BBVA no tiene previsto dar ningún paso en falso en relación al caso Villarejo y por eso ha adoptado una política de prudencia. Sus actuaciones se tomarán en función de cómo evolucionen los acontecimientos y, en estos, el papel de la Justicia es clave. La Audiencia Nacional ha abierto ya dos piezas para investigar, por un lado, los contratos de la empresas del excomisario para frenar el asalto de Sacyr en 2004 y 2005, y, por otro, los servicios para conocer pormenorizadamente la asociación de consumidores Ausbanc desde 2012 a 2017.
En principio y siempre que no haya un cambio de posición, mientras no exista una imputación, la entidad no va a tomar ningún tipo de medida, ni siquiera la dimisión forzada del presidente de honor, Francisco González, directivo que estaba al frente del grupo en el momento en que sucedieron los supuestos encargos de pinchazos ilegales de las comunicaciones telefónicas. A pesar de la presión ejercida por las autoridades supervisoras -sobre todo el BCE- para que cierre cuanto antes la crisis, el banco prefiere mantenerse en compás de espera. También está pendiente de la investigación interna abierta para aclarar los hechos y determinar si hubo un comportamiento irregular.
La petición a González de que renuncie voluntariamente de su cargo honorífico en el banco y la Fundación otorgado por el consejo de administración para distinguir su legado durante dos decenios al frente de la entidad, de momento no ha surtido efecto, pero en BBVA confían en que -en función del avance de las investigaciones y de las informaciones- terminará dando su brazo a torcer.
Independencia política
Según distintas fuentes, el banquero se ha enrocado en su trono porque está convencido de que gracias a su labor BBVA se salvó al haber impedido que Sacyr, con apoyo del Gobierno socialista de Zapatero, tomara el control en 2005. De hecho, en sus últimas intervenciones públicas ha presumido de que en ningún momento se dejó "doblegar" por los poderes políticos y que esto es una de sus mayores logros.
El lunes se presenta como un día clave, ya que Villarejo tiene previsto contar en la Audiencia Nacional su versión sobre los contratos de BBVA, principalmente los relativos al asalto de Sacyr, según indicó el jueves su abogado, que añadió además que los contratos con el banco tienen que ver con un "grave suceso que marcó la vida política del país".
Otro episodio importante que marcará los pasos de BBVA será la reunión del próximo consejo de administración, que según el banco no se va a celebrar el lunes, donde algunos miembros no descartan reclamar el cese de González para dar por zanjada la crisis de Gobierno corporativo en la que esta envuelta la institución.
El malestar en el órgano rector es profundo con el escándalo, pero analizará con detenimiento las repercusiones de quitar los honores a su anterior presidente ejecutivo, ya que podría interpretarse como una admisión culpa o responsabilidad por las presuntas escuchas ilegales.
Este sentimiento de rechazo y preocupación fue admitido el lunes de esta semana por el nuevo máximo responsable de la entidad, Carlos Torres, que tomó el mando el pasado 1 de enero, una vez ejecutado el plan de sucesión y la salida anticipada de González.
"Todos en BBVA estamos escandalizados por las informaciones aparecidas" desde el 9 de enero, reconocía Torres en una carta enviada a la plantilla del banco con el fin de tranquilizar a los empleados. Estas informaciones, algunas de ellas adelantadas por este periódico, apuntan a que entre los políticos afectados por los pinchazos telefónicos se encuentran la exvicepresidenta, María Teresa Fernández de la Vega; el jefe de la Oficina Económica de Moncloa, Miguel Sebastián; y el exministro Rodrigo Rato, entonces director gerente del FMI. Entre los empresarios, según los informes realizados por Villarejo, destacan el expresidente de Sacyr, Luis del Rivero; el empresario Juan Abelló; y expresidente de BBVA, Emilio Ybarra. En dicha misiva, Torres sostiene que de demostrarse la relación con seguimientos o intervenciones de comunicaciones privadas se trataría de "conductas indudablemente muy graves, deplorables y diametralmente opuestas a lo que somos".
Para aclarar los hechos, BBVA ha reforzado los recursos externos e internos de la investigación que puso en marcha a mediados del ejercicio pasado. De este estudio aún no ha encontrado indicios de irregularidades.
Días antes de la comunicación a la plantilla, el banco mostró su disposición con la Justicia para esclarecer los acontecimientos relativos a los contratos con las empresas de Villarejo y advirtió de que tomaría cualquier tipo de medida, sin excluir la presentación de una demanda al que aún es su presidente de honor.
Otro factor que también puede influir en los movimientos del banco es la presión que ejerza la clase política, de la que destacados miembros fueron víctimas de las escuchas. En los últimos días ha ido aumentando la petición de responsabilidades a BBVA por parte de los dirigentes de los partidos.
