El presidente de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, reclamó este lunes en la asamblea general de la patronal catalana actuaciones para que España cuente con un ecosistema fiscal competitivo y administraciones públicas más eficientes, para lo que consideró "indispensable a corto plazo" deflactar el IRPF con el objetivo de compensar la elevada inflación y evitar la pérdida de poder adquisitivo de los ciudadanos.
También insistió en su reclamación, pendiente de sentencia por parte del Tribunal Constitucional, de eliminar el Impuesto de Patrimonio por ser confiscatorio, e incidió en la reivindicación de armonización a la baja del impuesto de Sucesiones y Donaciones.
Asimismo, recordó la propuesta de la patronal catalana de elaborar un Plan Estratégico de lucha contra la economía sumergida en España para aflorar 10 puntos del PIB en 4 años. Esto representaría un incremento fiscal del 3,5% del PIB (33.000 millones de euros) y aflorarían 1,5 millones de asalariados, según sus cálculos.
En el ámbito de las reformas para ganar eficiencia en el sector público, repasó además las estimaciones de la CEOE sobre que la modernización, digitalización, y eficiencia en los gastos públicos supondría un ahorro de 60.000 millones de euros.
En su discurso ante la asamblea general de Foment, Sánchez Llibre se mostró optimista sobre la capacidad de afrontar los retos actuales, pero lamentó: "Es evidente que los empresarios europeos lo están pasando mal, pero es posible que el empresario español lo pase peor, porque aquí la deuda pública se incrementa más que en el resto de estados europeos, que ya está en el 118,4% del PIB en 2021, porque aquí el PIB crece menos que en el resto de países de la Unión Europea. Y lo mismo podríamos decir del incremento de los precios energéticos, que han hecho que el IPC llegue al 8,4% en el mes de abril, de la economía sumergida, y de la eficiencia de las administraciones públicas".
Respecto a la gestión de la energía, que está impactando en los costes de empresas y hogares, destacó la propuesta de reactivar la construcción del gasoducto Midcat entre España y Francia aprovechando los fondos europeos de recuperación para reducir la dependencia del gas ruso en el Viejo Continente.
También explicó que Foment ha planteado al Gobierno y la Generalitat de Cataluña revisar las políticas de transición energética para combatir el cambio climático de forma que sea una hoja de ruta justa, competitiva y eficiente. La entidad aboga por ampliar la vida de las centrales nucleares más allá de 2035 y acelerar el despliegue de energías renovables para poder evolucionar hacia generación libre de emisiones sin disparar los precios.
La patronal también rechaza la doble imposición que critica que supondría el futuro impuesto catalán a las emisiones industriales de CO2, que advierte que favorecería la deslocalización, especialmente en la petroquímica de Tarragona, mientras que Foment defiende aprovechar los fondos Next Generation para reindustrializar Cataluña, de forma que el sector secundario alcance el 25% del PIB catalán en 2030.
En un ámbito más local, Sánchez Llibre apeló a "combatir ideológicamente y con argumentos la política de decrecimiento económico" impulsada por la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, de quien reprochó su talante "autoritario, arrogante, poco democrático e ideológicamente sectario".
"La alcaldesa ha optado por la judicialización, que ha sido el único camino para defender nuestros intereses empresariales", deploró, mencionando cuestiones como las supermanzanas, la zona de bajas emisiones –anulada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC)- y la reforma de la Via Laietana de la capital catalana, que condicionan la movilidad y provocan "pérdidas significativas al sector comercial".
Cuentas anuales en positivo
La asamblea general de Foment del Treball también aprobó este lunes las cuentas anuales de la patronal catalana, que lidera Josep Sánchez Llibre desde finales de 2018.
Los números rojos que encontró al asumir el cargo se han tornado ahora en beneficios, con un resultado neto en 2021 de 168.849,53 euros. El resultado de explotación, que tiene en cuenta ingresos y gastos, fue el año pasado de 246.879,5 euros, según la documentación a la que la asamblea dio luz verde.