Economía

Los contratos temporales duran 49 días de media: se necesitan siete para trabajar un año completo

  • ¿Se justifica este tipo de contrataciones? ¿Por qué duran tan poco?
  • Tres de cada diez contratos que se firman dura menos de una semana
  • "Todo contrato inicial debería ser indefinido, salvo que justifique su temporalidad"
Imagen: Dreamstime.

¿Sabías que la duración media anual de los contratos realizados en 2019 en España es de 49 días frente a los 52 días de 2018? Eso es poco más de mes y medio. ¿Imaginas cómo se puede vivir o mantener una familia trabajando tan pocos días al año? Esta es una de las preguntas que se hace USO en el Balance del mercado laboral a cierre de 2019 que acaba de presentar.

Más allá de los datos en sí hay verdaderos problemas en la calidad del empleo que crea España. "Veníamos de contratos efímeros y, lejos de avanzar en la lucha contra esa precariedad y rotación infernal, hemos aumentado la temporalidad. Nadie puede vivir si solo tiene un contrato de esa duración al año o si necesita más de siete contratos para trabajar un año completo", ha denunciado Joaquín Pérez, secretario general de USO.

Pero no terminan ahí los datos alarmantes. Y es que "tres de cada diez contratos que se firman en nuestro país dura menos de una semana y la mayoría de ellos se hacen de lunes a viernes para evitar pagar el descanso de fin de semana. Aquí es indispensable la labor de Inspección de Trabajo, pues no es creíble que solo se necesite a un trabajador de lunes a viernes y vuelva al lunes siguiente", continúa Pérez.

Desde USO creen que existe un abuso de la contratación temporal como mecanismo de entrada al mercado de trabajo que no responde a los tres supuestos que establece el Estatuto de los Trabajadores: Obra o servicio determinado; Eventual por circunstancias de la producción e Interinidad. Esta última modalidad se aplica prácticamente al 50% de los contratos realizados en 2019.

Según este informe los contratos eventuales por circunstancias de la producción han aumentado notablemente y permiten una libertad absoluta para no contratar a alguien de manera indefinida. "El 36% de los contratos temporales son de duración indeterminada. Por eso es urgente que se legisle sobre este tipo de contratos, porque debe demostrarse que efectivamente la necesidad es temporal; si no, el contrato tiene que ser indefinido desde su comienzo", denuncia Pérez.

Desde USO 'sospechan' que en España no se realiza tanta actividad estacional o coyuntural en las empresas como para justificar la necesidad de tanta contratación temporal. Y es que el porcentaje de contratos indefinidos iniciales que se realiza está en el entorno del 6%.

Parece claro que 2019 ha confirmado la ralentización de la economía y que nos estamos asomando al precipicio de una vuelta a la destrucción de empleo. "El paro se ha reducido únicamente en 38.692 personas, sigue habiendo más de tres millones de parados, y se ceba especialmente con algunos colectivos: el mayor número de personas desempleadas son mujeres mayores de 45 años, que suponen el 30% del total. Pero es que el PIB ya está creciendo a niveles de 1,9%, y el bajar del 2% siempre se traduce en comenzar a destruir puestos de trabajo", alerta el secretario general de USO.

Además, la mala calidad del empleo de las mujeres crea la tormenta perfecta con sus altas tasas de paro, pues "de todas las mujeres contratadas, un 46% firma directamente a tiempo parcial. Hay que seguir avanzando en las medidas de igualdad. No basta con legislar para que empresas de menos de 250 trabajadores tengan un plan de igualdad si ya antes era obligatorio para las mayores y solo lo tienen en vigor un 5% de ellas", incide Joaquín Pérez.

Al echar la vista atrás al empleo, en términos de la Contabilidad Nacional, USO recuerda que en 2019 se ha producido un importante frenazo a la ocupación medida en jornadas a tiempo completo, así como del número de horas trabajadas que se traduce en un descenso de la tasa de crecimiento de estas últimas del 70%, al pasar del 2,7 al 0,8%.

Y aunque la tendencia es mala en el conjunto del país, las diferencias entre los territorios son notables. "Dentro de que es un porcentaje ínfimo, pero Madrid y Baleares tienen más de un 10% de contratación indefinida inicial, frente a Extremadura y Andalucía, en torno al 2%. La legislación laboral actual es perversa para todos, pero está claro que hay regiones donde es necesario luchar más contra el fraude en la contratación", apunta el secretario general de USO.

Retos del empleo para este 2020

Desde USO lanzan algunas propuestas para mejorar la calidad del empleo en nuestro país. Empiezan por exigir "que se modifiquen los modelos de contratación, reduciendo al mínimo los actuales, de manera que se simplifique y se vincule el tipo de contrato a la causa que lo genera y erradicando las injustificadas, más propensas a la precariedad, junto a un plan específico de empleo digno juvenil y un nuevo modelo de formación para el empleo de calidad, y no el esperpento que sufrimos actualmente".

Creen que "todo contrato inicial debería ser indefinido, salvo causa que justifique la temporalidad del mismo". Debería establecerse claramente la vinculación del tipo de contrato a la causa que lo justifica, lo que conlleva el rechazo de la concepción de los contratos de duración determinada como elementos de promoción de empleo. Debe prohibirse la creación de modalidades no causales o carentes de razones objetivas. Acabar con las situaciones de encadenamiento no justificadas de contratos temporales.

Piden que se garantice la igualdad de derechos de los trabajadores temporales, tanto en materia salarial como en el conjunto de condiciones laborales o mejoras sociales que establezcan los convenios colectivos y acabar con las situaciones irregulares de explotación, precariedad y la economía sumergida, denunciándolas ante la correspondiente autoridad laboral.

Y para ello creen que "se debe potenciar y dotar a la Inspección de Trabajo de medios humanos y económicos suficientes para poder realizar su labor de manera ágil, efectiva y coordinada entre las distintas comunidades autónomas". Aquellas situaciones que afecten a empresas situadas en más de una comunidad autónoma deberían tratarse con un mismo criterio en el ámbito estatal.

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