El consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, y el presidente de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, advirtieron este lunes del riesgo de deslocalizaciones en el polígono petroquímico de Tarragona, el más importante del sur de Europa. El motivo es el nuevo impuesto sobre las emisiones contaminantes que prepara la Generalitat de Cataluña y que supondría que la industria catalana deba pagar por duplicado por el CO2, ya gravado por los derechos de emisión que marca la Unión Europea.
Lanzaron esta advertencia en una jornada sobre industria y energía organizada por la patronal catalana, que lamentó en las conclusiones que las políticas para la transición energética que están impulsando tanto la administración autonómica como la española no tienen en cuenta a la industria, lastrando su competitividad y obviando que el sector secundario debe jugar un papel protagonista en la lucha contra el cambio climático y puede ser fuente de riqueza a través de nuevos procesos y combustibles, ya que la descarbonización no pasa solo por la electrificación.
Por ello, tanto Imaz como Sánchez Llibre instaron a "repensar" la transición energética y elaborar normativas que aporten seguridad para que las empresas realicen las inversiones necesarias, mientras que las políticas actuales, incluso a nivel europeo, penalizan a la industria local y "no reducen las emisiones, sino que simplemente se realizan en otro lugar" e incluso con mayor impacto ambiental, lamentó Imaz.
El directivo recordó que Repsol tiene presencia en Tarragona, pero también otras instalaciones en España que pagarían menos que la catalana si se suma el nuevo impuesto autonómico del CO2.
Ante el secretario de Empresa y Competitividad de la Generalitat de Cataluña, Albert Castellanos, y el secretario general de Industria y Pyme del Ministerio de Industria, Raül Blanco, Sánchez Llibre reivindicó que los gobiernos tienen que asumir que la transición energética se debe hacer garantizando la competitividad, evitando deslocalizaciones y manteniendo el empleo, y que debe ir acompañada de un "sistema fiscal competitivo".
En este sentido, insistió en su petición de la eliminación del impuesto de Patrimonio, inexistente en Europa, y la armonización a la baja del impuesto de Sucesiones y Donaciones: "No quiere decir menos recaudación, porque se puede luchar contra la economía sumergida".
Prorrogar nucleares
Sánchez Llibre defendió también mantener centrales nucleares en España más allá de 2035, ya que si se cierran todas, será imposible cumplir los objetivos de transición energética porque todavía no estarán disponibles energías alternativas suficientes -la patronal también demanda acelerar el despliegue de energías renovables-, o lo estarán a precios demasiado elevados, argumentó.
"No podemos desprendernos de un peso del 55% del consumo energético industrial, como el que supone la energía nuclear, que no es contaminante", adujo.
Manifiesto
La asociación de las empresas que conforman el polígono petroquímico de Tarragona, AEQT, es una de las entidades firmantes del manifiesto impulsado por Foment del Treball contra el nuevo impuesto que prepara la Generalitat sobre las instalaciones que emiten gases de efecto invernadero, así como contra las limitaciones a la incineración de residuos.
Consideran que se trata de "decisiones que castigan a la industria" y que contribuyen a la caída de la competitividad en Cataluña, ahuyentando inversiones y favoreciendo deslocalizaciones.
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