Los informes realizados por el excomisario José Manuel Villarejo para BBVA, que están en manos de la Audiencia Nacional, reflejan cómo los servicios de espionaje y supuestas escuchas ilegales continuaron tras fracasar en febrero de 2004 la operación de asalto de Sacyr al banco, para la que había sido contratada su compañía Cenyt en noviembre del ejercicio anterior.
BBVA, con Carlos Torres al frente, ha decidido alargar la crisis reputacional que vive desde el 9 de enero por el escándalo de las escuchas ilegales a políticos y empresarios en 2004 y 2005 por el excomisario José Manuel Villarejo para tumbar la operación de asalto de Sacyr.
Fernando Salazar preside desde junio de 2018 la Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación (Cesce).
La cúpula de BBVA, o buena parte de ella, estaba al corriente de los servicios que el banco había contratado a las empresas de José Manuel Villarejo para desmontar la operación de asalto de Sacyr en 2004 y 2005. En los informes realizados por el excomisario -hoy en prisión preventiva- para el banco, a los que ha tenido acceso este periódico, se hace mención a una reunión que mantuvo el equipo del exinspector con miembros de la dirección Letrada del grupo financiero y se sugiere que hay determinadas áreas pilotadas por el staff, como la dirección de comunicación e imagen, que conocen la existencia de los trabajos. La dirección Letrada, según algunas fuentes, sería la jurídica ya que nunca ha existido en la entidad una bajo esa denominación, y ésta podría haberse utilizado en los contactos con Villarejo a un asesor externo.
José Antonio García Cabrera, abogado defensor del excomisario José Manuel Villarejo, ha asegurado hoy tras la declaración de su representado en la Audiencia Nacional que detrás del caso BBVA hay intereses estratégicos del Estado. "No fue simplemente un encargo profesional privado, sino que detrás del mismo hay intereses estratégicos del Estado y para el interés general de todos los españoles", ha asegurado el letrado.
ING España ha sucumbido finalmente a Apple Pay y próximamente sus clientes podrán utilizar este servicio para pagar sus comprar a través de teléfono móvil. Según ha anunciado la entidad en su página de internet, en breve estará disponible el instrumento de medios de pago de la compañía de la manzana, por el cual las tartejas de crédito se pueden insertar en el smartphone para realizar las compras.
Las cajas rurales y las cooperativas de crédito están aprovechando la retirada de los pueblos y el cierre de sucursales de la banca en todo el país para ganar negocio.
La relación de BBVA con el excomisario de policía José Manuel Villarejo se extendió más allá del objetivo de obtener información sobre los protagonistas del asalto al banco por parte de Sacyr para frustrar el plan y llegó hasta las cajas catalanas. El entonces jefe de Seguridad de la entidad pidió al exinspector que le mantuviera informado sobre el presunto plan del entonces ministro de Industria, José Montilla, de fusionar las dos principales cajas catalanas, La Caixa y Caixa Cataluña.
El apoyo del Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero a Sacyr a finales de 2004 para que asaltara BBVA no fue gratis, según revelan los informes que elaboró el equipo del excomisario José Manuel Villarejo para remitir al banco azul. Los documentos desvelan que Zapatero amparó los planes del entonces director de la Oficina Económica de La Moncloa, Miguel Sebastián, para echar al presidente de BBVA, Francisco González (FG), no por "la inquina" personal que Sebastián tenía al banquero, sino con la aspiración de que esta conquista fuera la llave para acceder "a muchos de los relevos de los llamados nombramientos de (José María) Aznar, como pueden ser Telefónica, Endesa o Iberia", reflejan los informes.
BBVA no tiene previsto dar ningún paso en falso en relación al caso Villarejo y por eso ha adoptado una política de prudencia. Sus actuaciones se tomarán en función de cómo evolucionen los acontecimientos y, en estos, el papel de la Justicia es clave. La Audiencia Nacional ha abierto ya dos piezas para investigar, por un lado, los contratos de la empresas del excomisario para frenar el asalto de Sacyr en 2004 y 2005, y, por otro, los servicios para conocer pormenorizadamente la asociación de consumidores Ausbanc desde 2012 a 2017.