La patronal inmobiliaria opina que la futura Ley de la Vivienda, prevista por el Gobierno para primeros de 2021, pretende establecer mecanismos de contención y bajada de los precios de alquiler, lo que ha producido una gran inquietud entre las instituciones y los empresarios del sector inmobiliario. Para Montserrat Junyent, presidenta de la Patronal inmobiliaria FADEI, este anuncio, que a priori pudiera parecer una solución a corto plazo, "no solucionará el problema de fondo sino que tendrá un efecto negativo y no ayudará a mejorar el acceso a una vivienda digna reconocido en la Constitución, toda vez que el problema es la falta de viviendas disponibles". A su juicio, entre otras cosas producirá un desequilibrio entre la protección de los derechos del inquilino y los legítimos intereses del sector privado y no controlará el incremento de los precios, producido por la escasez de la oferta.
Otro de los problemas que ocasionará para los propietarios es que puede provocar que éstos no puedan abordar el mantenimiento de las viviendas, una situación que recuerda tiempos pasados en los que la falta de adecuación de la renta llevó al deterioro del parque de alquiler. Los inversores dejaran de adquirir inmuebles para incorporarlos al mercado de alquiler, lo que en definitiva producirá una reducción aun mayor de la oferta.
La medida también puede tener un impacto directo en la economía de pequeños propietarios que utilizan el alquiler como complemento a sus ingresos o su pensión de jubilación, provocando que en muchos casos decidan cambiar el alquiler por venta o por otras alternativas. A lo largo del tiempo ha habido experiencias que no han servido para solucionar el problema. Actualmente hay un movimiento en muchos países europeos que tratan de limitar el precio de los alquileres. Un ejemplo es Berlín, dónde el límite del precio de alquiler ha tenido como consecuencia un cierto abaratamiento respecto del año pasado pero con una reducción considerable de la cantidad de vivienda en oferta, lo que ha supuesto el efecto contrario.
En este sentido, para Montserrat Junyent, el límite del precio del alquiler "tal como marca la ley del mercado debiera seguir regulándose por la oferta y la demanda y, adoptar medidas que incentiven la creación de un parque de vivienda social suficiente para dar respuesta a la necesidad habitacional de las familias más desprotegidas". Según su opinión Poner un tope puede tener el efecto no deseado pues puede provocar que haya arrendatarios que decidan no poner sus viviendas en alquiler o incluso que haya pagos en negro para poder compensar la diferencia.
Ante la falta de vivienda pública en alquiler es necesario que el Gobierno contemple elevar el parque de este tipo con fines sociales e incentive su construcción mediante estímulos fiscales y de cualquier otro tipo, pues la colaboración del sector público privado debe recibir apoyo, no medidas coercitivas ni penalizadoras. Esta iniciativa del Gobierno serviría en buena parte para paliar el problema de la escasez de vivienda disponible que existe en este momento.