Redactor de Internacional. Aprendí a cubrir economía en Argentina, aunque mi pasión siempre ha estado en Reino Unido y EEUU, en las que me centro actualmente, porque si algo no son precisamente estos dos países es aburridos. Estudio sobre el bitcoin y el universo de ideas y fraudes que ha crecido alrededor en mis ratos libres.

La foto de Joe Biden con un megáfono en un piquete del Sindicato de Trabajadores del Motor (UAW), que ha paralizado 38 fábricas de automóviles en 20 estados, entre ellas las de ciudades clave como Detroit o Chicago, probablemente pasará a la historia. Biden, que se autodenomina el "presidente más pro-sindicatos de la historia", y que lo es por lo menos del último siglo, lleva tres años intentando reanimar a unas organizaciones que llevan décadas en declive en EEUU y que han aprovechado ese apoyo gubernamental para volver a lucir parte del músculo que tuvieron en el pasado.

A 20 días de unas elecciones presidenciales clave en Argentina, todos los candidatos parecen tener un diagnóstico claro de los problemas a los que se enfrenta la economía del país, pero ninguno sabe -o quiere decir- qué hace falta para salir del agujero en el que lleva años hundiéndose a una velocidad cada vez mayor. En el primer debate electoral ninguno de los tres grandes aspirantes quiso explicar qué soluciones plantean, mientras que los medios llevan días centrándose en un escándalo marbellí de un alto cargo peronista, que es probablemente lo último que necesitaba el Gobierno.

El grupo de diputados republicanos radicales, el llamado 'Caucus de la Libertad', ha cumplido con su amenaza. Como ya habían advertido, los 21 han tumbado el proyecto de prórroga presupuestaria presentado por su propio partido al no haberse incluido los recortes de gasto que pedían. Una decisión que aboca a EEUU a sufrir un nuevo 'cierre del Gobierno': a partir de la medianoche del sábado al domingo, la Administración federal se quedará sin fondos para pagar a los funcionarios y suspenderá los servicios no esenciales, como los parques nacionales o los museos.

Este sábado es la fecha límite para aprobar los presupuestos en EEUU. Si las dos cámaras del Congreso no llegan a tiempo, el país se dirigirá a lo que se conoce como 'cierre del Gobierno': sin presupuestos, la administración estadounidense no puede gastar dinero y tiene que mandar a todos los funcionarios no esenciales a casa. Y las señales apuntan a que la división política lleva a la administración a su enésima partida de póker con la economía del país, con unos efectos que pueden golpear de lleno hasta a la lucha de la Reserva Federal contra la inflación.

El Gobierno de Argentina está cerca de cerrar un acuerdo de 15.100 millones de dólares por la condena por daños y perjuicios a la que fue sentenciado el país en un juicio en Estados Unidos por la renacionalización en 2012 de la petrolera estatal YPF, según informan medios locales argentinos como Clarín. En aquella sentencia la juez no imponía una cantidad concreta sino que animaba a las dos partes a fijar ellas la indemnización, pero los cálculos que esbozaba apuntaban a un pago de 16.000 millones, que el Gobierno argentino solo habría querido negociar ligeramente a la baja.

Dos años después de que terminara la fase más aguda de la pandemia de covid, todos los espacios han vuelto a abrirse, las mascarillas han desaparecido y las restricciones se han acabado. Pero hay un 'efecto secundario' del virus que sigue afectando de lleno a la economía de Reino Unido, especialmente a Londres: el teletrabajo. Pese a los intentos del Gobierno conservador y de varios periódicos de empujar a los trabajadores a volver a las oficinas, las cifras apuntan a que la caída en el número de trabajadores presenciales sigue afectando a la actividad en la zona de oficinas, la 'City', golpeando de lleno a los locales de sándwiches y poniendo en duda el futuro de las grandes sedes de empresas.

Argentina sigue aún pagando los costes de la decisión de renacionalizar la petrolera YPF en 2012. Un tribunal de EEUU ha condenado al país a pagar unos 16.000 millones de dólares, la cifra más alta que pedían los demandantes, por haber expropiado de manera indebida las acciones de YPF que pertenecían a Repsol y al grupo Eskenazi. El beneficiario será el fondo Burford Capital, que compró los derechos de reclamación judicial por la expropiación, y las dos empresas españolas de los banqueros argentinos Eskenazi que aspiran a salir de la suspensión de pagos a la que les llevó la nacionalización.

Argentina es un país que vive y respira en dólares desde hace un siglo. Las compraventas de casas, negocios y coches se hacen en dólares. Los precios de prácticamente todo se ajustan regularmente según suba el precio del dólar. En casi cada calle de Buenos Aires hay algún local del mercado negro que ofrece cambio de divisas, y en las grandes calles turísticas, los llamados "arbolitos" ofrecen, a grito pelado, cambiar dólares por pesos en medio de la acera. Hasta los McDonald's informan a sus clientes de que, si les apetece, pueden pagar sus hamburguesas con billetes de dólar, que los aceptarán encantados. El gran problema de Argentina es que su banco central no emite dólares, sino una moneda, el peso, que nadie quiere. Pero cortar definitivamente esa relación no deseada para pasarse al dólar es un gran riesgo para un país que ya sufre de grandes problemas económicos.

Cuando Reino Unido entraba en el último curso político antes de las elecciones (que serán probablemente en el próximo verano u otoño), el primer ministro, Rishi Sunak, se ha encontrado con un nuevo escándalo en la 'vuelta al cole': centenares de escuelas e institutos corren el riesgo de derrumbarse "sin aviso previo". Y lo que es peor, el Gobierno, cuando Sunak era ministro de Hacienda, lleva años negándose a dar los fondos necesarios para reconstruir todos esos colegios antes de que fuera demasiado tarde.

EEUU se dirige a la segunda gran batalla fiscal del año. La fecha límite para aprobar los presupuestos de EEUU es el 1 de octubre y todavía no se han tramitado ninguna de las 12 leyes que componen el paquete de gasto ordinario, por lo que el presidente, Joe Biden, ha pedido oficialmente este jueves aprobar una prórroga temporal de las cuentas del año pasado. Una petición que va a desatar una batalla entre los diputados republicanos en la Cámara de Representantes.