La ministra de Economía y vicepresidenta tercera, Nadia Calviño, está negociando con la Comisión Europea (CE) que el dinero que el Tesoro pida el próximo año a los mercados para cubrir parte de los 27.400 millones de euros que se incluirán en los Presupuestos como fondos comunitarios no sean computados como deuda pública, según informan a eE fuentes de Economía.
A pocos días de que el Gobierno presente en el Consejo de Ministros el anteproyecto de los Presupuestos Generales del Estado de 2021, los primeros presupuestos de Pedro Sánchez, socios de investidura del dirigente socialista, como ERC, han logrado meterse en el último minuto en la ecuación presupuestaria, con un punto que, curiosamente, no está aún en el borrador que andan todavía negociando PSOE y Unidas Podemos. Se trata del control del precio del alquiler de la vivienda.
La pugna política ha vuelto a dejar de lado la seguridad jurídica, la irretroactividad, la jerarquía normativa y la constitucionalidad de las normas que se aprueban. Desde la declaración del estado de alarma hemos asistido a una sucesión de imposiciones normativas por parte del Gobierno de Sánchez, que incumplían cualquier rigor jurídico. Hemos visto que con órdenes ministeriales se han corregido leyes y se han dispuesto medidas que limitaban derechos fundamentales con simples resoluciones emitidas por secretarios de Estado. Mucho hemos escrito sobre ello en estos pasados meses.
El desacuerdo entre la rama socialista del Gobierno y la facción podemita parece que ha encontrado una vía de entendimiento. Este martes, y después de conocerse la intención de los de Pablo Iglesias de bloquear la negociación de Presupuestos si en los mismos no se incluye una subida de impuestos a las rentas más altas y a Patrimonio, aumento del Iprem -indicador público de renta de efectos múltiples- y, control del precio del alquiler de la vivienda, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero desveló que el Ejecutivo de Sánchez subirá, al menos, el Iprem en los Presupuestos y, también "contempla partidas específicas para las primeras acciones de la aprobación de la Ley de Vivienda". En esa ley se podrá incluir el control del precio del alquiler, un punto -sostiene Unidas Podemos a eE- "que no va en el borrador de Presupuestos, pero que ahora facilitaría el apoyo de otras fuerzas".
El Pleno del Congreso ha avalado este martes la suspensión de los objetivos de déficit y de deuda para este año y el siguiente por la situación de crisis provocada por la pandemia de covid-19, pero lo ha hecho sin PP y Vox, que se han abstenido.
Unidas Podemos ha advertido de que el borrador de los Presupuestos se podría retrasar si el PSOE no acepta algunas exigencias que la formación morada pide incluir, entre ellas la regulación del precio de los alquileres, un aumento fiscal para rentas altas a través del IRPF o la devolución de la capacidad adquisitiva al Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), baremo utilizado en la concesión de muchas ayudas. No obstante, la portavoz del Ejecutivo, María Jesús Montero, se ha mostrado confiada este martes en poder aprobar las cuentas públicas "en los próximos días".
El Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales y el Impuesto sobre Transacciones Financieras, más conocidos como 'tasa Google' y 'tasa Tobin', entrarán en vigor a mediados de enero de 2021 tras haber sido publicados este viernes en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
El Gobierno cumplió in extremis con su obligación de enviar a Bruselas su plan sobre los Presupuestos Generales del año próximo. El modo en que Moncloa apuró los plazos en nada ha contribuido a que el documento presente la necesaria concreción que cabe exigir a un informe de esta importancia.
Finalmente el Gobierno ha proyectado en los Presupuestos la subida del IVA de las bebidas azucaradas y edulcoradas del 10 al 21 % tras la que ha ido en los últimos meses el Ministerio de Consumo, ha informado el Ministerio de Hacienda respecto al plan presupuestario remitido este jueves a Bruselas.
El Gobierno ha remitido a Bruselas un proyecto inacabado de Presupuestos Generales del Estado para el próximo año. Adjetivizo inacabado, e insisto en ello, pues hay muchas partidas y cifras que no dicen de dónde van a salir los recursos. Además, lo remitido es más propio de un alumno de primer año de la carrera de Económicas que de un Ministerio de Hacienda.
El secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha afirmado este viernes que el Gobierno ha trasladado a su sindicato que no está pensando en congelar los salarios de los empleados públicos el año que viene.
El Gobierno ha dicho a la Comisión Europea que adoptará un paquete de medidas fiscales que supondrán unos ingresos adicionales de 6.847 millones de euros para el 2021 y otros 2.323 millones el próximo año. Un total 9.170 millones según el Plan Presupuestario que el Ministerio de Hacienda remitió ayer a Bruselas. Algunas medidas ya eran conocidas, incluso su impacto recaudatorio; sin embargo, La Moncloa no detalla a la Comisión Europea cómo se actuará en los grandes impuestos, aunque sí especifica cuánto se obtendrá de ellos. De esta manera, el Gobierno no se ata las manos para poder negociar los Presupuestos Generales, primero con su socio Podemos, y luego con otras fuerzas políticas.
La revalorización de las pensiones en 2021 con el IPC (0,9%, según estima el Gobierno) tendrá un coste de 1.439 millones de euros, de acuerdo con las previsiones que realiza el Ejecutivo en el Plan Presupuestario remitido a Bruselas.
El Gobierno de Pedro Sánchez enviará este jueves a Bruselas el Plan Presupuestario de 2021, en el que se incluyen los datos macroeconómicos que el Ejecutivo presentó hace dos semanas. Ayer, con motivo de la sesión de control al Gobierno, la ministra de Economía, Nadia Calviño, afirmó desde su escaño en el Congreso de los Diputados que el proyecto que España manda a Europa es un plan "serio, riguroso y prudente", cuyas principales cifras para 2020 pasan por un desplome del PIB del 11,2, una tasa de paro del 17,1%, y una deuda pública del 118%, cinco puntos menos que las últimas previsiones del FMI.
La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha asegurado este miércoles que los próximos Presupuestos Generales del Estado (PGE), que negocian PSOE y Unidas Podemos, contarán con "un incremento por encima del 30%" para las políticas activas de empleo, haciendo especial hincapié en los parados mayores de 45 años, que han sido "expulsados en lo mejor de su carrera profesional".
La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) avaló ayer que el Gobierno se acogiera a la cláusula de escape para saltarse el límite de gasto en el marco de la pandemia pero emplazó al Ejecutivo a diseñar una estrategia fiscal a medio plazo que sirva de orientación fiscal.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciará este miércoles su plan de reformas de la economía española para captar los fondos de ayuda europea. Sánchez desvelará así su hoja de ruta para el año que viene en un acto al que asistirán con soporte tecnológico todos los miembros del Ejecutivo, la patronal y los sindicatos, así como los embajadores de los 27 países miembros de la Unión Europea y numerosos representantes de la sociedad civil, entre ellos, los responsables de distintos medios de comunicación. Todos ellos, gracias al formato pensado por Moncloa, podrán estar presentes en el acto.
Eliminada por parte de Hacienda la barrera de la votación de la senda fiscal o los objetivos de deuda y déficit público de 2021, el Gobierno planea inflar con 17.000 millones de euros los próximos Presupuestos Generales del Estado procedentes de los fondos de la Unión Europea que corresponden a este año como consecuencia de la pandemia. Cabe recordar que de esos 140.000 que le han sido asignados a España, está previsto que nuestro país reciba 21.000 millones en dos semestres a lo largo del próximo ejercicio. Pero lo cierto es que, de toda esta cantidad, solo están garantizados 4.000 millones de anticipo. El resto están vinculados a los proyectos que España presente en la UE.
Pedro Sánchez ha dado un paso más para allanar el camino de los Presupuestos Generales del Estado de 2021, ahora que no cuenta con apoyos suficientes y que una votación negativa de la senda fiscal le podría dejar con un pie fuera del Gobierno. Por ello, en contra de lo anunciado, y de lo que reglamentariamente siempre se ha hecho, el Ejecutivo progresista ha eliminado la votación de la senda de estabilidad, la antesala de unas Cuentas Públicas. Con el argumento de la desaparición de la regla de gasto, como pedían las administraciones gobernadas por todas las fuerzas políticas, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, dice ahora que solo "informará" a las CCAA y a la Cámara de una referencia de déficit, ya que" la senda ha quedado desfasada". Así pues, la referencia de déficit tampoco se someterá a votación, porque "es una previsión y no un objetivo", apuntan desde este ministerio.
El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha defendido este lunes la negociación presupuestaria del Gobierno de Pedro Sánchez con EH Bildu porque el diálogo es parte de "la generosidad democrática", y ha recordado que todos los demócratas, incluido el PP, consideraron, en los años "durísimos" de ETA, que, una vez que la violencia terminara y "las pistolas callaran", todas las opciones políticas "desempeñarían su función".
El Consejo de Ministros aprobará este martes el nuevo límite de gasto no financiero (el "techo de gasto") y el nuevo cuadro macroeconómico, con una previsión de una caída del PIB de doble dígito que oscilaría entre el 10 y el 11% para este año. En función de estos parámetros, el Ejecutivo deberá amoldar su proyecto de Presupuestos, y tendrá que contar con el visto bueno de Bruselas, en un momento de especial importancia por la pandemia del coronavirus y la utilización de los fondos de recuperación europeos.
Sigue concretándose el borrador del proyecto de Presupuestos Generales del Estado. El Gobierno está estudiando recortar las bonificaciones de los planes de pensiones individuales y trabaja en la modificación de los tipos reducidos del IVA del 4% y el 10%, según han confirmado fuentes conocedoras de la negociación de las nuevas cuentas públicas.
El Gobierno de Pedro Sánchez confía en que la inhabilitación judicial del presidente de la Generalitat Quim Torra allane el camino para cerrar un acuerdo con los partidos soberanistas y aprobar los Presupuestos Generales para 2021.
Cuando le preguntas por su rutina diaria en estos tiempos, dice, sin más, que de lunes a jueves está en Madrid, donde desarrolla su actividad compatibilizando su puesto de líder de los autónomos con la vicepresidencia de CEOE y "el resto de la semana tengo mi centro de operaciones en Jerez, donde vivo con mi mujer y mis hijas", señala . Su jornada laboral, que se inicia a las siete de la mañana, se ha visto incrementada, y mucho, desde que se inició la pandemia, pero no se queja. Lorenzo Amor (Córdoba, 1965) es desde 2004 la cara y la voz de los autónomos, el presidente de la Federación Nacional de Organizaciones de Autónomos (ATA), la más representativa de España integrada por unas 300 organizaciones tanto territoriales como sectoriales y ademas es vicepresidente de CEOE desde septiembre de 2019. Agente comercial de profesión, lleva la mitad de su vida emprendiendo. Dice alto y claro que al menos el 70% de los autónomos no aguantaría un confinamiento como el de marzo y "este país tampoco se lo podría permitir". Calcula que 100.000 autónomos se van a quedar en el camino durante este año. "A partir del 1 de octubre podemos ver un ERE silencioso que va afectar a cientos de autónomos cada día", señala.
El Gobierno tiene previsto actualizar a principios de octubre el cuadro macroeconómico, con una previsión de una caída del PIB de doble dígito, que podría oscilar entre el 10% y el 11%, para este año, así como presentar la nueva senda de estabilidad presupuestaria con los nuevos objetivos de déficit y deuda pública, junto al nuevo límite de gasto no financiero ('techo de gasto').
En respuesta al Partido Popular, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se comprometió este miércoles a que los nuevos Presupuestos que traiga a la cámara -previsiblemente a lo largo del mes de octubre- serán unos Presupuestos Generales "sin recortes, sin bajada del gasto público" ni políticas "que asfixien a las Comunidades Autónomas y a los Ayuntamientos".
El Ministerio de Hacienda ultima la nueva senda de estabilidad presupuestaria con los nuevos objetivos de déficit y deuda pública que prevé presentar a finales de mes en el Consejo de Ministros, junto al límite de gasto no financiero ('techo de gasto'), al tiempo que está concluyendo en coalición con Unidas Podemos un acuerdo fiscal con subidas de impuestos a grandes patrimonios y rentas con "ajustes" respecto al acuerdo programático del Ejecutivo".
La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, sigue apostando por unos Presupuestos Generales del Estado que corrijan brechas de desigualdad. "No nos sirven unos presupuestos moderados cuando un trabajador que cobra 430 euros de subsidio de desempleo no puede preservar su salud porque no puede comprarse mascarillas", ha sentenciado en una entrevista que este domingo publica La Vanguardia.
El Gobierno de coalición del PSOE y Unidas Podemos ultima un acuerdo fiscal con subidas de impuestos a grandes patrimonios y rentas altas para su inclusión en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2021, aunque recogerá ajustes respecto al acuerdo programático del Ejecutivo y se pospondrá la reforma fiscal en profundidad inicialmente prevista.
La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, ha matizado este jueves la tardanza del Ejecutivo en presentar el borrador de los Presupuestos de 2021 y ha recordado que realizar una cuentas nuevas lleva tiempo.
