Hace algo más de un año desde que cayera la breve Liz Truss y el Partido Conservador británico ya no puede contener sus ansias de rebelión. Acosado por unas encuestas que siguen siendo igual de terroríficas que cuando cayó Boris Johnson, el actual primer ministro, Rishi Sunak, vuelve a jugarse el cargo este martes, en una votación impredecible sobre un proyecto de ley para deportar refugiados a Ruanda. Un proyecto al que Sunak ha atado su futuro político, y que ha levantado un fuerte rechazo a ambos lados del espectro político: un paso hacia una potencial dictadura para la izquierda y el ala más institucional del partido Tory, y un parche que no va lo suficientemente lejos para la derecha más dura.

Una de las normas de la economía es que, cuando hay más demanda de trabajadores que personas preparadas para ocupar esos puestos vacantes, la competición por atraer a los escasos empleados disponibles (o retener a los que ya están contratados) provoca subidas generalizadas de salarios y un aumento de la inflación, ya que las empresas se ven obligadas a subir los precios para compensar el aumento de sus costes. La siguiente norma es que cuando los bancos centrales suben tipos para acabar con la inflación, la economía se debe enfriar, con el inevitable y doloroso ajuste de las empresas. Durante muchos meses, el presidente de la Fed, Jerome Powell, se ha preguntado qué demonios pasa en la economía de EEUU para que se realice la mayor subida de tipos en cuarenta años y el mercado laboral aguante, con el paro en mínimos y creando puestos de trabajo. El banquero llegó a decir que era "milagroso", con lo que de paso justificaba la tozudez de la inflación. Sin embargo, con el actual descenso en los precios ya empiezan a encajar las piezas.

Con el mercado del petróleo esperando un exceso de suministro el próximo año que empujará los precios a la baja, la reunión de hoy de la OPEP era la única forma para intentar darle la vuelta a la tortilla. Arabia Saudí, el líder del cártel de productores, ha empujado a sus socios a asumir un nuevo recorte de producción con el que taponar ese exceso de oferta. Pero los mercados han dado su veredicto: no se creen que los recortes vayan a ser tales, e incluso aunque lo fueran, estos no serían suficientes. Y el petróleo lo está pagando con caídas.

A falta de once días para la toma de posesión de Javier Milei como presidente de Argentina, el libertario ha pronosticado dos años "duros" de estanflación para intentar arreglar las cuentas del país, que se tendrán que hacer con un fuerte recorte de gasto público. Y ha advertido de la necesidad de poner fin a "este jubileo irresponsable" en las cuentas estatales para evitar "una inflación del 14.400%" en los próximos años.

En 2001, una joven Patricia Bullrich, ministra de Trabajo de Argentina, defendió la ley de "déficit cero", que obligaría al Gobierno a realizar recortes de gasto proporcionales en todas las partidas (sueldos públicos, inversiones, pensiones, sanidad, educación, obras) si los ingresos fiscales del Estado se quedaban por debajo de lo presupuestado. Aquella ley, declarada inconstitucional en 2002, fue uno de los detonantes de la crisis social y económica que culminó en el corralito de aquel diciembre. Han pasado 22 años, y ahora Bullrich, excandidata presidencial derrotada en primera vuelta, es la socia de un nuevo presidente, Javier Milei, que ha anunciado que aplicará voluntariamente el espíritu de esa ley desde el mismo día de su toma de posesión, el 10 de diciembre. "Va a venir un ajuste de shock", avisó en una entrevista de televisión.