Los Presupuestos de 2023 elevan un 44% las inversiones destinadas a Cataluña. Nada hay que objetar a ese incremento, fruto de las negociaciones en el Congreso. Resulta legítimo, no obstante, subrayar que ése no es el único gesto que el Gobierno central tuvo con la Generalitat. Moncloa ha prodigado guiños de ese tipo en múltiples ámbitos, desde el diseño del Perte de microchips hasta el último reparto del FLA. Es más, el problema radica en que se ha extralimitado con cesiones a ERC tan dañinas como la reforma ad hoc del delito de sedición (lo que también podría extenderse a la malversación), o en el endurecimiento de la tributación a grandes fortunas. Se trata en este último caso de pasos que tendrán un alto coste institucional y económico.

Sin estar abierto el periodo de licitaciones todavía, de los fondos Next Generation, el Gobierno se ha apresurado a promocionar el papel de la empresa californiana Cisco, por decidir instalar un centro europeo de diseño de microchips en Barcelona.

El think tank económico Funcas critica en un extenso informe dedicado a los Presupuestos que el Gobierno no sea capaz de ajustar el déficit estructural pese al incremento extraordinario de la recaudación. Los dos escenarios que recoge el Ejecutivo mantienen las finanzas españolas con un déficit del 3,9% pese a un alza superior al 6% de los ingresos totales, con el riesgo de que sean coyunturales por la inflación, y una presión fiscal que también supera el 42% del PIB. Así, el déficit rebosaría los 50.000 millones pese a que prácticamente todas las partidas de ingresos no financieros están previstas que mejoren respecto al año previo.

El Gobierno se asegura la aprobación de los Presupuestos tras el sí de PDeCAT y Bildu y, previsiblemente, el de ERC. EH Bildu ha confirmado hoy su apoyo tras haber alcanzado un acuerdo global con el PSOE y Podemos que, entre otros puntos, prorrogará durante todo 2023 el límite del 2% para la actualización de las rentas de alquiler y la subida del 15% de las pensiones no contributivas -que estaba pactada hasta el 31 de diciembre de este 2022-, y que avanzará en cuestiones de Memoria Histórica y autogobierno.

Como era de prever por parte del principal partido de la oposición, el Gobierno de Pedro Sánchez coló ayer el impuesto temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas -a partir de más de tres millones de euros-, a través de una enmienda a la proposición de ley para establecer gravámenes a los beneficios de las grandes energéticas y también a la banca.

El Partido Popular ha registrado esta semana en el Congreso de los Diputados su disconformidad por el veto del Gobierno de Pedro Sánchez a las propuestas fiscales de la formación que lidera Alberto Núñez Feijóo. Y más en concreto, a la rebaja de IRPF para la clase media y trabajadora y, también de la reducción del IVA de los productos básicos de la cesta de la compra. La denuncia del Grupo Popular se extiende al veto masivo de 250 enmiendas en el trámite de los Presupuestos Generales del Estado.

Malas noticias para el Gobierno. En línea con la mayoría de instituciones, el último informe del Consejo General del Economistas -publicado este lunes- ha revisado a la baja los datos del PIB para este año y el próximo, dejando la previsión en un 3,8% para 2022 -seis décimas de la previsión de Nadia Calviño-, y en el 0,9% para 2023 -es decir, un punto menos que lo previsto por el Ejecutivo de Pedro Sánchez-. Además, el Consejo General de Economistas mantiene la tasa de inflación subyacente en el 6,2%, en una jornada en la que la inflación de la eurozona se deboca y escala a un récord del 10,7% en octubre.

Como era previsible, el Gobierno de Pedro Sánchez ha salvado este jueves el trámite a la totalidad a los Presupuestos Generales, gracias una vez más a sus socios de investidura. Socios que ya avanzan que presentarán enmiendas parciales en la siguiente fase del desarrollo de ley, y que pasa en otras demandas por impuestos permanentes a las grandes empresas y por pensiones más dignas. ERC y EH Bildu advierten de que no se lo pondrán fácil al Ejecutivo. El PNV, por su parte, señala que ahora están en el punto de partida. No en vano, la ministra de Hacienda ya ha anticipado el compromiso de reformar el delito de sedición y, por otra parte, renovar el Cupo Vasco.

La ministra de Hacienda ha afirmado este miércoles que la economía de España experimentará un enfriamiento en el próximo ejercicio, si bien la recesión la deja para otros países de nuestro entorno. Con motivo del debate de las enmiendas a la totalidad a los Presupuestos Generales del Estado, María Jesús Montero ha vaticinado que nuestro país alcanzará en 2023, hasta 21 millones de trabajadores, con una tasa de paro que estará por debajo del 12%.

Enmienda a la totalidad. El Círculo de Empresarios ha calificado este martes los Presupuestos Generales del Estado de 2023 de imprudentes, insolidarios e irreales, por lo que pide al Gobierno que los devuelvan y elaboren unos nuevos con otras previsiones macroeconómicas, y donde se plantee una reducción del déficit público. Además, los empresarios también echan en falta la deflactación de la tarifa del IRPF.

La brecha entre el creciente gasto público de España y unos ingresos récord, que no sirven para corregir los desequilibrios de nuestras cuentas, han generado un déficit estructural cerca de un 5% del PIB. Muy lejos del compromiso adquirido por Pedro Sánchez con la UE, de alcanzar en 2025 la senda de estabilidad por debajo del 3%.

La presidenta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal ha denunciado este martes un catálogo de "carencias notables" de los nuevos Presupuestos Generales del Estado. Entre ellos, unas previsiones que no son realistas y partidas que no están asignadas. La AIReF -ha admitido Cristina Herrero- llegó a dudar de entregar o no su aval. Además, y en clave macroeconómica, el organismo anticipa una evolución negativa del PIB en el cuarto trimestre de este año, al tiempo que no ve recuperación de nuestra economía hasta la primavera de 2023, siendo en 2024 cuando España empiece a recuperar los niveles prepandemia.

Los investigadores de BBVA Research, Rafael Domenech y Enrique Devesa, han analizado las principales partidas de las cuentas presupuestarias de la Seguridad Social de cara a 2023, reclamando medidas de contención del gasto paralelas a la revalorización. El año próximo afrontará, principalmente, una revalorización generalizada de las pensiones conforme un IPC medio proyectado del 8,5%. Pese a la transferencia récord del Estado de 39.000 millones o a una previsión de ingresos por cotizaciones importante, el sistema se mantendrá en déficit. 

El gasto social que abandera los Presupuestos Generales del gobierno de coalición para el próximo 2023 está cubierto en su mayor parte por el gasto dedicado a las pensiones. En una nota del director de Fedea, Ángel de la Fuente, sobre las cuentas presupuestarias alerta del incremento del gasto en pensiones sobre el PIB. Esta partida "ha crecido a un ritmo medio anual de cuatro décimas de PIB durante el último lustro, pese a que todavía no ha comenzado la jubilación de los baby boomers", alertan desde Fedea.

El anteproyecto de los Presupuestos Generales del Estado de 2023, los más expansivos de la historia de la democracia, sigue siendo objeto de análisis. Y sin duda el incremento del gasto público es uno de los detalles que se no le escapa a los expertos, que observan cómo desde las cuentas de 2018 de Mariano Rajoy, este apartado se ha elevado hasta un 41,5% con el Gobierno de Pedro Sánchez, pasando de los 318.444 millones de euros, a los 450.722 millones.

Los Presupuestos Generales del Estado (PGE) del próximo año han terminado por confirmar el blindaje de la recuperación del poder adquisitivo de los jubilados como escudo frente a la inflación. El Gobierno espera que el IPC medio entre diciembre de 2021 y el próximo mes de noviembre, meses observados para indexar las pensiones según marca la ley, marque un 8,5%. En el caso de los jubilados, su retribución mensual se incrementará algo más de 100 euros de media y en la comparativa anual con el sueldo más frecuente lo superará y saldrá ganando por más de 600 euros.

Los Presupuestos Generales del Estado de 2023 prevén unos ingresos récord para financiar un nivel de gasto público nunca antes alcanzado. Su principal motor será el IRPF, ya que el Ejecutivo augura un avance de su recaudación superior a los 8.000 millones, más de la mitad de los cuales serán extraídos de la clase media. Si se extrapolan los datos de la Agencia Tributaria sobre la contribución de cada tramo de renta a la recaudación total del IRPF en cada año, la conclusión es que el 60% de los ingresos extra en este capítulo correrán a cargo de ese segmento de la población.

El Gobierno ha incluido en los Presupuestos Generales del Estado el aumento del 8,6% de las bases máximas de cotización, una medida que supone cargar con casi 1.600 euros anuales extra en cotizaciones a la Seguridad Social a los salarios que superan los 49.000 euros en los que está limitada la actual base máxima. Esta medida, tal y como confirman fuentes internas de la patronal CEOE-Cepyme y de la asociación de autónomos ATA, se presentó a espaldas del diálogo social y no fue consultada durante la reunión por la reforma de pensiones celebrada esta misma semana, antes de la presentación de los PGE. Públicamente, ayer el presidente de la patronal, Antonio Garamendi, calificó de "inadmisible e impresentable" la decisión.

Radio Televisión Española (RTVE) tendrá el año que viene un presupuesto de 530 millones de euros, según recogen los Presupuestos Generales del Estado (PGE) publicados este jueves. Hay que remontarse hasta el año 2011 para encontrar una partida presupuestaria tan elevada, entonces recibió de las arcas públicas 548 millones.

El Gobierno destinará el 17,2% de la inversión estatal a Cataluña en los próximos Presupuestos. La cifra es muy parecida a la del año 2022 y se eleva hasta los 2.308,9 millones, convirtiendo a la autonomía en la segunda que mayor dinero recibirá, por detrás de Andalucía. Los empresarios del territorio ven con buenos ojos la propuesta, pero advierten que no servirá de nada si no se alcanzan unos porcentajes de ejecución cercanos al 100%.

El Estado recoge en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2023 una transferencia récord para "garantizar la sostenibilidad" del sistema público de pensiones que roza los 39.000 millones de euros tras crecer un 7,2%. De esta inyección, que forma parte de las recomendaciones del Pacto de Toledo, la transferencia para cubrir gastos no contributivas (los conocidos como gastos impropios) suma 19.888 millones, casi 1.500 más que el año previo.

El Gobierno ha previsto en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2023 una inversión de 1.269,46 millones de euros en la Comunitat Valenciana, un 4,7% más que lo presupuestado en este ejercicio, que alcanzó los 1.208 millones de euros.

Las políticas de industria y energía contarán el próximo año con 11.606 millones de euros, un 2,6% más -293 millones- que el año pasado, incluyendo la financiación de actuaciones por un importe de 5.925 millones de euros a través del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR). Si se descuenta dicho importe, el Gobierno destinará la cantidad de 5.681 millones de euros a estas políticas, tal y como sale reflejado en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2023.

El ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana que encabeza Raquel Sánchez vuelve a centrar un año más en el ferrocarril y sigue el espíritu del ejercicio anterior con la prioridad de las inversiones sobre la red convencional. En concreto, la cartera del ramo invertirá 7.991 millones de euros en este medio de transporte, "duplicando la cantidad que heredamos en 2018", señaló durante la rueda de prensa de presentación de los presupuestos Sánchez. "En el primer semestre pondremos en servicio el servicio con Asturias y el segundo tramo de la alta velocidad en Extremadura", reconoció. Además, durante este periodo también espera llevar a cabo la licitación de obras clave como la Y vasca. En total, el ministerio de Transportes tendrá una dotación de más de 21.000 millones -de los que 5.070 vendrán de los fondos europeos- con una inversión de 16.550 millones, la mayor desde 2010.

El Gobierno ha aumentado de 445 a 455 millones de euros los fondos que destinará el año que viene a impulsar la movilidad eléctrica y de pila de combustible de hidrógeno y a aumentar la expansión de la infraestructura de recarga, según el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2023.

Los ministerios de Seguridad Social y Migraciones, Defensa y el de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana vuelven a ser los ministerios con más presupuesto en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) 2023. Así se confirma en el proyecto presentado este mismo jueves en el Congreso de los Diputados.

El volumen de gasto social que el Gobierno liberará en 2023 no sólo resulta histórico en términos globales, al acumular un monto nunca antes visto en España de casi 270.000 millones. Más interesante aún resulta analizar el desglose al detalle de su impacto, en términos de millones de personas, que el Ejecutivo espera para el año que viene. Son, según sus propios cálculos, más de 17 millones de individuos los que el año próximo tendrán un claro denominador común: la posibilidad de que les beneficie una (o varias a la vez) de las medidas que Moncloa clasifica como propias de la "justicia social".

El Gobierno de Pedro Sánchez aprobó ayer el anteproyecto de los Presupuestos Generales del Estado de 2023, que supone el mayor gasto público de la historia de España, con récord de 266.719 millones de euros.

En una primera aproximación al proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2023 se pueden extraer tres conclusiones con bastante sencillez: a) el gasto no financiero aumenta un 7,6% en 2023, por encima del crecimiento del PIB nominal (5,9%); b) conduce a la Seguridad Social a un estrés financiero muy relevante con un déficit estrictamente contributivo por encima de los 20.000 millones de euros; y c) el crecimiento de los ingresos públicos es muy inferior al crecimiento del gasto total, y aun así el Gobierno prevé que el déficit presupuestario se reduzca hasta el 3,9% del PIB.