La revocación de la suspensión de la pena privativa de libertad no puede caer en automatismos. Y así lo establece el Tribunal Constitucional en sus resoluciones, subrayando la necesidad de un análisis individualizado y motivado en cada caso.

En el ámbito de los métodos alternativos de resolución de conflictos, la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia ha sido ampliamente reconocida por la regulación de la mediación en el ámbito civil y mercantil como requisito general de procedibilidad para iniciar un procedimiento judicial.

Los actos post-delictivos tienen una gran relevancia en la determinación de la pena. La circunstancia atenuante de confesión (art. 21.4 CP), la de reparación del daño (art. 21.5 CP) o la aplicación de la analógica (art. 21.7 CP) respecto de las anteriores son ejemplos de cómo nuestro ordenamiento jurídico premia aquellas conductas que lleva a cabo el sujeto tras la comisión del hecho típicamente antijurídico y que están encaminadas a colaborar con la justicia y mostrar un arrepentimiento.

Hace unos meses, compartía en este medio unas notas sobre “el principio de inmediación penal: límites y desafíos en la práctica jurídica”, acercando al lector cómo este principio tiene una clara implicación en la configuración del sistema de recursos, con especial alusión a la STC 167/2002, de 18 de septiembre, así como a la reforma de 2015 de la LECrim.