La legislatura termina, igual que el breve mandato de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno. El socialista llegó a Moncloa con muchos planes y una hoja de ruta dibujada por los presupuestos alternativos presentados por los socialistas a principios del año pasado. Sin embargo, de esta hoja de ruta solo se ha cumplido un 15%, bloqueada como ha sido la obra del Gobierno por el veto a las Cuentas aplicado por los partidos de la oposición y los independentistas en el Congreso de los Diputados. Y todo ello sin haber aumentado los ingresos para compensar el incremento de 1.590 millones de euros que se ha producido en el gasto.
Pedro Sánchez y sus ministros no se plantean otra estrategia de cara a las semanas que quedan hasta las Elecciones Generales del 28 de abril que no sea "seguir gobernando" a través de las herramientas legislativas que le quedan en la mano: los reales decretos ley (RDL).
Aunque el Gobierno tiene la intención de rescatar medidas incluidas en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) - vetados por el Congreso - mediante la aprobación de reales decretos ley (RDL) antes de las elecciones del 28 de abril, será el Ministerio de Hacienda el que decida cuáles se aprobarán y se pondrán en marcha y cuáles no.
A pesar de no haber podido aprobar sus Presupuestos, el Gobierno ha logrado sacar adelante algunos reales decretos de ley -convalidados en el Congreso de los Diputados- que le han permitido cumplir compromisos contraidos durante el mandato de Pedro Sánchez, así como otros que ya habían sido prometidos por el Ejecutivo de Mariano Rajoy y que finalmente asumieron los socialistas.
El adelanto electoral del 28 de abril va a provocar, por imperativo legal, la disolución de las Cortes el 5 de marzo, lo cual va a causar la inmediata interrupción de los trabajos legislativos en marcha. Esto hará que los proyectos de ley que no se vayan a aprobar de manera inmediata se queden en agua de borrajas, entre ellos la contrarreforma laboral y las tasas Tobin y Google.
El rechazo a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) tendrá un impacto muy relevante en la inversión en infraestructuras para el ejercicio 2019. Las cuentas públicas del Gobierno de Pedro Sánchez contemplaban un incremento del 26% del gasto, a los 9.973 millones, que ya no se hará efectivo. En términos absolutos, supone eliminar recursos por 2.097 millones, ya que con la prórroga de los PGE de 2018 la partida para infraestructuras se limita a 7.876 millones. Además, la previsible convocatoria de elecciones deja en el aire otras medidas como el plan privado de carreteras, el mantenimiento de las autopistas quebradas en manos del Estado, la reversión de los peajes a su vencimiento, la compra millonaria de trenes, los planes de Cercanías y la renovación de estaciones y vías de ferrocarril convencional, entre otras actuaciones.
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha afirmado este jueves que mañana el Gobierno comunicará la convocatoria de elecciones generales, que será "seguro" a lo largo de 2019.
El rechazo del Congreso a los Presupuestos Generales del Estado de 2019 no afecta a las medidas incluidas en el proyecto que ya habían sido aprobadas por decreto y están en vigor desde el 1 de enero, que son la subida de las pensiones, del salario mínimo y de los sueldos del sector público.
El veto del proyecto de Presupuestos Generales del Estado supone un terremoto político insospechadas consecuencias, aunque una de ellas no va a tardar en escenografiarse: la ruptura de la alianza con Podemos.
El viernes se desvelará la incógnita sobre el adelanto electoral. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hará saber si convocará elecciones generales tras la reunión de Consejo de Ministros del viernes, han aclarado fuentes de Moncloa después de fracasar la aprobación de los Presupuestos en el Congreso.
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