Pocas dudas hay al respecto ante la falta de interlocutores con el Govern catalán. A estas alturas, el Gobierno de España da por amortizado a Carles Puigdemont, mientras Junqueras va sumando puntos para convertirse en irrelevante, aunque todavía guarda opciones -constantan desde el Partido Popular-. Un PSOE desorientado empieza a ver con buenos ojos el artículo 155.
Una declaración unilateral de independencia (o DUI) impulsada por el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, el resto de miembros de su Gobierno y de la mayoría independentista del Parlamento de Cataluña activaría de forma instantánea la respuesta de la Fiscalía.
En un escenario en el que la calle ha tomado el mando y el movimiento independentista ha virado hacia lo revolucionario, no parece que Carles Puigdemont pueda demorar mucho más la declaración unilateral de independencia (o DUI). Si, como afirmó el lunes el president, el 1-O es perfectamente válido y la victoria del sí es rotunda -obtuvo el 90% de votos a favor-, la única explicación para que se esté retrasando la presentación de los resultados en el Parlament es el vértigo al día después.
La cuestión ya no es si la situación actual cumple el presupuesto de hecho que habilita la aplicación del artículo 155 de la Constitución. Ese debate, más técnico o jurídico, está superado desde hace semanas cuando el Parlament decidió aprobar la Ley del Referéndum y de la Ley de Transitoriedad, desobedeciendo las resoluciones previas del Tribunal Constitucional que advertían de su contradicción con la Carta Magna y el ordenamiento, y cuando la Generalitat procedió a ejecutarlas ignorando conscientemente la posterior suspensión de las mismas. La explicación de lo que a día de hoy frena la invocación del 155 se encuentra en el terreno de la oportunidad política y en la necesidad de que una medida coercitiva de tanto impacto contra una Administración que tiene el peso político, económico, social e histórico de la Generlitat -elementos que también entran en juego, no lo olvidemos- vaya respaldada por la máxima legitimidad.
La ya de por sí difícil negociación de los Presupuestos con el PNV va a resultarle al Gobierno aún más complicada tras los incidentes violentos ocurridos en Cataluña a lo largo de la jornada de ayer. El PNV, que había amenazado con retirarle su apoyo si se daba una respuesta "exacerbada" al desafío independentista, criticó ayer que la "violencia" haya sido la respuesta dada por el Estado a la "demanda política y democrática del pueblo catalán". El pulso del independentismo amenaza con hacer derrapar a la economía española y catalana.
El PSOE descarta la invitación de Iglesias de "mandar a Rajoy a la oposición"
El Govern de la Generalitat ha llamado a los ciudadanos a las urnas para votar mañana, 1 de octubre, sobre una hipotética independencia de Cataluña. Un referéndum ilegal, tramitado a espaldas de los partidos de la oposición y que divide profundamente a una sociedad que, según las encuestas, no se decanta mayoritariamente ni por la permanencia ni por la salida. La tercera opción, la intermedia, que pide un encaje diferente de aquella comunidad en España, no está llamada a pronunciarse en la votación de mañana, y aguarda al día 2, lunes, para desempolvar posibles soluciones a un conflicto enquistado que amenaza la convivencia entre los catalanes y el resto de españoles dentro y fuera de la propia Cataluña.
El conflicto catalán ha eclipsado de tal modo la actividad política que a penas deja margen para hablar de corrupción. Sin embargo, en el Congreso avanza la tramitación de la Ley Integral contra la Corrupción, una norma que, según prevén PP y PSOE, estará aprobada en el primer semestre de 2018.
Los expertos reclaman que se regule la figura del responsable de cumplimiento o compliance officer -figura encargada de la vigilancia y control de los programas de cumplimiento normativo y la prevención de delitos en las empresas e instituciones- y ponen como modelo de la protección que se le debe brindar, dado su papel dentro de las organizaciones, la normativa del delegado de protección de datos -DPO, por sus siglas en inglés-.
El Reglamento General de Protección de Datos, que será de plena aplicación en mayo de 2018, no sólo establece un marco reforzado de protección de la privacidad, sino que también delimita unas reglas de juego claras para el desarrollo de los negocios que se basen -o se apoyen- en el tratamiento de datos. Precisamente, cómo convertir esa información en oportunidades de crecimiento y desarrollo del negocio fue el hilo conductor de las ponencias que se desarrollaron en el Chief Data Officer Day celebrado ayer en Madrid.