Argentina sigue aún pagando los costes de la decisión de renacionalizar la petrolera YPF en 2012. Un tribunal de EEUU ha condenado al país a pagar unos 16.000 millones de dólares, la cifra más alta que pedían los demandantes, por haber expropiado de manera indebida las acciones de YPF que pertenecían a Repsol y al grupo Eskenazi. El beneficiario será el fondo Burford Capital, que compró los derechos de reclamación judicial por la expropiación, y las dos empresas españolas de los banqueros argentinos Eskenazi que aspiran a salir de la suspensión de pagos a la que les llevó la nacionalización.
La demanda fue interpuesta precisamente por esas dos socias de Repsol, Petersen Energía y Petersen Energía Inversora, que se encuentran en concurso de acreedores con una deuda de 2.000 millones de euros desde 2012. Argentina había calculado que, en el mejor de los casos, tendría que pagar 5.000 millones de dólares, contando la caída de valor desde el día en que el Congreso autorizó la renacionalización, el 7 de mayo de 2012, a un 0% de interés. Sin embargo, la jueza ordenó situar la fecha de inicio el 16 de abril, cuando el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner intervino la empresa, lo que supone valorar el precio inicial de las acciones un 25% más alto. Y, por si fuera poco, añadió un interés del 8%, triplicando la factura que calculaba el Gobierno.
Ese interés, explicó la jueza, se basa en el 8% que le pagó de interés a Repsol como compensación por la expropiación de la firma en aquel momento, que se saldó con un pago de 5.000 millones de dólares. A día de hoy, YPF está valorada en poco más de esos 5.000 millones, al tipo de cambio del mercado negro de divisas en Argentina.
De todas formas, la jueza ha abierto la puerta a que ambas partes negocien una cantidad diferentes, lo que significa que el caso puede alargase muchos años más. Por el momento, el Gobierno argentino ha anunciado que recurrirá la sentencia, lo que añade una nueva 'espada de Damocles' financiera sobre el próximo Ejecutivo que salga de las elecciones de octubre.
Una expropiación polémica
YPF fue privatizada en 1992 por el presidente Carlos Menem, como parte de un programa de liberalización económica que incluía una dolarización del país. Repsol fue el comprador, y la firma española cambió su nombre y se comprometió a invertir en la empresa argentina.
Fue precisamente esa promesa la que esgrimió el ministro de Economía de Kirchner y actual gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, cuando ordenó la intervención de la firma 20 años después. La propia jueza señala en su sentencia que Kicillof dijo, en el discurso en el que nombró a administradores especiales para reemplazar a la dirección nombrada por Repsol, que la expropiación se haría sin respetar los estatutos de la petrolera porque "sería estúpido cumplir la ley de YPF". El Congreso tardó un mes en regularizar el 'asalto' a la firma.