Cómo ha anunciado este fin de semana el presidente del Gobierno, el Consejo de Ministros de este martes aprueba un segundo paquete de medidas para paliar lo más posible el efecto que la epidemia está generando sobre la economía. El objetivo, que cuando todo termine no haya cerrado ninguna empresa, grande o pequeña, ni ningún autónomo ni se haya quedado sin empleo ninguna persona.
Así, se prevén dos medidas que se han considerado urgentes y, que para sorpresa de los agentes sociales y las organizaciones de autónomos, no fueron aprobadas en el Consejo Extraordinario de Ministros del jueves: la flexibilización de la regulación de los ERTE y medidas para pagar a los autónomos que cesen su actividad.
ERTE
Respecto a los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), empresarios y sindicatos se pusieron de acuerdo qué modificaciones se han de acometer en la actual legislación de esta medida temporal, con el fin de agilizar al máximo la aprobación de la avalancha de expedientes que se prevé se presenten estos días.
A grandes rasgos, el acuerdo prevé que la mayoría de los ERTE vayan por la vía de Fuerza Mayor lo que reduciría el periodo a un máximo de cinco días, aunque las peticiones no se limitan al tiempo. Desde los autónomos solicitan que se resuelvan de forma automática tras su presentación, para que el desempleo empiece de forma automática ahorrando así coste, y que posteriormente se hagan las comprobaciones por parte de las Direcciones autonómicas de empleo.
Una de las demandas más apremiantes es que la medida tenga carácter retroactivo para que una vez aprobada en el BOE afecte a los expedientes que ya se han presentado y que la validez del ERTE sea desde el día de la presentación en la Administración y no el día en que ha sido aprobado.
Además del carácter retroactivo, los agentes sociales han solicitado que los ERTE ocasionados por el coronavirus tengan tres características especiales. Una, imprescindible para empresarios y sindicatos, que el acceso a la protección por desempleo no se condicione a que el trabajador afectado haya cumplido el periodo mínimo de carencia de seis meses de trabajo.
Dos, que los periodos de desempleo consumidos en estos ERTE no perjudiquen en ningún caso el reconocimiento de futuras prestaciones de desempleo, es decir que "el contador se ponga a cero". Y, tres, que ante la previsible falta de liquidez de muchas empresas por la inactividad, se suspenda la obligación del pago de los cotizaciones de sus plantillas por parte de las empresas.
Cese de actividad de autónomos
Un segundo paquete previsto es el relativo a los autónomos con algunas medidas que también se aplicarían a empresas, especialmente pequeñas y medianas. La principal medida reclamada conjuntamente por las tres principales organizaciones (ATA, UPTA y Uatae) es que se facilite las ayudas por cese de actividad equivalente al desempleo de los trabajadores por cuenta ajena.
Fuentes consultadas por elEconomista dan por hecho que la medida será aprobada, aunque reconocen que se está analizando qué sectores se incluirán.
Actualmente, las mutuas encargadas de conceder la prestación por cese ponen muchos problemas para su concesión, según se quejan desde estas organizaciones que consideran que no sólo se debe conceder a aquellos autónomos, con o sin trabajadores a su cargo, que se vean obligados a cerrar, sino lo que lo hagan de forma voluntaria. Fuentes consultadas por elEconomista dan por hecho que la medida será aprobada, aunque reconocen que se está analizando qué sectores se incluirán.
Una segunda petición para este colectivo se centra en la suspensión del pago de las cotizaciones a la Seguridad Social tanto del profesional por cuenta propia como de los posibles trabajadores a su cargo. Pero con el matiz de que no se trate de un aplazamiento de las cotizaciones, sino de una supresión, pues la actividad se ha perdido y con ello, los ingresos.
Un tercera demanda de los autónomos, que también la ha lanzado conjuntamente CEOE y Cepyme, es la creación de una línea de avales estatal para que empresas y autónomos tengan acceso a créditos con condiciones ventajosas para hacer frente a la falta de liquidez.
Pero desde los autónomos se va más allá, al solicitar que las comunidades autónomas abran líneas de fondos para aportaciones directas a los negocios que hayan cesado su actividad. Unas ayudas que pueden rondar entre los 3.000 y los 6.000 euros que se utilicen para afrontar los gastos estructurales (aguas, alquiler, hipotecas…) y así no se incurra en una cadena de impagos de unas empresas a otras.
