La formación de un Gobierno de coalición progresista, si finalmente Pedro Sánchez es investido presidente -algo que por lo pronto no está tan claro-, amenaza con recrudecer la guerra fiscal por los impuestos autonómicos entre el PSOE y el Partido Popular. Y es que, entre los planes fiscales de los socialistas está precisamente su intención de armonizar los tributos cedidos y de gestión regional y poner límite a la rebajas fiscales que tienen y plantean los territorios populares.
El choque de trenes fiscal es inevitable. Ya María Jesús Montero, ministra de Hacienda en funciones, y el propio Sánchez avanzaron los planes socialistas de poner orden en los impuestos de gestión autonómica. De ninguna manera el planteamiento de los socialistas pasa por eliminar impuestos como los de Sucesiones y Donaciones y Patrimonio, sino dotarles de equilibrio y reducir las importantes rebajas que hay establecidas en regiones como Madrid.
Se trata de un plan con el que está de acuerdo su futuro socio de Gobierno, Unidas Podemos, que ya ha indicado que este tipo de impuestos, además, debe utilizarse para gravar a las rentas altas del país. Un plan con el que también están de acuerdo en Más País, la formación liderada por Íñigo Errejón.
De hecho, sin esta armonización sería imposible que se pudieran aplicar y poner en marcha algunas de las medidas que incluye la hoja de ruta de la coalición progresista. Este es el caso de un tributo a las Grandes Fortunas que se formularía a través del Impuesto de Patrimonio y cuyo impacto para aumentar la recaudación será nulo si no se limitan las bonificaciones que a día de hoy aplican las comunidades autónomas.
Estrategia armonizadora
Para llevar a cabo a su estrategia armonizadora, Sánchez deberá cambiar el capítulo III de la Ley 22/2009 que regula el sistema de financiación de las comunidades de régimen común, que es el que corresponde a la cesión de tributos a las comunidades autónomas.
Según fuentes fiscales, con un proyecto de ley bastaría para ello. Eso sí, en ningún caso se podría recurrir al real decreto-ley para hacer el cambio de manera inmediata, ya que esta herramienta legislativa no puede afectar a los regímenes autonómicos. De esta manera, si la izquierda quiere activar su armonización tributaria tendrá que superar el trámite del Congreso de los Diputados, y para ello será necesaria mayoría estable, lo que a día de hoy no se da.
Con todo, si la modificación legislativa prosperará, a las autonomías les quedaría la bala en la recámara de recurrir al Tribunal Constitucional, aunque voces familiarizadas alertan de que hay mucho pocas posibilidades de que esta iniciativa prospere.
Sin embargo, si el Gobierno quisiera tomar una medida similar en el caso del tramo autonómico del IRPF, hay más dudas. En este caso, no hay diferencias tan abismales que justifiquen una rectificación de tal calado y en tal caso sí que hay importantes certezas de que un recurso en el Constitucional por las medidas afectadas prospere.
La visión de la derecha
Este planteamiento choca con el que han defendido tanto el PP como Ciudadanos y Vox durante la pasada campaña electoral. En términos generales, los partidos de derechas apuestan por la práctica supresión de los impuestos cedidos a las autonomías y por poner en marcha enérgicas rebajas fiscales con el fin de reactivar la economía. Las autonomías en las que gobiernan, lideradas por los populares, van a seguir pulsando estos botones dentro de sus competencias. Este es el caso de Madrid, región a la que Sánchez acusó de cometer dumping fiscal aprovechando los beneficios que le genera el efecto capitalidad.
Lo cierto es que Sucesiones, Donaciones y Patrimonio son impuestos que prácticamente no existen en la Comunidad y la intención de Isabel Díaz Ayuso es continuar la ruta de las rebajas fiscales. Concretamente, la presidenta madrileña pondrá en marcha a lo largo de esta legislatura una reducción de medio punto en cada uno de los cinco tramos autonómicos del IRPF. Este plan empezará en 2020 con tres deducciones impositivas que beneficiarán a jóvenes, estudiantes y familias con personas en situación de dependencia a su cargo. Estas deducciones, cuya tramitación acaba de empezar, supondrán un ahorro de 16,4 millones de euros y beneficiarán a cerca de 30.000 contribuyentes.
Otro adalid de las rebajas fiscales en los últimos tiempos es Andalucía. La región, gobernada por el PP y Ciudadanos con el apoyo de Vox, ya aprobó en la primera mitad del año la eliminación de Sucesiones y Donaciones para cónyuges y familia directa, situándose entre las autonomías con la fiscalidad más baja en lo que a estos impuestos se refiere.
De cara a 2020, va activar nuevas reducciones fiscales en el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP) y en el de Actos Jurídicos Documentados (AJD). A esto se suma una reducción progresiva de su tramo autonómico del IRPF, por el que la Junta dejará de recaudar unos 29,5 millones de euros.
Tiempo electoral
Otra de las regiones que está llevando a cabo política contrarias a la armonización fiscal que pretende el futuro Gobierno de coalición, si se forma, es Galicia, auténtico bastión del PP, que gobierna en solitario. En sus Presupuestos para 2019 la Xunta de Alberto Núñez Feijoó ya incluyó rebajas fiscales en tributos cedidos por el Estado como una reducción en Sucesiones y Donaciones para las herencias entre hermanos, la reversión de la subida de Patrimonio aprobada en 2013 para devolverlo a la tarifa estatal o un descenso del ITP del 8% al 7 en casos de vivienda habitual. La estimación del gobierno gallego era que la primera de las medidas, el descenso de Sucesiones, dejaría al 60% de las herencias libres de tributación.
Mirando a 2020, año electoral en Galicia con un Feijoó que apunta a la reelección, las cuentas que la actual mayoría absoluta del PP en el Parlamento gallego aprobará en diciembre contemplan una nueva vuelta de tuerca en Sucesiones y Donaciones al dejar libres de tributación todas las herencias de hasta un millón de euros por heredero -sin contar la vivienda habitual-.
Según la Xunta, esto permitirá que el 99,9% de los gallegos no tengan que pagar el impuesto cuando reciban una herencia de un familiar directo. En la misma línea, estas nuevas cuentas incluyen una nueva reducción del ITP, en este caso del 7% al 5 en el caso de compra de vivienda habitual en zonas poco pobladas.
Por otro lado, en Murcia, el Gobierno regional del PP impuso en 2018 la bonificación del 99% en Sucesiones y Donaciones para familiares de primer y segundo grado y deslizó la opción de hacer algo similar con Patrimonio, aunque aún no se ha traspasado esa línea.
En 2019, el Ejecutivo de Fernando López Miras incluyó bajadas puntuales en el IRPF, el ITP y el AJD. De cara a la legislatura echada a andar tras las autonómicas del 26 de mayo, el acuerdo entre PP y Ciudadanos respaldado por Vox recoge nuevas bajadas del IRPF y del AJD, dejar sin tocar Sucesiones y Donaciones, la garantía de no subir ningún tributo y la promesa de bajarlos según evolucione el déficit autonómico, así como la exigencia al Gobierno central de no elevar la presión fiscal. En diciembre se conocerán los borradores de las cuentas de 2020.
Las pretensiones de Montero y los morados también impactarían de lleno en Castilla y León, comunidad que trabaja ahora mismo en la implantación de una bonificación del 99% en Sucesiones y Donaciones entre familiares directos en virtud del acuerdo de Gobierno alcanzado por PP y Ciudadanos. El Ejecutivo mixto del popular Alfonso Fernández Mañueco y el naranja Francisco Igea también busca instaurar rebajas en Sucesiones y el ITP así como deducciones del IRPF en el mundo rural. En esta tesitura, Mañueco lanzó recientemente una premonición sobre el pacto de las izquierdas: "Castilla y León pagará los platos rotos".
