El Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) cambia el paradigma en materia de privacidad. Del tradicional listado de obligaciones que la empresa simplemente debe comprobar que cumple, se pasa al criterio de la auto-responsabilidad. Así, el responsable del tratamiento de datos deberá analizar qué tipo de datos y procesos lleva a cabo para, en consecuencia, adoptar las medidas de seguridad necesarias.
El Ministerio de Justicia y la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) siguen sin dar ninguna pista sobre el contenido de la nueva Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD). Su primer borrador, si se cumplen -esta vez sí- las previsiones, verá la luz en las próximas semanas. Mientras, empresas y profesionales aguardan con impaciencia cómo se concretarán algunos aspectos que el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), que será de plena aplicación en mayo de 2018, cuya aplicación práctica requiere definir o precisar.
El sector jurídico no escapa a la creciente digitalización que invade todos los ámbitos de la economía. Cada vez son más los españoles que, cuando tienen un problema legal, buscan en Internet cómo resolverlo. Ello no quiere decir que se haya dejado de confiar en los abogados, ni mucho menos, pero sí muestra que existe una demanda creciente de servicios jurídicos a través de la red.
El sector jurídico no escapa a la creciente digitalización que invade todos los ámbitos de la economía. Cada vez son más los españoles que, cuando tienen un problema legal, buscan en Internet cómo resolverlo. Ello no quiere decir que se haya dejado de confiar en los abogados, ni mucho menos, pero sí muestra que existe una demanda creciente de servicios jurídicos a través de la red.
La Fiscalía General del Estado quiere acabar con uno de los problemas en los procesos que tienen su origen en un delito descubierto por una intervención de comunicaciones en otro procedimiento -y en el que se investigaba otro delito-: la absolución de los acusados por la imposibilidad de demostrar que la escucha fue realizada de forma legal. Cuando tal intervención es la prueba sobre la que se sustenta la acusación, su anulación impide la condena.
Los delitos cometidos por un empleado contra la privacidad de los datos personales y contra la seguridad de los sistemas de información pueden generar responsabilidad penal de la empresa para la que trabaje, si ésta no ha adoptado las medidas de prevención necesarias para evitar su comisión.
Hoy entra en vigor el plan urgente aprobado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para hacer frente a la más que previsible avalancha de litigios relacionados con las cláusulas suelo de las hipotecas. Y lo hace las acusaciones de mala planificación y previsión de medios materiales y humanos, y los augurios de que se producirá el colapso de los 54 juzgados de Primera Instancia especializados -uno por provincia en la península y uno en cada una de las principales islas de Canarias y Baleares-.
La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) lanzará antes de verano una herramienta para que las pymes que realicen tratamientos de datos de bajo riesgo obtengan gratuitamente la documentación que les permita acreditar que cumplen con las exigencias del Reglamento General de Protección de Datos -que será de plena aplicación el 25 de mayo de 2018-. La aplicación, a la que podrá accederse a través de la web del organismo, se encuentra en fase de pruebas.
Dentro de un año, el 25 de mayo de 2018, será de plena aplicación el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), una norma europea que revoluciona la concepción de la privacidad, y que eleva las exigencias a las empresas y a las Administraciones que lleven a cabo tratamiento de datos personales. Asimismo, España deberá aprobar una nueva Ley Orgánicas de Protección de Datos -la previsión es que se apruebe coincidiendo con la fecha de vigencia del RGPD-, así como adaptar el resto de normativa que pueda verse afectada.
La Inspección de Trabajo ha puesto fin a la incertidumbre: no habrá sanciones para las empresas que no tengan un registro diario de la jornada de trabajo de sus empleados. El organismo ha difundido entre sus empleados la Instrucción 1/2017, cuyo contenido avanza elEconomista, que determina que la falta de este control horario "no es constitutiva, en cuanto tal, de una infracción del orden social".