El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se reunió este jueves con los dirigentes de empresarios y sindicatos por teleconferencia para explicarles las medidas aprobadas en Consejo de Ministros y avanzar en un nuevo paquete. En el encuentro, que se inició a las 18.00, participaron los presidentes de CEOE, Antonio Garamendi, y Cepyme, Gerardo Cuerva, y los secretarios generales de UGT, Pepe Álvarez, y de CCOO, Unai Sordo, así como 4 vicepresidentes y 4 ministros.
Ya lo aclaró Sánchez: el paquete aprobado es el primero de una serie que se irán aprobando las próximas semanas. Entre las medidas que se han quedado fuera está la flexibilidad de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo, ERTE, vital para hacer frente a la caída de actividad que están sufriendo sectores como el turístico, la hostelería, el comercio o el ocio.
Una segunda, es la aprobación de un fondo extraordinario para cubrir todas ayudas de carácter laboral, principalmente el pago de prestaciones a los trabajadores que cesen su actividad por posibles ERTE o por bajas por enfermedad.
Peticiones conjuntas
Estas son dos de las medidas demandadas por los agentes sociales, tanto empresarios como trabajadores, hasta el punto de que CEOE, Cepyme, UGT y CCOO se pusieron de acuerdo para presentar un documento conjunto al Gobierno con medidas extraordinarias. Y estas encabezan la lista.
Sin embargo, hay una tercera petición: tanto asociaciones empresariales como sindicatos quieren que el Gobierno apruebe una mesa de diálogo en la que aprobar las otras dos, especialmente la de los ERTE de carácter sensible en las relaciones laborales. Y el Gobierno ha accedido a abrir un mesa para negociar nuevas medidas.
En conjunto, empresarios y sindicatos solicitan una nueva regulación de carácter "temporal y excepcional" de los ERTE incidiendo, de manera muy particular, en la causalidad vinculada a los efectos del coronavirus, la simplificación de los procedimientos y el acortamiento de los plazos de resolución dentro de la necesaria seguridad jurídica.
Unai Sordo (CCOO): "El secretario general de CCOO, Unai Sordo, apostilló tras que no quieren que el coronavirus se convierta en un portón"
Pedro Sánchez advirtió el pasado martes que el Gobierno estaría muy vigilante para que se hiciese un buen uso de las medidas laborales destinadas a paliar los efectos del coronavirus. Los agentes sociales dan mucha importancia a que la causa que justifique un ERTE esté muy bien justificada. El secretario general de CCOO, Unai Sordo, apostilló tras que no quieren que el coronavirus se convierta en un portón.
Así, el documento abre dos escenarios. Por un lado, los ERTE de fuerza mayor que se deben limitar a los cierres temporales derivados de un imposición por motivos de salud pública de una autoridad competentes (publicada en un boletín oficial), que incluya medidas extraordinarias que afecten a la actividad de las empresas. Y citan, en concreto, el cierre o cancelación de actividades, restricciones a la movilidad de las personas o mercancías, aislamiento para evitar el contagio o carencia de suministros.
El segundo escenario, un ERTE por causas económicas, técnicas, organizativas y de producción, el Gobierno deberá, según piden los agentes sociales, adaptar la definición de las causas actualmente contempladas en la legislación, a la situación provocada por el coronavirus, a los efectos de facilitar la tramitación del ERTE. Esa redefinición puede contemplar, entre otras, situaciones la caída precipitada y repentina de la facturación o de la demanda de actividad o la ruptura de la cadena de suministros, entre otras
Antonio Garamendi (CEOE) explica que el acuerdo firmado entre los agentes garantiza el automatismo a la hora de aplicar los ERTE
Optar por un ERTE u otro tiene consecuencias notables. El de fuerza mayor es casi inmediato pues no precisa una negociación entre la dirección y los trabajadores y los plazos se acortarían por debajo de los cinco días. Los segundos, ligados a la causalidad, han de ser negociados y los plazos se alargan considerablemente. El documento conjunto de los agentes sociales solicita reducir los plazos actuales, pero habla de un periodo máximo de cinco días para constituir la mesa de negociación, otros 7 días máximos para las consultas con los trabajadores y el informe de la Inspección de Trabajo deberá evacuarse como máximo en 7 días. No obstante, Garamendi explica que el acuerdo firmado entre los agentes garantiza el automatismo a la hora de aplicar los ERTE.
Respecto al fondo para hacer frente al coste de las ayudas laborales para los trabajadores que se vean afectados, no se planteó en la reunión la cuantía, pues dependerá de la duración e intensidad del coranavirus. No obstante, el Gobierno se muesta sensible a la peticición de los agentes de que tengan desempleo aquellos trabajadores que no hayan cubierto el periodo mínimo de cotización.
Decepción entre los autónomos
Las organizaciones de autónomos se sintieron decepcionados con las medidas aprobadas por La Moncloa. Lorenzo Amor de ATA lamentó "mucho que el Gobierno en su paquete de medidas vuelva a olvidar a los autónomos". Eduardo Abad, de UPTA, o María José Landaburu, de Uatae, insisten en que debe garantizarse que a ningún autónomo que tenga que cerrar su negocio o actividad por esta situación se le niegue la prestación por cese de actividad.
