El pasado 14 de marzo supuso un antes y un después en la vida de todos. La COVID-19 llevó al confinamiento y la sociedad y las personas transitaron a otra nueva dimensión desconocida hasta esos momentos. La mayor parte de los países pasaron a tener la vida con mayúsculas en el hogar como espacio físico.
El Tiempo (Colombia)
Las empresas innovadoras de España y Portugal que tengan menos de tres años de actividad pueden presentarse hasta el 4 de diciembre a los Premios EmprendedorXXI, una convocatoria de referencia en el ecosistema emprendedor que este año alcanza su 14ª edición. Los galardones están impulsados por CaixaBank, a través de DayOne, su división especializada en empresas tecnológicas y sus inversores, y cootorgados por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, a través de Enisa.
No cabe duda de que para sobrevivir en un entorno como el actual las empresas deben abrazar la digitalización. Máxime cuando en muchos países, entre ellos España, las medidas restrictivas a causa del Covid-19 han vuelto a endurecerse. En este sentido, según el Barómetro de CEPYME #LaPymeHabla, más del 50% de las pymes cree que la supervivencia de su empresa está en riesgo y un 5% ha cerrado definitivamente o prevé hacerlo.
La empresa española Lleida.net ha comenzado a cotizar este lunes en bolsa en Nueva York, en el segmento OTCQX Best Market del OTC Markets. A partir de ahora, se convierte en la única compañía que cotiza a la vez en BME Growth, el antiguo MAB (Madrid), Euronext Growth (Paris) y en OTCQX.
Uno de los colectivos más golpeados por el primer estado de alarma, debido a la imposibilidad del teletrabajo en su labor, es el de las empleadas del hogar. Por ello, el Gobierno anunció, ya en marzo, la creación de una ayuda específica para estas profesionales cuya cobro todavía hoy sigue planteando importantes problemas a la Seguridad Social. Estos apuros llaman la atención entre los expertos porque afectan a una prestación que, a priori, es fácil de gestionar. Se calcula que las solicitudes recibidas hasta julio (cuando el plazo se cerró) son poco más de 56.000. Es un número pequeño considerando que, de acuerdo con la Encuesta de Población Activa, el total de personas empleadas en tareas del hogar ronda las 580.000. Sin embargo, pese al bajo volumen de solicitudes recibidas, se rumorea que “casi la mitad de ellas” ni siquiera han podido ser aún revisadas por el departamento que dirige el ministro José Luis Escrivá. “Se trata de un ejemplo más de que la crisis sigue desbordando los trámites más básicos de las Administraciones”, según comentan en el sector.
La filial en España del gigante del comercio electrónico Alibaba declaró el año pasado en nuestro país una facturación inferior a cuatro millones.
El auge de la segunda oleada de la epidemia en Europa hace que sean cada vez más los países del Viejo Continente que plantean confinamientos domiciliarios, semejantes a los vistos de marzo a junio. Francia emprendió ese camino la semana pasada.
La corporación en el Ayuntamiento de La Bañeza (León), constituida por PP, PSOE, Ciudadanos, Podemos y Vox, ha mostrado su apoyo unánime al sector remolachero- azucarero, poniendo de manifiesto su rechazo a la campaña 'El azúcar mata' impulsada por el Ministerio de Consumo, así como a la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición y al impuesto sobre las bebidas azucaradas.
La patronal inmobiliaria opina que la futura Ley de la Vivienda, prevista por el Gobierno para primeros de 2021, pretende establecer mecanismos de contención y bajada de los precios de alquiler, lo que ha producido una gran inquietud entre las instituciones y los empresarios del sector inmobiliario. Para Montserrat Junyent, presidenta de la Patronal inmobiliaria FADEI, este anuncio, que a priori pudiera parecer una solución a corto plazo, "no solucionará el problema de fondo sino que tendrá un efecto negativo y no ayudará a mejorar el acceso a una vivienda digna reconocido en la Constitución, toda vez que el problema es la falta de viviendas disponibles". A su juicio, entre otras cosas producirá un desequilibrio entre la protección de los derechos del inquilino y los legítimos intereses del sector privado y no controlará el incremento de los precios, producido por la escasez de la oferta.