No es en absoluto exagerado afirmar que, a pesar de que aún queda algo menos de un año para su plena aplicación, la adaptación al Reglamento General de Protección de Datos (RGDP) ha entrado en su cuenta atrás. Las exigencias técnicas y organizativas que introduce no pueden implementarse de un día para otro y, a partir del 25 de mayo de 2018, los incumplimientos se penalizarán de acuerdo al nuevo régimen de sanciones -que pueden alcanzar los 20 millones de euros o el 4 por ciento del volumen del negocio anual-.

La posibilidad de que los responsables de cumplimiento o compliance officers puedan verse salpicados, a título individual, por los delitos cometidos en el seno de la empresa, es una de las grandes preocupaciones de los profesionales del sector. La cuestión está suscitando un amplio debate doctrinal y será, sin duda, uno de los elementos que la jurisprudencia deberá clarificar.

El Tribunal Supremo (TS) admite que, en el ejercicio del derecho de rectificación, puedan incluirse opiniones o juicios de valor. Así lo determina en una sentencia del Pleno de la Sala de lo Civil del 14 de junio, en la que razona que es necesario "un juicio de ponderación entre los derechos en conflicto y una valoración del contexto" para reducir un escrito de rectificación por no referirse exclusivamente a hechos. Así, deberán valorarse la relevancia o el peso de las palabras, frases o párrafos cuestionados el conjunto del escrito.

El presidente de la Audiencia Nacional, José Ramón Navarro, es partidario de que pueda examinarse la eficacia del programa de prevención de delitos -o programa de compliance- de las personas jurídicas durante la fase de instrucción y, en caso de apreciar su idoneidad, el instructor pueda levantar la imputación. "Para una empresa, seguir la tendencia que tienen muchos jueces de que la prueba se realice en el acto del juicio supone una carga reputacional gravísima", manifestó en unas jornadas organizadas por Lefebvre-El Derecho y el CEF.

En España, sólo dos organizaciones están obligadas a tener un programa de prevención de delitos -o programa de compliance-: los partidos políticos, en virtud del artículo 9 bis de la Ley de Partidos Políticos, y los clubes de fútbol. Los Estatutos de La Liga de Fútbol Profesional -artículo 55.19- establecen como requisito de inscripción en la misma la adopción y ejecución "con eficacia" de modelos de organización y gestión que incluyan medidas de vigilancia y control "idóneas" para prevenir la comisión de delitos o reducir significativamente el riesgo de su comisión. | Más noticias en el suplemento gratuito elEconomista Buen Gobierno y RSC.