El consumidor está obligado a pagar las costas judiciales del procedimiento judicial que se ha visto obligado a promover para hacer valer sus derechos, si, finalmente, ve satisfechas sus demandas a través de un procedimiento extrajudicial, salvo en el caso de que el juez constate que ha existido mala fe por parte de la entidad crediticia y la condene a su pago, según determina el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), en sentencia de 22 de septiembre de 2022.
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), en sentencia de 22 de septiembre de 2022, considera que el procedimiento contemplado en los artículos 34.2 y 35.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC) no se ajusta al Derecho Europeo, puesto que su solicitud por el consumidor no suspende la ejecución del decreto del letrado de la Administración de Justicia o de la resolución judicial que confirma este decreto.
El responsable de derivación de responsabilidad solidaria, únicamente tiene acción administrativa frente al alcance global de la responsabilidad que se le exige, según reconoce el Tribunal Económico Administravo Central (TEAC), en resolución de 18 de julio de 2022.
El sector legal se encuentra inmerso en un proceso de evolución sin precedentes, que se ha visto acelerado por las condiciones generadas por la pandemia del Covid.
Los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que representan a los sectores conservador y progresista, acabaron ayer sin avances la segunda reunión para negociar la designación de los dos candidatos a magistrados del Tribunal Constitucional (TC) que le corresponde a este organismo.
En el caso de infracciones de abuso de mercado, como el empleo de información privilegiada, no está autorizada la conservación generalizada e indiferenciada, de datos de tráfico durante un año desde su registro, por los operadores servicios comunicaciones electrónicas, con carácter preventivo.
Para que la Seguridad Social pueda derivar la responsabilidad solidaria del administrador de una sociedad de capital es necesario no solo que se constate una situación fáctica de insolvencia de la sociedad y verificar que dicho administrador no ha cumplido sus deberes legales, sino, además, justificar la existencia de una causa legal de disolución efectiva de la sociedad, según determina el Tribunal Supremo, en sentencia de 27 de julio de 2022.
Aunque una denuncia en comisaría, en abstracto, no puede ser constitutiva de una violación del derecho al honor, al ejercitarse, además de un derecho, la obligación de denunciar, si la denuncia carece de soporte probatorio y tiene repercusión en los medios de información, estaremos ante una imputación gratuita que atenta contra el honor del afectado.
Tal y como recogía el programa del Partido Popular para las últimas elecciones andaluzas, el Gobierno de Juan Manuel Moreno Bonilla eliminará el impuesto de Patrimonio de la Junta este martes, bonificando al 100% y, también deflactará el IPRF en los tres primeros tramos para el ejercicio de 2022.
Los accidentes, de cualquier clase, que ocasionan secuelas permanentes que impidan el desempeño de la profesión habitual dan derecho al acceso a la justicia gratuita aunque el afectado tenga recursos económicos propios.