Madrid
A la espera de saber si Pedro Sánchez logra suficientes respaldos para mantenerse en la Moncloa y poder poner en marcha el primer Gobierno de coalición de la democracia española, plazos y planes para la próxima legislatura se van a poniendo sobre la mesa. Entre ellos los económicos. Y es que los socialistas tienen en mente tramitar unos Presupuestos express durante el primer trimestre del año. Todo ello con la intención de que las medidas que tienen planteadas tanto el PSOE como Podemos echen a andar... incluyendo una reforma fiscal para amarrar la mayor recaudación posible y compensar el alza del gasto público que plantea la alianza de izquierdas, desde los frustrados presupuestos de 2019.
La estrategia de los socialistas ya fue puesta sobre el papel en el Plan para avanzar y vencer el bloqueo que avanzaron antes de las elecciones del pasado 10 de noviembre. En él se precisa la intención de que el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado esté presentado para su tramitación durante los primeros tres meses de 2020. "Pondrá las bases de una legislatura de avance social, superando definitivamente los Presupuestos del Gobierno conservador. Se atenderán todas las emergencias sociales detectadas en los últimos meses", reza el documento.
Antes será necesario aprobar el techo de gasto correspondiente a 2020, paso previo que ordena la Ley de Estabilidad Presupuestaria. El PSOE cuenta con hacerlo en la segunda quincena del mes de enero. Será la primera ocasión en la que las alianzas del futuro de Gobierno de coalición, si Sánchez supera la investidura, se ponga a prueba.
Prisas
Las prisas de los socialistas por activar los Presupuestos es lógica. En muchos términos, 2019 ha sido un año perdido para la "agenda progresista", en la que pocos avances se ha podido hacer más allá algunos reales decretos-ley como los que permitieron la puesta en marcha del subsidio para mayores de 52 años o el inicio de la equiparación de los permisos de paternidad.
Pero celeridad no tiene que ver solo con el programa social. Cuanto antes se active la legislatura y se pongan en marcha los Presupuestos, que en principio serán calcados a las Cuentas que Moncloa presentó y el Congreso rechazó a principios de este año, antes podrá activar el futuro gobierno de coalición su ambiciosa reforma fiscal, una con la que espera ingresar al menos 5.645 millones, tal y como Moncloa informaba Bruselas, y que se tiene que poner en marcha cuando antes si se esperan lograr los pronósticos oficiales de ingresos, que han sido puestos en duda por órganos reguladores como el Banco de España.
Para ello, se espera que la coalición PSOE-Podemos recurra a las mismas herramientas, o similares, a las que ya dispuso en su hoja de ruta de febrero. El impuesto de Sociedades y su reforma será una de las bases para ello. La idea es que las grandes empresas paguen un tipo mínimo del 15%, que será del 18% en el caso de las entidades financieras y las de hidrocarburos. Además, se limitarán las excenciones para evitar la doble imposición, que resultan de aplicación a los dividendos y plusvalías generados en el exterior como consecuencia de su participación en filiales, pasando del cien por cien al 95%.
Por otro lado, tanto socialistas como morados quieren aumentar los gravámenes a las grandes fortunas. Con diferentes fórmulas, quieren emplear, tras su armonización en las comunidades autónomas, el Impuesto de Patrimonio que derogó José Luis Rodríguez Zapatero.
Otra de las medidas a poner en marcha será una subida del IRPF a a las rentas altas. Aunque esta idea no está en el programa del PSOE -sí está en el de Podemos-, fuentes socialistas dicen promoverán el cambio del impuesto si hay suficientes apoyos en el Congreso. Además, ambas formaciones defienden la puesta en marcha de las tasas Google y Tobin, es decir, a las operaciones de los gigantes digitales y a las operaciones financieras. Sin embargo, estos impuestos no se podrán tramitar dentro de los Presupuestos. La creación de un nuevo tributo requiere un proyecto de ley y, salvo excepciones, el plazo medio de tramitación es de seis meses.
El PSOE y Unidas Podemos también están de acuerdo en la equiparación tributaria del diesel y la gasolina, así como comenzar a aumentar la fiscalidad de los combustibles fósiles en España.
