
El Consejo de Ministros ha dado luz verde en primera lectura a la Ley de Consumo Sostenible, una normativa que, una vez en vigor, transformará la relación entre empresas y consumidores. Su objetivo principal es que las compañías proporcionen información clara, objetiva, veraz y suficiente sobre las características medioambientales y sociales de bienes y servicios, con un énfasis especial en la circularidad, durabilidad, reparabilidad y reciclabilidad de los productos.
La nueva Ley de Consumo Sostenible trae dos herramientas clave: una etiqueta armonizada para informar sobre la durabilidad de los productos y un formulario europeo de reparación. Su objetivo es empoderar al consumidor para una compra más consciente y facilitar el derecho a reparar.
Las sanciones a las empresas que falsean su sostenibilidad se agravan
Etiquetado y Garantías
La nueva ley introduce la etiqueta armonizada, diseñada para informar a los consumidores sobre la existencia de una garantía comercial de durabilidad. Esta etiqueta, que se incorporará al texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, deberá ser fácilmente reconocible y comprensible.
El diseño y contenido de esta etiqueta serán determinados por la Comisión Europea, que los determinará mediante actos de ejecución a más tardar el 27 de septiembre de 2025.
Se exhibirá de manera destacada (en el envase, en el estante o junto a la imagen online) para que los consumidores identifiquen rápidamente los bienes con una garantía comercial de durabilidad ofrecida por el productor.
Marea contra el ESG: llega un nuevo golpe a la inversión sostenible
Esta garantía debe cubrir la totalidad del bien, ser sin coste adicional y tener una duración superior a dos años (aunque en España la garantía legal ya es de tres años para bienes). Los productores que ofrezcan estas garantías podrán usar la etiqueta para obtener una ventaja comercial, y los comerciantes deberán asegurar su visibilidad.
Además, la futura ley exige a los comerciantes, antes de la contratación, informar sobre los servicios posventa y sus condiciones, incluyendo los de reparación. También deberán proporcionar la puntuación de reparabilidad del bien (cuando el productor la facilite y se establezca a nivel de la Unión), para que los consumidores puedan elegir productos más fáciles de reparar.
Se busca que la etiqueta sea fácilmente reconocible y comprensible para los consumidores. Deberá exhibirse de manera destacada y utilizarse de forma que permita a los consumidores identificar fácilmente qué bienes concretos disfrutan de una garantía comercial de durabilidad ofrecida por el productor sin costes adicionales, que cubra la totalidad del bien, y con una duración superior a dos años, por ejemplo, colocando la etiqueta directamente en el envase de un bien concreto, exhibiéndola de manera destacada en el estante en el que se coloquen los productos cubiertos por dicha garantía, o colocándola directamente junto a la imagen del bien en caso de venta en línea.
Se introduce un aviso armonizado para recordar a los consumidores la existencia de la garantía legal de conformidad (Directiva (UE) 2019/771). Este aviso, diseñado por la Comisión Europea y de obligada inclusión en la información precontractual a distancia y en la oferta comercial, busca evitar confusiones con la garantía comercial de durabilidad.
Garantía Legal de Conformidad
La garantía legal de conformidad es un derecho estatutario del consumidor, inherente a la venta de cualquier bien o servicio. No es una oferta voluntaria del vendedor, sino una obligación legal que cubre cualquier falta de conformidad del bien o servicio con el contrato en el momento de la entrega o suministro.
En España, el empresario es responsable de las faltas de conformidad que se manifiesten en un plazo de tres años desde la entrega para los bienes, y de dos años para los contenidos o servicios digitales. Si el bien no es conforme, el consumidor puede elegir entre la reparación o la sustitución, salvo imposibilidad o desproporción. Si opta por la reparación, el periodo de responsabilidad del vendedor se amplía en doce meses adicionales por una única vez.
Garantía Comercial de Durabilidad
Esta garantía es un compromiso voluntario del productor, adicional a las obligaciones legales. Se centra específicamente en la durabilidad del bien, asegurando que mantenga sus funciones y rendimiento en condiciones normales de uso.
El productor se hace directamente responsable de la puesta en conformidad del bien si este no mantiene su durabilidad durante el periodo garantizado.
Los productores que ofrezcan esta garantía deben asegurar un servicio técnico adecuado y la disponibilidad de repuestos durante un mínimo de diez años desde que el bien deje de fabricarse. Además, podrán ser obligados a reparar bienes para los que la UE establezca requisitos de reparabilidad.
Una vez vencida la garantía legal o comercial, los productores deberán contribuir a la financiación de los costes de reparación de sus productos, con un esquema decreciente (20% durante los dos años posteriores, 10% el año siguiente y 5% el cuarto año), siempre que el bien cumpla ciertos requisitos y el reparador esté registrado en la plataforma europea.
Información digital y posventa
La ley también exige a los empresarios que comparen bienes o servicios basándose en sus características medioambientales o sociales, o aspectos de circularidad, que informen sobre el método de comparación, los bienes/servicios comparados, los proveedores y las medidas para mantener la información actualizada.
Para los bienes con elementos digitales y los contenidos/servicios digitales, los comerciantes deberán informar a los consumidores sobre el período mínimo durante el cual el productor o proveedor se compromete a proporcionar actualizaciones de software, incluidas las de seguridad. Esta información debe ser clara y permitir la comparación.
Se amplía la información precontractual a distancia y fuera del establecimiento, incluyendo el aviso y la etiqueta armonizada, la puntuación de reparabilidad y el período mínimo de actualizaciones de software. Además, se prohíbe el incremento de precios por personalización automatizada o por aumento de demanda en contextos de urgencia o necesidad del consumidor.
Fomento de la Reparación
La Ley de Consumo Sostenible refuerza el derecho a la reparación, porque los productores deben garantizar un servicio técnico adecuado y repuestos durante al menos diez años desde que el bien deje de fabricarse. Los fabricantes están obligados a reparar bienes para los que la UE establezca requisitos de reparabilidad, salvo imposibilidad.
No podrán negarse a reparar alegando reparaciones previas de terceros. Además, se estipula que las reparaciones obligatorias deberán ser gratuitas o a un precio razonable, efectuarse en un plazo razonable, y el productor podrá ofrecer un bien de sustitución temporal gratuito o a precio razonable.
Si la reparación es imposible, se podrá ofrecer un bien reacondicionado. Y se prohíbe incrementar los precios de los repuestos al aplicarlos en reparaciones, y la lista de precios de repuestos y servicios debe ser pública.
Los fabricantes deben ofrecer piezas de recambio y herramientas a precio razonable. Y se prohíben cláusulas contractuales o técnicas de software que impidan la reparación, salvo por factores legítimos (ej. propiedad intelectual). Los reparadores independientes podrán usar piezas originales, de segunda mano o impresas en 3D si cumplen la normativa.
El Formulario Europeo
Un instrumento clave es el Formulario Europeo de Información sobre la Reparación. Este formulario, que los reparadores pueden proporcionar voluntariamente (de forma gratuita, salvo diagnóstico), busca dar transparencia al proceso de reparación.
Debe contener: la identidad y datos de contacto del reparado; la identificación del bien; el tipo de reparación sugerida, precio y plazo; la disponibilidad de bienes de sustitución temporal; el lugar de entrega y servicios auxiliares (transporte, instalación); y el período de validez del formulario. Éste debe incluir un juicio de diligencia sobre el uso del bien, explicitando si la necesidad de reparación se debe a un mal uso del producto o a una reparación previa deficiente, con material gráfico y descripción de la disfunción.
Los reparadores registrados en la plataforma europea deben descontar el coste de reparación financiado por los fabricantes o distribuidores en este formulario. Así, se busca fomentar la confianza del consumidor y permitir la comparativa de opciones. Su entrega completa y exacta se considera cumplimiento de ciertos requisitos de información precontractual.
Relacionados
- El magistrado del Supremo Vicente Magro aboga por una reforma urgente que permita el desalojo de 'okupas' en 24 horas
- El ICAM celebra en octubre su primer Congreso de Familia y Sucesiones para debatir los puntos críticos del sistema legal
- El CGPJ llevará al pleno del 23 el último intento para nombrar presidentes de la Sala Penal y de lo Contencioso del Supremo
- Cobra el subsidio por desempleo y viaja a Marruecos sin avisar al SEPE: el Supremo le condena a devolver más de 12.000 euros al organismo