La presión para que Francisco González se vaya de BBVA definitivamente es tal que incluso el banco se está empleando a fondo para que renuncie voluntariamente y el consejo de administración no tenga que verse obligado a analizar su continuidad como presidente de honor, tras el escándalo de los contratos a las empresas del excomisario José Manuel Villarejo en 2004 y 2005 para frenar el asalto de Sacyr.
Es la intención del banco y, especialmente, de sus principales dirigentes, entre los que se encuentra el máximo responsable, Carlos Torres, que están reclamando al ejecutivo de Chantada -que llevó las riendas del grupo hasta el pasado 31 de diciembre- que anuncie su marcha en los próximos días sin necesidad de que el órgano rector tenga que actuar.
Fuentes conocedoras de la situación sostienen que la salida de González no tiene por qué adoptarse en el consejo y que sería el propio presidente de honor el que daría el paso para no comprometer a la institución financiera y a su sucesor.
Este gesto sería muy bienvenido en BBVA, que está sufriendo presiones por parte del BCE para que cierre cuanto antes este episodio y retire el cargo no ejecutivo al que fuera su presidente durante más de dos decenios.
Algunas fuentes sostienen que la reunión del consejo no se celebrará el lunes -21 de enero- tal y como estaba previsto inicialmente. En principio, se producirá a lo largo de la semana que viene, por lo que González contará con más días para tomar una decisión final sobre qué postura adoptar: enrocarse en el cargo de privilegio o romper todo tipo de vínculo con el banco. Gracias a su cargo, dispone aún de despacho, secretaria y coche oficial a cargo del banco y de la Fundación.
Impacto reputacional
Algunos consejeros tienen previsto reclamar su salida en el consejo, si antes no se produce la renuncia voluntaria, ya que quieren pasar página a este caso que está dañando la reputación y la imagen de la entidad. Otros no quieren verse salpicados por los hechos que están siendo analizados desde junio por la Audiencia Nacional.
La propia ministra de Economía, Nadia Calviño, reconoció el miércoles que cualquier acto o situación que pueda dañar la reputación de una institución financiera es un tema serio. La ministra añadió que el presunto caso de espionaje de BBVA se trata de un asunto que está encauzado desde el punto de vista penal y es ahí donde se deben dirimir las posibles responsabilidades.
En el Gobierno siguen con atención la evolución del caso, que considera que "tiene un coste reputacional que no es positivo" para la entidad. Por otro lado, el BCE ha manifestado al Gobierno que no está preocupado por las informaciones conocidas sobre BBVA, pero reconoce que está ensuciando la imagen del banco, según informan fuentes del Ejecutivo.
Investigación interna
Torres, en un comunicado a la plantilla del pasado lunes, confirmaba los servicios de Villarejo al banco en dichos años, pero sostenía que la investigación interna -abierta en junio- aún no había detectado cualquier indicio delictivo. Es decir, que BBVA todavía no había podido esclarecer si el banco o sus responsables habían ordenado escuchas irregulares masivas a importantes empresarios y políticos, como la exvicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega; el exjefe de la Oficina Económica de La Moncloa, Miguel Sebastián; el exdirector gerente del FMI, Rodrigo Rato; y el expresidente de la constructora Sacyr, Luis del Rivero.
La investigación interna comenzó bajo la presidencia ejecutiva de González y cuando Torres era su mano derecha. Además, entonces se daba por hecho que la sucesión en el banco se iba a producir a finales de 2019 y no a principios de este año, como ha sucedido.
