El Consejo de Ministros ha dado luz verde en primera lectura a la Ley de Consumo Sostenible, una normativa que, una vez en vigor, transformará la relación entre empresas y consumidores. Su objetivo principal es que las compañías proporcionen información clara, objetiva, veraz y suficiente sobre las características medioambientales y sociales de bienes y servicios, con un énfasis especial en la circularidad, durabilidad, reparabilidad y reciclabilidad de los productos.

La futura Ley de Consumo Sostenible aborda el 'greenwashing' o 'postureo verde' mediante la prohibición de una amplia gama de prácticas comerciales engañosas que están relacionadas con afirmaciones medioambientales, distintivos de sostenibilidad y la propia imagen de marca de la empresa. La Ley, al transponer la Directiva (UE) 2024/825, introduce medidas para empoderar a los consumidores frente a las prácticas de greenwhasing o ecopostureo, garantizando una información objetiva, veraz y suficiente sobre las características medioambientales de los bienes y servicios.

El reciente informe del Consejo de Defensa del Contibuyente (CDC) aborda una preocupación recurrente para los autónomos: la dificultad para probar y deducir gastos en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF). La inquietud se centra en la dificultad para probar la existencia o la deducibilidad de los gastos Esaú Alarcón es socio de litigación tributaria de Gibernau, profesor de Derecho Tributario en la Universidad Complutense y columnista habitual de esta publicación.

Una Administración Pública puede otorgar puntos extra en la adjudicación de un contrato de servicios sociales -aunque sea de bajo importe si se aplica la Directiva- a empresas que ofrezcan salarios superiores a los del convenio colectivo para el personal que prestará el servicio.