además, mantuvo la reunión del cónclave ministerial sin ningún tipo de protección, pese al positivo de su compañera, la ministra Irene Montero, y a que precisamente en ese Consejo de Ministros se decretaban las limitaciones de movimientos de personas para contener el contagio del virus Covid-19.
Por otra parte, las disensiones se exacerbaron al excluir Sánchez por completo a los ministros de Podemos de la autoridad competente que lidera la gestión del Estado de Alarma.
Estas son algunas de las razones que han demorado hasta hoy la presentación del plan de choque económico del Gobierno para sostener a familias, empresas y autónomos ante el azote económico derivado de la alerta sanitaria. En esa batería de medidas se incluye el apoyo a los ERTE, a los autónomos, y el régimen de inyección de liquidez así como de moratoria en los pagos tributarios.
Este retraso ha causado malestar en las organizaciones empresariales, quienes, desde que empezó a vislumbrarse una necesidad de ajustar tiempos y modos de trabajo a la menguante actividad, vienen reclamando del Gobierno un sólido apoyo tanto en materia laboral, como tributaria como financiera.
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