Marea contra el ESG: llega un nuevo golpe a la inversión sostenible

Portocolom Agencia de Valores aborda en un estudio un cambio de paradigma tras años en que los criterios ESG parecían ser la brújula que marcaba el norte de las finanzas.

En los últimos años, la inversión ESG (Ambientales, Sociales y de Gobernanza) ha experimentado cambios considerables, pasando de un ascenso prácticamente vertical caer en un valle. Ahora, las estrategias de inversión con criterios relacionados con la sostenibilidad atraviesan un entorno regulatorio, geopolítico y de desconfianza generalizada que amenaza su futuro.

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Ana Quintanal, asesora en impacto en Portocolom AV, analiza en un informe los desafíos sin precedentes que afronta la inversión con propósito.

Esta marea contra las iniciativas ESG es impulsada por varios factores, que representan un cambio significativo en el panorama de la inversión sostenible. Anteriormente, los criterios de sostenibilidad se consideraban la brújula de las finanzas, pero en los últimos meses ha surgido un discurso que cuestiona la relevancia y legitimidad de estos factores en la toma de decisiones económicas.

A pesar de las críticas y el retroceso generalizado, muchas empresas grandes como Apple, Nasdaq, Southwest, la NFL, Costco, Salesforce, Capgemini y Canon siguen apostando fuertemente por la diversidad y la sostenibilidad.

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Los principales factores que impulsan el retroceso incluyen las tensiones geopolíticas y fatiga regulatoria. Estos elementos han contribuido a remodelar el terreno para los inversores conscientes.

También destaca el informe los cambios regulatorios en Estados Unidos y en la UE. En Washington, la llegada de Paul Atkins a la presidencia de la SEC y la decisión de este organismo de dejar de defender su propia norma de divulgación climática en los tribunales, implica una supervisión menos exigente sobre los riesgos ambientales y mayor discrecionalidad para las empresas para omitir o matizar su huella de carbono.

Mientras tanto, Bruselas ha optado por ralentizar la aplicación de la Directiva de Reporte de Sostenibilidad (CSRD) y de la nueva norma de diligencia debida, posponiendo su implementación hasta 2028 y 2029. Aunque se presenta como simplificación, el informe apunta que esto crea un vacío de información que durará al menos tres ejercicios.

En la misma línea se destaca un desánimo general hacia la cooperación internacional. En Estados Unidos, se ha cancelado el 83% de los contratos de USAID, que ahora están bajo el control del Departamento de Estado. Esto no solo reduce la Ayuda Oficial al Desarrollo, sino que debilita la capacidad de los países de renta baja para financiar la transición energética y fortalecer sus instituciones.

Otros países tradicionalmente grandes benefactores, como Reino Unido y Holanda, también han recortado su financiación. La comunidad financiera pierde así un pilar importante, la ayuda multilateral, que era básica para el relato de crecimiento inclusivo.

Grandes instituciones financieras como JPMorgan, Citi, Bank of America y Morgan Stanley se han retirado de la Net Zero Banking Alliance, y BlackRock, Vanguard y State Street hicieron lo mismo con la Net Zero Asset Managers. La iniciativa Science Based Targets (SBTi) ha expulsado a más de 200 compañías por no cumplir sus objetivos intermedios, y el Bezos Earth Fund, su principal donante, retiró su financiación por discrepancias sobre el uso de créditos de carbono.

Lo que era un sello de calidad se ha vuelto foco de críticas y excusa para una retirada discreta, conocida como greenhushing. Además, empresas energéticas como Shell han reducido su inversión en renovables (al 8% de su Capex total), y BP ha recortado más de 5.000 millones de dólares anuales de su presupuesto verde para destinarlo a exploración de petróleo y gas.

Walmart ha reconocido que no alcanzará sus metas de emisiones para 2025 y 2030, y Meta ha prescindido del fact-checking climático. Los incentivos se han invertido, se regresa a que lo conocido parezca más rentable que aventurarse en la incertidumbre de la transición. También, se ha retrocedido en compromisos sociales (DEI).

IBM ha dejado de vincular la remuneración de sus directivos a objetivos de diversidad y Target y McDonald's han cancelado programas DEI tras una orden ejecutiva que desmonta esas políticas en la administración federal.