La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha anunciado, tras la aprobación del techo de gasto por el Congreso de los Diputados, que la voluntad del Gobierno es contar con unos Presupuestos Generales del Estado para 2020 antes del verano, que contarán con un fuerte incremento de la recaudación, como resultado de la "profunda" reforma fiscal que se plantea el Gobierno para este ejercicio, con una subida de la recaudación de 5.678 millones de euros.
Plásticos y aviones
Hacienda ha sometido a consulta pública la fiscalidad de los envases de plástico de un solo uso y del transporte aéreo, dentro de su paquete de fiscalidad verde.
España es el quinto país de la UE con el porcentaje más bajo de ingresos por impuestos verdes sobre el PIB. En 2017, estos ingresos supusieron el 1,83% del PIB, frente a una media de la UE del 2,40%.
Si el tributo redujese el consumo de plástico, se generaría, además, una reducción de costes de gestión, especialmente de los que se abandonan en el medio ambiente. Con respecto a las emisiones del transporte aéreo, según la Agencia Europea de Medio Ambiente, éstas crecerán hasta un 185% en 2040.
Por ello, Alemania, Francia, Reino Unido, Países Bajos o Austria ya tienen este impuesto en vigor. Finalmente, se estudia desde el Ministerio de Consumo elevar la tributación de la llamada comida basura para reducirla.
Renta de las Personas Físicas
Para el IRPF de 2020 se prevé establecer un tramo en la tarifa del 24,5%, a partir de 130.000 euros, lo que supone un aumento de dos puntos) y otro del 26,5%, desde 300.000 euros (cuatro puntos más), a los que habrá que sumar los de la escala autonómica que corresponda.
En cuanto a los tipos de gravamen del ahorro, se introducirá un nuevo tramo del 27%, a partir de 140.000, el tipo impositivo total sería del 27%, lo que supone un incremento de cuatro puntos más. Con estas medidas se prevén recaudar 328 millones de euros.
Sociedades
El Gobierno prevé limitar la exención sobre dividendos y plusvalía al 95% por transmisión de participaciones. Esta limitación afectará tanto a filiales españolas como extranjeras, con independencia de que tributen o no bajo el régimen de consolidación fiscal.
La limitación afectará igualmente a las rentas positivas obtenidas en el extranjero a través de establecimiento permanente, o las derivadas de su transmisión o cese. Esta modificación persigue obtener una recaudación adicional del 5%.
Además, la Agencia Tributaria (AEAT) incluye en su Plan de actuación para 2020, un plan especial para comprobar que las empresas se deducen correctamente las bases imponibles negativas por las pérdidas sufridas en años anteriores.
Por otra parte, se prevé la fijación de un tipo mínimo de tributación del 15% para grandes empresas cuyo importe neto de la cifra de negocios supere los 20 millones de euros, y para contribuyentes que tributen en régimen de consolidación fiscal (grupos) con independencia de la cifra de negocios que tengan. El tipo se incrementa hasta el 18% para bancos y empresas de energía. Estos porcentajes se aplicarán sobre la base imponible después de compensación de bases imponibles negativas, reserva de capitalización y reserva de nivelación, en su caso. Con respecto a las pymes con facturación inferior al millón de euros, se reducirá el tipo impositivo actual del 25% al 23%.
Se generalizará también, con respecto a los pagos fraccionados el porcentaje actualmente previsto para grandes empresas a todos los contribuyentes que utilicen el método de base (23% cuando tributen al 25%), así como un incremento del pago fraccionado mínimo, que pasaría al 24% del resultado positivo de la cuenta de pérdidas y ganancias.
Hacienda también trabaja en el proyecto de ley de Medidas de Prevención y Lucha contra el Fraude Fiscal
Finalmente, se prevé introducir una nueva deducción en la cuota íntegra, del 10% de las retribuciones satisfechas a las nuevas consejeras para aquellas entidades que incrementen el número de mujeres en su consejo de administración. En la actualidad las mujeres suponen el 23,5% de los consejos de administración (110 de 469 sillones), según los resultados de una encuesta de la Asociación Española de Ejecutivas y Consejeras.
Montero también ha anunciado que su Departamento trabaja en la aprobación del proyecto de ley de Medidas de Prevención y Lucha contra el Fraude Fiscal, cuyo anteproyecto fue aprobado la pasada legislatura, pero decayó por la convocatoria de elecciones.
Esta transposición se centra en la directiva que introduce medidas antifraude, conocida por sus siglas en inglés (ATAD), que incluye cinco disposiciones antiabuso y la modificación de la transparencia fiscal internacional, del impuesto de salida y de las disposiciones antihíbridos en la UE. Por otro lado, y por las mismas razones, tampoco se ha traspuesto en plazo la conocida como ATAD 2, que establece reglas para luchar contra los híbridos con terceros países fuera de la UE.
Patrimonio
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha anunciado que el Gobierno propondrá una armonización de los impuestos cedidos a las comunidades autónomas -Patrimonio y Sucesiones-, en el marco de la reforma de la financiación autonómica sobre la que quiere tener un borrador sobre el que trabajar en el mes de noviembre.
En Patrimonio se apuesta por la continuidad de este tributo, considerado por los fiscalistas como una figura obsoleta y de bajo poder recaudatorio, con una previsión de cerca de 12.500 millones más que en la actualidad. Se pretende que la reforma permita un mayor control sobre las grandes fortunas.
En la actualidad se estudia suprimir exenciones y bonificaciones autonómicas a través de la transposición de la Directiva ATAD, así como cuantificar la base imponible por el valor real o de mercado.
Entre los planes de Hacienda está incrementar el tipo estatal del último tramo a partir de 10.695.996,06, pasando del 2,5% al 3,5%. Y, además, se piensa derogar la bonificación general de la cuota, cuya entrada en vigor estaba prevista para 2020 tras la última prórroga.
Sucesiones y Transmisiones
La ministra de Hacienda ha anunciado que en el borrador de la reforma del sistema de financiación de las comunidades autónomas se va a incluir una "armonización" del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (ISD), lo que supondrá en realidad la desaparición de las deducciones y bonificaciones incluidas por las diferentes comunidades autónomas según el grado de consanguinidad y en las sucesiones de la empresa familiar.
El consejero de Hacienda de la Comunidad de Madrid, Javier Fernández-Lasquetty, no tardó en salir al paso, al señalar que "hablan de armonización cuando en realidad lo que quieren decir es subirles los impuestos obligatoriamente a los madrileños". La medida podría costar 2.000 euros al año a cada contribuyente madrileño, provocando un impacto económico negativo de 5.900 millones de euros en las arcas de la Comunidad madrileña.
Por otra parte, con la transposición de la Directiva ATAD, se modifica la base imponible de las operaciones inmobiliarias en el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, Patrimonio, Transmisiones Patrimoniales (ITP) y Actos Jurídicos Documentados (AJD). En el proyecto se estipula que la base imposible ya no se obtendrá, como hasta ahora, del valor real reflejado en la escritura notarial, sino el valor de mercado del inmueble, entendido como el precio de venta más aproximado, según las operaciones de compraventa escrituradas y registradas por notarios y registradores, respectivamente. Así, la Administración no tomará como fidedigno este valor de referencia, que puede llegar a ser muy superior al precio real por el que se transmite una vivienda.
IVA
El diputado de Unidas Podemos Txema Guijarro anunció esta semana en el Pleno del Congreso de los Diputados, que el Gobierno, en el próximo proyecto de Presupuestos Generales del Estado, tiene previsto subir el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) a productos como las apuestas o el tabaco, al tiempo que lo reducirá para productos de higiene femenina o veterinarios.
La ministra Montero, por el contrario, ha descartado acto seguido que se piense en elevar el IVA del 21% al 23% y ha señalado que el Gobierno prefiere fijarse en impuestos más progresivos, donde los que más tienen paguen más, porque el IVA afecta a todo el mundo, con independencia de sus rentas.
Hacienda espera recaudar 850 millones de euros anuales con la Tasa Tobin
"Se plantea siempre la posibilidad de que sea el IVA al que se repercuta la subida fiscal, pero no es la opción preferida nunca de un Gobierno progresista, preferimos buscar los márgenes fiscales en impuestos más progresivos", ha concluido la ministra.
Por otra parte, Hacienda ultima un proyecto de Real Decreto que modifica el Reglamento del IVA para incluir las últimas medidas comunitarias que exigen justificar la expedición o transporte de los bienes al Estado miembro de destino, que podrá realizarse por cualquier medio de prueba admitido en derecho y, en particular, aplicando el sistema de presunciones incorporado a nuestro ordenamiento jurídico por el Reglamento de Ejecución 282/2011. Por tanto, el proyecto de Reglamento se modifica, puesto que la aplicación de la exención en las entregas intracomunitarias de bienes exige necesariamente que los bienes sean expedidos o transportados a otro Estado miembro.
Transacciones financieras
El Boletín Oficial de las Cortes ha publicado el 28 de febrero de 2020 el Proyecto de Ley del Impuesto sobre las Transacciones Financieras, conocido coloquialmente como Tasa Tobin. Este proyecto, con el que Hacienda espera recaudar 850 millones de euros anuales, no presenta diferencias con el publicado en 2019, cuya tramitación quedó sal convocarse las elecciones generales de abril de 2019.
Con esta figura impositiva, el Gobierno espera recaudar 850 millones de euros, y gravará con un 0,2% las operaciones de compraventa de acciones de empresas españolas con una capitalización bursátil en un mercado español, o de otro Estado de la UE, y que tenga la consideración de regulado, y además ésta sea superior a 1.000 millones de euros a 1 de diciembre del año anterior a la adquisición
El ámbito de aplicación del impuesto es independiente del lugar donde se efectúe la adquisición y cualquiera que sea la residencia o el lugar de establecimiento de las personas o entidades que intervengan en la operación. Así, se pretende minimizarse el riesgo de deslocalización de los intermediarios financieros, en comparación con el principio de residencia.
Quedan sujetas al impuesto las adquisiciones de certificados de depósito representativos de estas acciones, cualquiera que sea el lugar de establecimiento de la entidad emisora de dichos valores, salvo las adquisiciones de acciones con la exclusiva finalidad de emisión de los valores negociables; las adquisiciones de los certificados realizadas a cambio de la entrega por el adquirente de las acciones que lo representen y las operaciones efectuadas para cancelar los certificados mediante entrega a sus titulares de acciones que representen.
Además, se encuentran también sujetas al impuesto las adquisiciones de acciones y certificados de depósito que deriven de la ejecución o liquidación de obligaciones o bonos convertibles o canjeables, de instrumentos financieros derivados, o de cualquier instrumento financiero, o de determinados contratos financieros definidos en la normativa española del Mercado de Valores.
Sobre este impuesto, la subgobernadora del Banco de España, Margarita Delgado, ha dicho que "la tasa Tobin puede afectar a los clientes porque afectará a los beneficios y a la rentabilidad de los bancos", dijo. No obstante, subrayó que los bancos son privados y actúan en la economía en función de las circunstancias y decisiones que tomen los gobiernos".
Tasa Google
El Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales (Tasa Google) se incluía en el Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para el ejercicio de 2019. Su objetivo es que determinadas empresas tecnológicas tributen en los países donde operen en función de los beneficios que en ellos generen, y evitar que trasladen sus beneficios a otros estados con una fiscalidad más blanda.
La UE y la OCDE trabajan en sus propios proyectos. El de la OCDE es el que está más avanzado y se espera una propuesta para finales de este año. España tiene su propio proyecto, en la línea, al igual que Francia, Italia o o Hungría, pero todos se mantienen a la espera de que finalmente se apruebe en la OCDE un tributo global.
En España, el impuesto se liquidará trimestralmente, pero en 2020 el segundo y tercer trimestre no se liquidarán hasta finales de diciembre. Está previsto que el gravamen sea del 3%, y que se aplique sobre los ingresos en territorio español de empresas con un volumen mundial de al menos 750 millones de euros y con ingresos en España superiores a los tres millones de euros. Hacienda espera recaudar 850 millones de euros anuales.
