Las imágenes de los disturbios en Barcelona dan la vuelta al mundo. Los enfrentamientos con la Policía que dejaron cientos de heridos, en su mayoría leves, era lo que había que evitar a toda costa. Pero fue imposible y se convertirá en una losa difícil de superar para el Gobierno en los próximos meses. Grupos proindependencia y sindicatos convocan una huelga general.
El pulso que el independentismo mantiene con el Estado y que vivió ayer, durante la celebración del referéndum ilegal, su momento álgido, amenaza con hacer derrapar la economía catalana, y por ende, a la de todo el país. El riesgo de ruptura de España y de inestabilidad llega en un momento en que aún no se han cerrado las heridas de la crisis. Con una tasa de desempleo entre las más altas de Europa y el procedimiento por déficit excesivo abierto, los sucesos de Barcelona sembrará la desconfianza y retraerá las inversiones.
Algunos expertos ya hablan de que antes del verano hemos vivido el pico del crecimiento español y que a partir de este momento comenzará a languidecer hasta tasa del 2%.
El PIB ya lo nota: según los datos del Banco de España, el avance se frenó una décima durante el tercer trimestre y fue del 0,8% frente al 0,9% precedente. Y más adelante, si Carles Puigdemont opta por declarar unilateralmente la independencia, las consecuencias pueden ser más graves.
Lo advirtió ya hace dos días la agencia de calificación Standard& Poor's, quien no revisó al alza la calificación soberana de nuestro país precisamente por las tensiones con Cataluña. Y también Goldman Sachs, quien apostó esta semana por ceder más autonomía a Cataluña y partir del año 2010, cuando el Tribunal Constitucional se pronunció sobre la reforma del Estatut.
También el Banco de España, el pasado viernes, advirtió de los efectos que el conflicto entre el Gobierno y los independentistas podría provocar. Y por último está la Autoridad Fiscal, AIReF, que sin entrar a valorar los acontecimientos políticos ve el PIB del cuarto trimestre, que acaba de comenzar, por debajo del 0,7%, su nivel más moderado en dos años.
Una jornada muy complicada
Y es que el Govern, decidido a mantener el pulso hasta el último minuto, anunció a menos de una hora de la apertura de los colegios que habría censo único, de forma que los ciudadanos podrían depositar su papeleta en cualquier centro, en previsión de las actuaciones policiales para requisar el material electoral y cerrar colegios. El portavoz del Ejecutivo catalán agregó que se podría votar con la papeleta doblada -incluso impresa en casa si era el modelo oficial-, debido a la falta de sobres.
Con estas modificaciones autoinmolaban cualquier garantía que pudiese quedar para la convocatoria declarada ilegal por los tribunales, lo que se había traducido en las últimas semanas en incautaciones de material electoral y en la inutilización de cualquier infraestructura telemática vinculada con el 1-O.
El funcionamiento intermitente durante el domingo del sistema informático para consultar el censo hizo que algunas mesas -que se constituyeron con voluntarios- aceptasen sufragios con registro manual, con lo que no podían comprobar si alguien votaba más de una vez acudiendo a varios centros. Asimismo, el líder del PP catalán, Xavier García Albiol, afirmó que había votado gente que no figuraba en el censo. El caos se apoderó de numerosos colegios. El Govern presumió de abrir el 96 por ciento de los mismos, y el Ministerio de Interior, de cerrar más de 300 gracias a la intervención de las Fuerzas de Seguridad. Intervenciones que, por su crudeza, se trasladaron con rapidez por las redacciones de España, Europa y hasta de EEUU, donde CNN llegó a abrir su web con una imagen de la actuación policial y el titular La vergüenza de Europa. Así lo recoge la prensa internacional.
Por su parte, diversos juzgados catalanes abrieron diligencias previas de oficio o tras recibir denuncias contra los Mossos de Esquadra por "no actuar" en colegios electorales abiertos, y por la orden de no utilización de centros públicos para el referéndum emitida por el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC). Por contra, la Generalitat denunció las actuaciones de la Policía y la Guardia Civil.
Los Mossos de Esquadra habían previsto instrucciones para precintar los colegios hacia las 6.00 de la mañana, pero sin utilizar la fuerza. A la hora de la verdad, como adelantó elEconomista, dejaron en manos de la Policía Nacional y la Guardia Civil el peso de las incautaciones y cierres, ya que desistieron de actuar en la mayoría de centros para evitar enfrentamientos.
A las nueve de la mañana, el presidente de la Assemblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Sánchez, tuiteó: "Recordad, haced vídeos y que circulen cuando la policía española actúe. Su derrota es su violencia. Nosotros a votar". Y las fotografías y vídeos de las cargas policiales y de ciudadanos heridos corrieron por las redes sociales y los medios de comunicación nacionales e internacionales, mientras que el Ministerio del Interior se defendió mostrando vídeos de ciudadanos acorralando y agrediendo a policías y guardias civiles. Por la tarde, algunos centros electorales montaron barricadas para evitar que la policía pudiese requisar las urnas llenas de votos, informó Efe.
Turull avanzó que la Generalitat acudirá a la UE para que sancione a España por las cargas policiales -de las que reprochó que en algunas se utilizaron pelotas de goma y gases lacrimógenos-; sostuvo que el Estado español "es la vergüenza de Europa", y que "deberá acabar respondiendo ante los tribunales internacionales".
El Ayuntamiento de Barcelona también estudia presentar una querella criminal por vulneración de derechos humanos. La tensión en las calles llegó hasta el deporte y llevó al FC Barcelona a decidir celebrar el partido contra el Las Palmas a las 16 horas a puerta cerrada, ante el temor a altercados en el Camp Nou.
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